El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha solicitado la comparecencia de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, para que explique la "finalidad y la justificación de la condonación de las deudas" a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) a través del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.
La formación morada, que considera "inaudito" que "se usen los presupuestos para proceder a una amnistía fiscal" sin que este asunto lo haya anunciado la propia consejera ni en la presentación de las cuentas ni en el debate de toma en consideración, afirma que estudiará la "legalidad" de la fórmula utilizada por la Consejería de Hacienda.
La disposición cuadragésima tercera afirma condona "las deudas tributarias por el concepto de Impuesto General Indirecto Canario liquidadas por la Agencia Tributaria Canaria derivadas de actuaciones inspectoras". Al respecto, el diputado Manuel Marrero aseguró que van a "presentar una enmienda de supresión, porque no tiene ningún sustento legal creíble".
Además de la comparecencia, Marrero también preguntará a la titular de Hacienda en la sesión de control al Gobierno por "los motivos a los que obedece" la condonación de la deuda, cuyo importe se ha ocultado en los propios presupuestos y que se estima cercana a los trece millones de euros.
La deuda de las Sagep se generó tras un cambio de criterio de la Agencia Tributaria Canaria, que consideró que no cabía la exención del IGIC en la cesión de estibadores a las empresas de carga y descarga. Sin embargo, existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se opone a dicho criterio.
El viceconsejero de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias, Javier Armas, señaló la pasada semana que no condonar la deuda supondría perder el caso en los tribunales y afrontar peticiones de daños y perjuicios -además de los intereses- por parte de las empresas.
En parte de la Agencia Tributaria Canaria ha cundido el malestar por la condonación de la deuda, ya que se entiende como una desautorización del Gobierno regional contra sus propios inspectores fiscales.
