La inmigración no ha escapado a la dinámica electoral en la que está inmersa la clase política española. Tampoco en Canarias, donde el repunte en la llegada de inmigrantes se ha convertido igualmente en un arma arrojadiza entre partidos. La atención a los irregulares, que llegan desde agosto pasado en número creciente, ha acusado aún más la confrontación que protagonizan los Gobiernos autonómico y estatal a cuenta de las inversiones en las Islas. ¿Cuánta razón avala las posiciones de uno y otro?
El Ejecutivo canario habla de falta de apoyo estatal para afrontar la situación que vive en concreto Lanzarote, desbordada por el número de menores que se ha visto obligada a acoger de golpe. También sostiene que no se atienden sus demandas de coordinar políticas y recursos y ha cuestionado el correcto funcionamiento del sistema de vigilancia (SIVE). La nula receptividad mostrada por el presidente Pedro Sánchez para tratar este asunto en su última visita a Lanzarote echó aún más leña al fuego de las tensiones entre PSOE y CC. Y ha terminado por empantanar el consenso en torno a la política migratoria la insatisfactoria respuesta de los ministros de Defensa e Interior a las llamadas de Fernando Clavijo para reconducir posiciones.
El Estado, por su parte, no considera que la situación de la inmigración en las Islas sea tan alarmante y minimiza incluso los riesgos de futuro: "No hay crisis migratoria en Canarias", resumía este fin de semana la delegada del Gobierno. Elena Mañez, al igual que la ministra Margarita Robles, rechazaba ceder un acuartelamiento de Arrecife por motivos de seguridad para acoger a los menores, que tras ser atendidos en carpas han sido trasladado a un albergue juvenil. También limitaba los fallos de detección de las pateras a "zonas de sombra" en la isla conejera por falta de un radar, recordando el fundamental papel del SIVE en el control de la llegada de embarcaciones a Canarias.
La batalla de las competencias
Sostienen los socialistas que las competencias en atención a los menores inmigrantes son autonómicas y apelan, por último, a las cifras para negar la mayor: "En Andalucía hay 5.000 menores, por lo que con más razón podría declarar la emergencia humanitaria".
En Canarias, de momento, ascienden a más de 300 y son efectivamente otras comunidades las que reclaman "solidaridad territorial" para distribuir a los menores: Cataluña, Melilla y País Vasco acogen a unos mil cada una, mientras en Valencia, Ceuta y Madrid se sitúan entre 400 y 500. En toda España son ya 11.000 los menores inmigrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen.
Canarias accedió inicialmente a acogerlos, hasta que los menores comenzaron a arribar directamente a sus costas. Y aunque es cierto que la cantidad es aún inferior que en otras regiones, los 150 menores que han entrado de golpe en Lanzarote tuvieron que ser atendidos inicialmente en carpas. Posteriormente han sido trasladado a un albergue juvenil, pero su presencia está causando cierta alarma social en la isla. Y de llegar más, no hay capacidad para acogerlos. Tal es así que los argumentos del Ejecutivo canario se vieron ayer reforzados por la declaración común que realizaron los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura.
La barrera del millar
El número de inmigrantes que ha utilizado las Islas para desplazarse desde el continente africano a Europa por la ruta atlántica alcanza ya las 900 personas. Más del doble que el pasado año. Y, de seguir así, superará la barrera del millar al cerrar 2018, tras años en los que se han situado entre cerca de doscientos y un máximo de cuatrocientos. Pero en la otra ruta española de entrada masiva de inmigrantes, el Estrecho y el mar de Alborán, las cifras son realmente desbordantes: en lo que va de año son ya alrededor de 60.000 los que lo han hecho, la mayoría de ellos por mar, aunque unos diez mil han entrado por tierra atravesando las vallas fronterizas que les separan de Ceuta y Melilla.
La síntesis entre las posiciones que mantienen el Estado y el PSOE y el Gobierno de Canarias y CC, apuntalados éstos últimos no sólo por "el eje oriental" sino también por la oposición a la actual política migratoria del PP y Ciudadanos, cabría plantearse sin embargo en otros términos: ¿puede repetirse la crisis de los cayucos que sufrieron las Islas en el último lustro de 2000?
Un repunte silencioso
Las autoridades se esmeran estos días en marcar distancias respecto a lo ocurrido en la pasada década, cuando entre 1999 y 2005 llegaron en torno a 36.000 irregulares a las Islas. Mayor aún fue la oleada de 2005 al 2009, cuando arribaron más de 60.000 personas (31.600 de ellas sólo en 2006). Solo a partir de 2010, coincidiendo con los años de crisis económica, cayó el número de inmigrantes hasta 196, manteniéndose en cifras bajas hasta 2015. Ese año sin embargo comenzó a producirse un repunte silencioso y progresivo, que ha terminado por acelerarse este año.
Frente a la cautela de la clase política canaria, organismos y expertos en inmigración sí vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la reapertura de la ruta atlántica. Mucho antes incluso de la llegada de los populistas al Gobierno italiano, y el bloqueo del acceso a Europa por esa vía mediterránea, advertían que "una ruta nunca se termina de sellar del todo".
El debate, no obstante, no es tanto de número como de tendencias. Y el último informe sobre Perspectivas de Población Mundial elaborado por las Naciones Unidas calcula que la población mundial pasará de los 7.300 millones actuales a los 8.500 millones el 2030, y que el continente africano será el responsable de más de la mitad de ese crecimiento.
La explosión africana
Esta "bomba demográfica africana" hará que su población actual se duplique en 2030 y pase de 1.200 a 2.300 millones de personas. La tendencia se acelerará de tal forma que, a final de siglo, uno de cada dos niños nacerá en este continente, que ya representará en 2050 hasta el 25% del total de la población mundial.
Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) sostiene que el desplazamiento forzado de diversos colectivos de población alcanza desde 2016 cifras récords a nivel mundial. Son ya 65,6 millones las personas que se han visto obligadas a huir de sus lugares de origen por conflictos y persecuciones. En tono al 40,8% de esta inmigración mundial llega a Europa y hasta el 34% tiene su origen en algún país africano.
Por si esto fuera poco, sobre el África Occidental pesan en estos momentos otros focos de desestabilización, que representan riesgos y amenazas para Canarias: el Golfo de Guinea y el Sahel. Además de un archipiélago con 1.500 kilómetros de costa, el Archipiélago es la frontera sur de Europa, y fue esa condición la que propició su conversión en "un laboratorio" de control del fenómeno de inmigración masiva, hasta el punto de que el Frontex de Canarias fue el primero que abrió la UE como centro de control de los flujos.
Gestión y prevención
La presión migratoria sobre Canarias que tuvo lugar hace una década se taponó fundamentalmente por dos factores: la creación de un "gestor único", el Centro de Coordinación Regional de Canarias (evolución del Frontex y en el que se integra el famoso SIVE); así como los acuerdos alcanzados con los países de origen de la inmigración. Ambos están ahora en cuestión. Bien es verdad que en 2018 el flujo migratorio hacia las Islas no tiene, en absoluto, las dimensiones de 2006. Pero entonces, tanto la Unión Europea como España solo atendieron a Canarias cuando sus fronteras se vieron ya desbordadas por la avalancha masiva de inmigrantes irregulares. ¿Volverá a ocurrir lo mismo una década después?
