Los municipios más habitados y más turísticos de Canarias están afectados directamente por la vulneración del principio de jerarquía en las policías locales y que la Asociación de Mandos Intermedios del cuerpo ha recurrido ante el Parlamento Europeo. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, San Bartolomé de Tirajana, Adeje o Mogán son algunos de los ayuntamientos en los que concurren varios efectivos de la escala superior que pueden optar a ser el comisario principal del cuerpo, frente a lo habitual en otras comunidades autónomas y en el Estado, es decir, que sea el mando de superior categoría el que asuma la jefatura.
Además de estos municipios otros como Gáldar, Arrecife y Santa Lucía también cuentan con comisarios y subcomisarios. Telde, pese a ser el cuarto municipio más habitado de Canarias, tiene como jefe de la Policía Local a un inspector por el estancamiento que sufre desde hace años la promoción interna y la convocatoria de nuevas plazas por parte de la Corporación municipal.
La polémica en torno a los nombramientos de los mandos de las policías locales surgió a raíz de la reciente sentencia judicial que anuló la designación del comisario principal de la Policía Local de la capital grancanaria, como consecuencia de la demanda interpuesta por otros comisarios del cuerpo contrarios a la decisión del Ayuntamiento y solicitando un concurso.
Esta situación ha disparado la inseguridad e incertidumbre en las policías locales de las Islas, sobre todo en aquellos municipios donde concurren varios mandos de la escala superior ya que este caso abre la vía para posible recursos si se dan las mismas circunstancias, generando un problema en la operatividad y funcionamiento del cuerpo, además de conflictos personales y profesionales y desorganización.
La disparidad de municipios que existe en Canarias, muchos de ellos pequeños y de características diferentes, provoca que esta situación afecte a los más habitados y los turísticos porque cuentan con efectivos y mandos suficientes para que haya varios miembros de la escala superior que se pueden ver perjudicados por una ley -la 9/2012 de modificación del Estatuto Profesional de los cuerpos de policías- que se aprobó sin apenas publicidad e información y que, seis años después, es esgrimida para cuestionar los nombramientos de los jefes del cuerpo por parte de los ayuntamientos.
Pregunta parlamentaria
En el último pleno del Parlamento la diputada de Podemos Concepción Monzón preguntó por esta situación a la consejera de Política Territorial y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que afirmó desconocer la demanda presentada por el colectivo de mandos intermedios ante el Parlamento Europeo y que, si es verdad que se vulnera el principio de jerarquía, se encargará un informe jurídico y se modificará este precepto cuando la Cámara reforme la ley de coordinación de las policías locales de Canarias, un proyecto que está en el Parlamento pero que se enfrenta a importantes problemas debido al enfrentamiento entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y los sindicatos.
La respuesta de Barreto no ha satisfecho las expectativas de los demandantes, que han presentado un escrito ante el Parlamento canario en el que se solicita a su presidenta, Carolina Darias, que la Cámara encargue un informe jurídico al Consejo Consultivo de Canarias para que se pronuncie sobre la posible ilegalidad de la ley de 2012 y que después sea el Parlamento el que modifique la misma y se vuelva a la redacción original de la norma de 1997.
El presidente de la Asociación de Mandos Intermedios de Policías Locales de Canarias, José Carmelo García Pérez, critica el desconocimiento por parte de la consejera de esta situación y no sólo se ha dirigido a la Mesa del Parlamento, sino que ha enviado otro escrito al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, con la grabación de la intervención de Barreto en el pleno, para denunciar la negativa del Ejecutivo a corregir lo que considera una violación de la Directiva comunitaria 2000/78 y la ley de cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que dejan claro el principio de jerarquía que rige en los diferentes cuerpos policiales y que en Canarias no se está cumpliendo.
