Las dos primeras semanas del juicio por el caso eólico han dejado en la Audiencia de Las Palmas corrupción, confesiones impagables y, sobre todo, un pulso enorme entre el magistrado Pedro Herrera y tres de los seis acusados: el abogado Alfredo Briganty, el exdirector general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo, y la pareja de éste, Mónica Quintana.
Briganty, en una maniobra sin precedentes entre los más viejos del lugar, bloqueó el pasado día 13 la constitución del jurado con su incomparecencia, hasta que fue detenido en Marbella al día siguiente por orden del juez; Perdomo y Quintana llegaron tarde a los primeros interrogatorios, tambaleándose incluso, con aspecto de haber pasado la peor de las noches. La culpa fue del alprazolam y del lorazepam, medicación que toman para sobrellevar la situación. Esa mañana, según la defensa, se quedaron dormidos.
Y es que la primera sesión del juicio, celebrada el pasado martes tras los alegatos iniciales del lunes, ha colocado a Perdomo y Quintana a los pies de la Fiscalía Anticorrupción, pues los letrados del resto de acusados, incluido el rebelde de Marbella, revelaron que sus clientes reconocían las sobornos pagados en Industria al alto cargo del PP, todo con la finalidad de asegurarse la adjudicación de potencia eólica en el concurso de 2004.
Sálvese quien puede
Esa confesión en bloque descolocó a Perdomo y a Quintana, sobre todo por la parte que le toca a Briganty, quien, tras su viaje a un hotel de Marbella por motivos profesionales "inexcusables", enterró el hacha de guerra y admitió el delito de cohecho que ha negado durante estos 13 años de procedimiento penal.
Algunos dicen que Perdomo llamó a Briganty varias veces en la madrugada del lunes al martes para reprocharle el cambio de postura y buscar un acuerdo a la desesperada, pero ni el magistrado Herrera ni el fiscal Luis del Río estaban esa mañana para acuerdos en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.
El retraso de Perdomo y de Quintana -él se enfrenta a siete años de cárcel y ella a tres años y medio de prisión- disparó la inquietud entre público, abogados, funcionarios y periodistas, al menos hasta la aclaración de que no estaban fugados ni les había ocurrido nada, sino que se quedaron dormidos debido a la medicación tomada por la noche.
El magistrado, con todo, movilizó a la Policía Judicial por si era necesaria otra orden de detención para garantizar la continuidad de un juicio que parecía imposible de celebrar. Eran las 10.30 horas y todo se volvía a poner en contra del tribunal, con dos sesiones perdidas por la inasistencia de Briganty el pasado día 13.
No hizo falta arrestar a nadie porque la pareja apareció poco después del receso acordado por el juez. Mónica Quintana, más entera que Perdomo, se disculpó ante sus compañeros de banquillo. "Lo siento, lo siento, nos quedamos dormidos".
Los letrados pidieron unos minutos al magistrado y se reunieron en el pasillo de la Torre 3 con ambos. Era el último mixto, la última oportunidad de sumarse al tren del arrepentimiento, el momento decisivo para hacerle un guiño a Luis del Río y abrir la puerta a una rebaja de las penas reclamadas por el ministerio público.
La confesión de Perdomo y Quintana cobró fuerza cuando Briganty renunció a la teoría de la conspiración y los dejó solos ante la Fiscalía, el Gobierno de Canarias y la empresa Clean Electric, pero ninguno capituló ante las acusaciones. "No estamos en condiciones de prestar declaración", respondieron al inicio de cada interrogatorio, con la intención de forzar la suspensión de la sesión.
El juez concluyó que ambos se acogían a su derecho a no declarar; el fiscal dejó constancia de sus preguntas y luego pidió la reproducción de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía, casi un centenar de escuchas con los acuerdos entre Perdomo y el funcionario Honorato López para favorecer a los empresarios a cambio de comisiones.
La evidencia delictiva de esas conversaciones, con frases como "te he colocado 30.000 euros por la patilla", "estás ganando pastita o "hay que meterle mano a la mesa de contratación para llevarnos 80 kilos", fue corroborada, además, por las confesiones posteriores del funcionario López, del abogado Briganty y de los empresarios Enrique Guzmán e Ignacio Esquivel. Todos admitieron los hechos que han negado durante la instrucción del magistrado Miguel Ángel Parramón.
Guzmán, que representaba al grupo Hidrocantábrico, reconoció que la pareja de Perdomo abrió una cuenta en el Fortis Bank, con sede en Luxemburgo, donde ingresó 14.000 y 9.000 euros, todo a cambio del borrador del concurso que se iba a convocar y de una relación de terrenos aptos para montar los parques eólicos.
Después, tras el cese de Perdomo por la salida del PP del Gobierno de Canarias, éste contactó con López, que era jefe de área en Industria, con quien pactó de entrada comisiones de dos millones de pesetas, de otros cuatro millones por el informe favorable a su proyecto, y de un millón por cada megavatio de potencia adjudicado.
Lo mismo hicieron López y Perdomo con Esquivel, para quien trabajaba Briganty como secretario jurídico del consejo de administración de su compañía. En este caso el acuerdo fue de dos millones por empezar a negociar y de cinco millones de pesetas por cada megavatio asignado.
"Con todo lo que he sufrido, claro que estoy arrepentido", declaró Briganty en el juicio. "Pagué las reformas en la casa de Perdomo para que me ayudara en el concurso", añadió Esquivel. Esas obras de albañilería costaron de 12.700 euros.
Los cuatro arrepentidos afrontan penas que van desde el año y medio de cárcel hasta los dos años por cohecho, así como multas máximas de 200.000 euros. Estas peticiones de condena, sin embargo, pueden verse reducidas gracias a las confesiones y la colaboración con el tribunal. El juicio se reanuda este martes con testigos como Luis Soria, consejero de Industria en la legislatura investigada.
