Canarias ve "inadmisible" que el Estado "quiera hacer caja" con un asunto tan "sensible" como la pobreza reclamando a la Comunidad Autónoma 71.000 euros en concepto de intereses por los fondos que los municipios no han podido gastar "en un tiempo récord", apenas seis meses. Entre marzo que recibieron el dinero y septiembre, cuando acababa el plazo de ejecución. Quince de los 88 ayuntamientos de las Islas no han podido justificar el cumplir con ese requisito, lo que supone perder los 30 millones que contempla para ello los Presupuestos del Estado de este año y devolver lo no invertido en 2017 con intereses.

Apenas restan dieciséis días para que finalice el año y tanto el Ejecutivo regional como la Federación Canaria de Municipios (Fecam) buscan una solución de última hora para que la partida comprometida llegue al Archipiélago. Se pierde si la anterior para el mismo fin no se ejecuta al completo.

La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, expresó ayer mediante un comunicado su malestar por esta situación. Expone que el Ejecutivo regional lleva meses requiriendo "sin éxito" al Gobierno central que ingrese la partida de 30 millones comprometida para la pobreza y éste, "en vez de abonar su deuda", exige a la región que pague los intereses cuando la causa para el incumplimiento no es otra que la tardanza de Madrid en tramitar los fondos.

Valido recuerda que la firma del acuerdo para la lucha contra la pobreza no se produjo hasta diciembre del pasado año pero no pero los ayuntamientos no recibieron el dinero hasta marzo y llevaban aparejados la obligación de ejecutarlos antes de julio. Las negociaciones con Madrid y la intervención de la Abogacía del Estado permitieron que el plazo se ampliara a septiembre, después de que los municipios se opusieran en bloque a aceptar el dinero en unas condiciones inasumibles.

Pese al estrecho plazo, las instituciones canarias lograron ejecutar más del 85% de esos fondos. Ahora el Gobierno central no solo exige la devolución de lo que no se gastó sino que lo hace con intereses y retiene los 30 millones correspondientes a este año. Valido asegura que "por supuesto" se devolverá el dinero que no dio tiempo a los ayuntamientos de ejecutar "por la mala gestión" del Estado pero se pregunta si además debe pagar intereses por ello y cuestiona quién indemniza al Gobierno de Canarias cuanto llegan los fondos "con tantos meses de retraso".