A lo largo de este mes de noviembre están previstas unas nuevas maniobras militares en Canarias, que afectarán a varias islas. La operación se denomina Gruflex-18 y tiene por objeto "dar a conocer el papel de las fuerzas Armadas en situaciones de crisis" y "su utilidad en operaciones de ayuda humanitaria", así como "contribuir a los objetivos de disuasión y defensa nacional". Se trata de una operación de las "fuerzas anfibias" en la que cientos de soldados desembarcará en diversos puntos de las costas canarias entre los próximos días 13 y 19: la playa y el barranco de Veneguera y la zona de La Isleta, en Gran Canaria; la playa de Los Abriguitos y la zona de Los Abades, en Tenerife; y las playas de La Solapa y Tarajalejo, así como Puerto del Rosario, en lo que se refiere a Fuerteventura.
Es en esta isla donde la operación ha despertado el rechazo de diversas instituciones y parte de la población. Hasta el punto que Coalición Canaria ha iniciado una acción encaminada aprobar una moción en contra de las maniobras por parte de las corporaciones locales e insular, para elevarla finalmente a la Fecam, al Gobierno y al Parlamento de Canarias. La iniciativa, sin embargo, no ha sido secundada por las restantes fuerzas políticas, ni siquiera aquellas que como el PSOE o Podemos se han manifestado en otras ocasiones en contra de la militarización de la isla.
¿Acontecimientos aislados?
Lamentan los nacionalistas majoreros que dichas maniobras se vayan a desarrollar en la misma zona que, en el 2002, provocó la muerte de varios cetáceos y fue contestada por ello con una protesta ciudadana. Tras aquella operación, denominada Neopatón, la comunidad científica relacionó la muerte de los zifios con el uso de sonares y se alcanzó "un acuerdo tácito con el Ministerio de Defensa para no volver a realizar ejercicios militares en la costa de Fuerteventura". Este acuerdo se ha mantenido durante los últimos 16 años, aunque bien es cierto que el Gobierno de España siempre se negó a ponerlo por escrito.
El incidente provocado por las futuras maniobras no es, sin embargo, un hecho aislado. La realidad es que en Canarias se vienen produciendo en los últimos años una sucesión de acontecimientos y declaraciones dispersas, que evidencia que la presencia militar en el Archipiélago no sólo gana más espacio y destina más recursos en Fuerteventura, como denuncian los dirigentes de Coalición Canaria: "Los militares ocupan cada vez más territorio sin explicación alguna", explicaba ayer el diputado regional Mario Cabrera. Y añadió: "En 15 años ha aumentado la ocupación militar de la Isla, hasta el punto que no habíamos tenido tanta presencia militar desde la Legión. Y eso significa todo un retroceso para los majoreros".
También en otras islas, las fuerzas de Seguridad del Estado refuerzan o consolidan sus posiciones: Hoya Fría, el Arsenal, La Isleta, Valenzuela y Pájara, entre otros espacios, son algunas de los terrenos que se disputan el Ejército y las ciudades en las que se ubican. También se realizan operaciones novedosas o de gran alcance, como el despliegue de drones desde Lanzarote hacia África, sin que se haya producido planteamiento alguno sobre el papel a jugar por las Islas en la nueva política defensiva mundial y europea.
Pulso por el uso civil
El pulso entre los autoridades militares y civiles en todos estos espacios se salda en la mayoría de los casos a favor del Ministerio de Defensa o se dilata la solución en el tiempo sine die. Este es el caso de la reclamación de la Base Naval por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y parte de la sociedad civil: "El Arsenal de Las Palmas es transcendental para garantizar la seguridad de todo el país y de las Islas", fue la respuesta de la anterior ministra María Dolores de Cospedal a las reivindicaciones de la ciudad. Y la comisión creada para estudiar un posible traslado de la Base a otro lugar sigue sin avanzar en la búsqueda de una solución de consenso.
En el caso de La Isleta, el Cabildo de Gran Canaria tampoco ha logrado aún que el Ejército suscriba el preacuerdo alcanzado hace meses para reabrir el espacio natural protegido a la ciudadanía. Y ello pese a que la senadora de Nueva Canarias, María José López, ha requerido ya una respuesta por parte de la nueva ministra Margarita Robles. El espacio, una joya natural, lleva cerrado más de un año.
Peor suerte ha acompañado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en su aspiración de expandirse en los terrenos de Hoya Fría. Hace un año, el Ministerio de Defensa expropió de forma forzosa y definitiva los más de 53.000 metros cuadrados de fincas, cuando había alcanzado un acuerdo con sus propietarios para su compra. Como ocurriera con el Arsenal, los calificó de "imprescindibles" para su política de seguridad nacional.
En Lanzarote, el Ejército de Tierra sacó a concurso público, también el pasado año, la realización de obras en Los Cuarteles de Arrecife, para "ubicar a la nueva unidad acorazada del Grupo de Caballería Ligera Milán XVI, con el que se pretende reforzar la defensa militar de Canarias". Supone una importante inversión de 5 millones en dos años. A finales de ese mismo año, se dio a conocer también que el aeródromo militar de Guacimeta se preparaba para acoger al menos a dos MQ-9 Predator de los cuatro adquiridos por España: unos drones con capacidad para recorrer toda Malí durante un día y regresar a la isla. Se prevé que darán apoyo a unidades desplegadas en el continente africano a partir de 2019.
Ganarse a la ciudadanía
"Ganarse a la ciudadanía" es uno de los objetivos que abiertamente manifiestan las autoridades militares de forma reiterada. Prueba de ello es el gran despliegue que realizan para darse a conocer en diversas festividades como el Día de las Fuerzas Armadas, en las que todos los cuerpos que integran las fuerzas de seguridad del Estado se esmeran por explicar sus funciones, de forma didáctica y detallada, a niños y adultos: Su misión. Tu libertad fue el lema de la campaña de este año. La organización de eventos deportivos es otra de las iniciativas con que las representantes militares buscan implicar en la ciudadanía, consiguiendo en ocasiones altos niveles de participación social. Tales campañas están siendo tan efectivas que el número de civiles que juran la bandera ha crecido en los últimos años de forma considerable, sin duda al calor del debate surgido a raíz del desafío soberanista catalán y el resurgir del patriotismo.
Pero una cosa es la relación con la ciudadanía y otra muy distinta con las administraciones que la representan. A nivel institucional, rara vez hace el Ejército partícipe a ayuntamientos, cabildos o Gobiernos en la toma de decisiones. La tendencia es más bien la contraria: hacer oídos sordos a sus reivindicaciones y limitarse a comunicar la realización de las operaciones y maniobras que tiene previsto realizar, normalmente con escaso tiempo de antelación. Y en ocasiones saltándose acuerdos o compromisos adquiridos previamente, hasta el punto de que es en los tribunales donde las administraciones canarias están logrando hacerse oír frente a las pretensiones de Defensa.
Es el caso de la ampliación del campamento de El Matorral, en Fuerteventura. El Ejército ha intentado hasta en tres ocasiones ampliar el acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela, que afectaría a la ampliación del aeropuerto, por lo que las instituciones de la Isla recurrieron a los tribunales, que les dieron la razón: "No tenemos nada en contra de los militares, sino en contra de una forma de hacer política de defensa que no tiene en cuenta a las instituciones ni a la población de la isla", puntualiza Mario Cabrera.
