La actuación de la Fiscalía General del Estado en el caso Grúas al congelar el dictamen enviado desde el ministerio público de Canarias favorable al archivo de la causa que afecta al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha dividido a las asociaciones fiscales. Mientras la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales no cuestionan el procedimiento que se ha seguido, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha solicitado a la Fiscal General del Estado que aclare los motivos por los que se retuvo el dictamen -en el que no se ve indicios de delito- a la espera de la aprobación del Estatuto de Autonomía, por el que Fernando Clavijo perdía su condición de aforado.
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) remitió ayer a la fiscal general del Estado, María José Segarra, un escrito en el que le pregunta: "¿Qué fiscal concreto de la Fiscalía General trasladó la conveniencia de suspender la presentación del informe? ¿A qué fiscal concreto de la Fiscalía Superior se trasladó tal conveniencia y conforme a qué fundamento jurídico? En su escrito solicita explicacionesobre si "constituyó una orden o instrucción o fue una mera sugerencia o recomendación no vinculante", a la vez que cuestiona: "¿Cuál hubiese sido el inconveniente de no suspender el informe antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, el pasado 6 de noviembre?". Esta asociación, cuyo portavoz nacional es Miguel Pallarés, duda del proceso seguido por la Fiscalía General del Estado y del ministerio público canario. Para los fiscales independientes "hay opacidad" en el proceso.
Por contra, el delegado de la Asociación de Fiscales, Miguel Hernández, respalda la autonomía de la Fiscalía y respeta la decisión del juzgado en cualquier proceso, sin entrar a valorar a qué caso se refiere. Por su parte, el fiscal Luis del Río, de la Unión Progresista de Fiscales, expone que su asociación no va a entrar en pronunciamientos porque no tienen toda la documentación pero, en principio, no ven "nada irregular".
El fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, contestó ayer a las críticas de la APIF y afirmó que se trata de una asociación "minoritaria" y realmente se siente "preocupado por el aparente desconocimiento de las normas estatutarias". Se refiere a que, al final, solo se emitió un informe de la Fiscalía Superior de Canarias, el 8 de noviembre, sobre el caso Grúas y no hubo discrepancias en el proceso entre el informe inicial del teniente fiscal, Demetrio Pintado, encargado de llevar la instrucción de la causa - y que no veía delito en la actuación de Clavijo- y el informe final que se emitió el 8 de noviembre, y donde la Fiscalía se inhibía del proceso y lo remitía al Juzgado de La Laguna. Ambos documentos los suscribía el teniente fiscal.
El caso es llamativo porque en septiembre Pintado se había puesto ya a analizar, valorar y calificar las actuaciones de Clavijo en el caso Grúas. A finales de ese mes tenía ya tenía las conclusiones, que se entregaron al fiscal superior ,Vicente Garrido. La petición es concluyente: cerrar el caso Grúas.
El 23 de octubre, desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Canarias se remite a la Fiscalía General del Estado ese informe para su validación -bajo el principio de unidad de actuación del ministerio fiscal- en el que no se aprecian indicios de delito de Clavijo en la causa. Y es entonces cuando desde la Fiscalía General del Estado se decide suspender toda actuación y no responder a los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que califique la actuación de Clavijo a la espera de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias, el 6 de noviembre, una decisión cuanto menos sospechosa de la Fiscalía General del Estado porque opta por no actuar no en función de la legislación vigente sino de una ley orgánica que aún no había sido aprobada ya que estaba en discusión por el Senado. Y esta decisión es la que cuestiona la APIF.
El 8 de noviembre, 48 horas después de la publicación de la nueva carta magna canaria, la Fiscalía de Canarias finalmente emite su informe en el que solicita la devolución del procedimiento al juzgado de La Laguna, sin entrar a analizar si observa indicios de que Clavijo haya o no cometido alguna infracción. Y el 15 de noviembre la Sala de lo Penal hace caso a la Fiscalía y decide que no es competente devolviendo la causa a La Laguna. Clavijo ha presentado un recurso.
