Dudas, precaución y acierto. La reacción de los grupos parlamentarios a la decisión del administrador único de RTVC, José Carlos Naranjo Sintes, de asumir la gestión directa de los informativos por el vencimiento del contrato que tiene la prestataria actual de este servicio, Videoreport, ysubrogar la plantilla de la empresa privada es muy variopinta. La posición de Nueva Canarias (NC), que puso en duda la legalidad de la opción adoptada por Naranjo Sintes, fue, en cualquier caso, la más contundente.

"Tengo dudas de la legalidad y de la idoneidad de esas medidas", señaló la diputada de NC, Esther González, quien apuntó que no puede haber ninguna subrogación, sino una contratación temporal. De no ser así, sostuvo, "es meter por la puerta de atrás a un montón de trabajadores en el sector público". González agregó, a su vez, que no puede darse la subrogación porque la adjudicataria actual no ha cometido ningún incumplimiento, tal y como está estipulado. Criticó, a su vez, que el Consejo de Gobierno se reuniera de forma extraordinaria para apoyar al administrador único de RTVC, un gesto que González interpretó como un modo de "pasarle la mano por encima" a Naranjo Sintes.

Más precavida se mostró Luz Reverón, parlamentaria del PP, que no quiso decir si la solución dada a la situación del ente público es o no la más idónea porque desconoce el contenido del informe jurídico que sustenta la decisión adoptada por el administrador único.

PSOE y Podemos, por su parte, recibieron con satisfacción la subrogación de las más de 200 que trabajan en Videoreport porque ambos partidos defienden la titularidad pública de los servicios informativos. Eso sí, tanto los socialistas como la formación morada lamentaron que se dejen en el limbo a los 90 empleados subcontratados -que llevan a cabo su labor en las islas no capitalinas y en el sur de Gran Canaria y Tenerife-, por lo que reclamaron una solución a su situación.

El portavoz de CC, José Miguel Ruano, indicó, por su parte, que la "decisión transitoria" adoptada por Naranjo Sintes es "positiva" como "medida de emergencia". Ruano indicó, asimismo, que aún hay otras cuestiones pendientes de resolución vinculadas a las instalaciones y a los equipamientos necesarios para la prestación del servicio público. El presidente de ASG, Casimiro Curbelo, defendió, por su parte, que toda decisión que garantice ese servicio público y los puestos de trabajo es "excepcional". La medida adoptada por Naranjo Sintes no tendrá, a su juicio, "un coste extraordinario".