Que unas 27.000 familias puedan o no cobrar la ayuda extraordinaria de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) depende de que los partidos sean capaces de llegar a un acuerdo en el Parlamento para la aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año. Y también será condición sine qua non que prospere la nueva Ley de servicios sociales, cuya tramitación está en fase parlamentaria después de que el Gobierno regional enviase a la Cámara el proyecto de ley a finales del año pasado.
La Mesa de Concertación Social, el órgano en que se intentan armonizar los intereses de patronal y sindicatos bajo la mirada del Ejecutivo autonómico, aprobó ayer por unanimidad la propuesta presentada por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, para que pueda incrementarse el número de beneficiarios de la PCI. La idea en el Departamento que dirige Valido es que las familias sin ingresos y con menores a su cargo puedan cobrar esta ayuda extraordinaria -básicamente es un subsidio para cubrir las necesidades más elementales pero que incluye acciones para facilitar a los beneficiarios la búsqueda de un empleo- por tiempo indefinido y no con el límite actual de dos años. Además, la nueva normativa hará posible que también puedan recibir la PCI personas que hasta ahora no lo hacen, como, por ejemplo, los mayores de 65 años que aún no pueden tramitar el cobro de una pensión y los estudiantes mayores de 18 y menores de 25 que viven en hogares sin ingreso alguno.
El Gobierno canario calcula que una vez esté en vigor la nueva normativa, las alrededor de 13.000 familias que actualmente se benefician de la prestación sean tres veces más, unos 40.000 hogares, en los próximos años. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en la Mesa de Concertación Social, que se reunió en la sede de la Presidencia del Gobierno regional en Santa Cruz de Tenerife, quedará en una mera declaración de intenciones si la Consejería de Hacienda no consigue en el Parlamento los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos de 2019 y también si no prospera la Ley de servicios sociales. Es decir, será imprescindible que los partidos logren un acuerdo en la Cámara para que ambos textos lleguen a feliz término. De no darse las dos condiciones, esas alrededor de 27.000 familias en dificultades que progresivamente se irían incorporando a los beneficiarios de la PCI no recibirían esos ingresos.
"Confío en que los grupos políticos entiendan la apuesta enorme que estamos haciendo por las personas más vulnerables y que son muchas familias las que van a ver mejorada su situación", expuso la consejera de Políticas Sociales tras finalizar la reunión. No en vano, subrayó Valido, la puesta en práctica de la nueva PCI requiere más dinero y más personal.
En cuanto al dinero, los 52 millones de euros que se destinan actualmente para la prestación llegarían a 131 millones en 2023, pero ya serían necesarios 20 más, hasta 72 millones, el próximo año. De ahí que si no hubiera nuevos presupuestos, no podrían empezar a aplicarse los cambios en 2019. Y, además, la Ley de servicios sociales es igualmente imprescindible porque define el marco jurídico que permitirá aumentar el personal del área -la mayor demanda obliga a contratar más empleados públicos para tramitar la solicitudes- tanto en los ayuntamientos como en el Ejecutivo, ya que la gestión de la PCI es responsabilidad de ambos ámbitos.
