El Govern balear está intentando que el archipiélago reciba un trato económico y fiscal lo más parecido posible al de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). Las empresas de los nueve territorios RUP, entre ellos Canarias, tienen ayudas específicas para compensar los sobrecostes de estar a miles de kilómetros del continente. El recibo de la luz que paga una industria de El Sebadal o de Granadilla es siempre mayor que el que pagaría en Madrid o el País Vasco. Y también le cuesta más exportar sus productos, porque primero tiene que llevarlos a la Península. Por eso la Unión Europea (UE) les otorga unos incentivos concretos que no tiene ningún otro territorio. Por estar "en zonas del planeta muy alejadas de Europa" y, además, porque su riqueza está muy por debajo de la media.

Aunque Baleares no sufre ninguno de estos dos condicionantes, la intención de su Ejecutivo es pelear en Bruselas para que sus empresas disfruten de incentivos y ventajas equiparables a los de Canarias y las demás RUP. Sin embargo, es España la que debe dar la batalla en las instituciones comunitarias, es decir, es el Estado el que puede negociar, no una región. De ahí la importancia de que el Govern haya conseguido garantizar por ley que el Gobierno central tendrá que trasladar sus exigencias a Bruselas. Un logro del Ejecutivo de Francina Armengol que se ha materializado gracias a la fluidez de las conversaciones entre ambos gobiernos, los dos bajo las siglas del PSOE.

El real decreto-ley con que el Consejo de Ministros ha aprobado el Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB) incluye la promesa de Pedro Sánchez de pedir a la UE que las ayudas al transporte aéreo y marítimo de mercancías no estén sujetas a los máximos establecidos. Un cambio que también será necesario si sale adelante el anteproyecto de ley en que se plasma la parte fiscal del REIB, ya que para que sea efectivo tendrá que exceptuarse a las empresas baleares de los límites de acumulación de ayudas. El Gobierno socialista compromete así por ley al Ejecutivo que salga de las elecciones del 28A. Si el Congreso no tumba el real decreto-ley (tiene la potestad de convalidarlo o derogarlo), el próximo Gobierno estatal tendrá que intentar convencer a Bruselas de la necesidad de que también las empresas baleares reciban un trato singular. De asemejarlas en lo posible a las entidades que están en Canarias.

La disposición transitoria primera del real decreto-ley es muy clara al respecto: "Por la disposición transitoria primera se establece el compromiso del Gobierno de promover la modificación del Reglamento UE 1407/2013". El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe las ayudas de Estado, esto es, prohíbe que se den ventajas fiscales o incentivos a las empresas de un determinado territorio. Si esto se permitiera, la competencia dentro del mercado comunitario sería desleal. Hay, eso sí, dos excepciones: las RUP y las regiones que sufran "una grave situación de subempleo". En estos casos sí se permiten las ayudas de Estado, como las que incluye, por ejemplo, el REF. Baleares, en cambio, ni es RUP ni sufre subempleo. Es más, su PIB per cápita es sensiblemente superior al de estas regiones. Es, en definitiva, una región rica.

El reglamento 1407/2013, el que el Govern y el Gobierno socialista quieren modificar, desarrolla estos principios del Tratado de Funcionamiento. Especifica que una empresa puede recibir ayudas de hasta un máximo de 200.000 euros en tres años sin que estas puedan considerarse ayudas estatales. A ese límite están sometidas las empresas de Baleares. El caso de Canarias es de nuevo distinto, porque sus empresas disponen de las llamadas "ayudas de funcionamiento" ?solo para las RUP y territorios "con baja densidad de población"?, que pueden acumularse hasta un 30% de la cifra de negocio. ¿Qué significa esto? Pues que una empresa canaria que factura cien millones de euros puede beneficiarse de distintas ayudas hasta un máximo de 30 millones. Ayudas como las de la RIC, la ZEC, la bonificación por la producción de bienes o las ayudas al transporte.

Baleares necesita una excepción similar si quiere que sus empresas puedan acumular las ayudas fiscales que plantea en el REIB. Hay que recordar que el real decreto-ley del REIB recoge la parte económica del nuevo régimen balear, mientras que la parte fiscal se ha plasmado en un anteproyecto de ley que no se ha dado a conocer en detalle. Ya en el real decreto-ley se fija el compromiso de intentar que la UE libre a las empresas de Baleares del límite de 200.000 euros en las ayudas al transporte tanto aéreo como marítimo de mercancías.