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Canarias reclama competencias en seguridad similares a las de Cataluña

El Estatuto contempla el traspaso del personal y los medios materiales de las prisiones, seguridad privada y salvamento marítimo

Protestas de funcionarios de prisiones en Tenerife. LP/DLP

El Gobierno canario ha puesto en marcha el proceso para asumir la gestión de las prisiones de las Islas, una competencia que le equipararía con Cataluña, única comunidad que tiene transferidos los centros penitenciarios desde los años 80. El recién reformado Estatuto de Autonomía recoge en el artículo 151 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en materia penitenciaria, es decir, los medios humanos y materiales necesarios para el ejercicio de esta función ya que la legislación y regulación de las instituciones penitenciarias seguiría en manos del Estado. Además, también demanda el resto de las funciones en materia de seguridad como salvamento marítimo y seguridad privada.

En la reciente reunión entre el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aquel puso sobre la mesa formalmente la petición de convocar a la comisión mixta de transferencias Canarias-Estado para iniciar la negociación, con el fin de traspasar las competencias que recoge el Estatuto en materia de seguridad y que son, además de las cárceles, la seguridad privada y salvamento marítimo.

Sin embargo, las prisiones son una materia compleja de transferir. De hecho, sólo Cataluña la tiene mientras que otras comunidades, pese a tenerla contemplada en sus estatutos no la tienen traspasada como es el caso de País Vasco, Navarra, Andalucía y Comunidad Valenciana. El País Vasco lleva varios años demandando las competencias sobre sus prisiones y ha sido en los últimos días cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a hablar sobre este asunto, junto a la transferencia de otras competencia a esa comunidad. El Gobierno vasco ya ha dicho que quiere culminar el proceso de transferencias en un año, una vez que se siente a negociar con el Estado, en todo caso antes de que se convoquen las elecciones generales porque un posible cambio de signo político en el Ejecutivo central dificultaría este proceso.

El propio Clavijo se mostró cauto tras solicitar el inicio de las negociaciones: "Sabemos que hay comunidades autónomas en las que se ha tardado cinco años y otras en las que han sido seis meses, pero va a ir en función de que se convoque la comisión mixta", aseveró. Además, el presidente insistió en que el objetivo del Gobierno es que se haga con todas las garantías para que el servicio que se le preste al ciudadano tras el traspaso sea exactamente igual que el actual.

En Canarias hay actualmente en funcionamiento cinco centros penitenciarios en cuatro islas: dos en Gran Canaria -Salto del Negro y Juan Grande-, Tenerife, Lanzarote y La Palma. Según las últimas cifras, entre los cinco establecimientos hay unos 2.200 reclusos. Además, existen dos centros de presos con el tercer grado y para su inserción social en las islas de Tenerife y Lanzarote.

En Canarias trabajan unos 1.400 funcionarios de prisiones, que llevan varios meses de movilizaciones, junto con los del resto del Estado, denunciando la falta de personal de la que adolece este servicio desde hace varios años y que el Ministerio del Interior no ha solucionado. Los sindicatos denuncian que en las Islas faltan más de 300 funcionarios para tener una plantilla acorde con el número de reclusos existentes, además de otros profesionales como psicólogos, educadores, terapeutas, etcétera.

Además de las prisiones, Canarias aspira a completar la asunción de las competencias en materia de seguridad que contempla el Estatuto con las transferencias en salvamento marítimo -una materia que ya estaba en el anterior texto del Estatuto- y en seguridad privada. Esta última función incluye la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago, la autorización de los centros de formación para el personal de estas empresas, la inspección y la sanción de las actividades de seguridad privada y la coordinación de la misma con la policía autonómica y las policías locales.

Además de estas materias, Canarias ya cuenta con el cuerpo de la Policía Canaria y la coordinación de las policías locales.

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