Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, exsenador y exconsejero del Gobierno canario, ingresó ayer en la cárcel Tenerife II a las 17:25 horas en un coche camuflado de la Policía Nacional para cumplir siete años de prisión tras ser condenado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco del caso Las Teresitas. Apenas una hora antes lo hicieron el empresario Antonio Plasencia Santos y el exconcejal de la capital tinerfeña Manuel Parejo por el mismo asunto de corrupción urbanística. El primero ha sido condenado a cinco años y tres meses de cárcel, mientras que Parejo tiene una pena de siete años. Los dos primeros fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) y llevados directamente a la prisión de Tenerife II, en el municipio de El Rosario, mientras que Zerolo se presentó voluntariamente ante la comisaría de central de Santa Cruz de Tenerife tras tener conocimiento de que lo buscaban. La orden de su localización y arresto fue dictada por la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante la elevada pena de privación de libertad que se les impuso y el elevado riesgo de fuga existente.
El pasado jueves, cuando se conoció la sentencia por la que el Tribunal Supremo confirmaba, en lo fundamental, la condena impuesta en la Audiencia Provincial a los seis principales procesados, también trascendió que la ejecución de la sentencia sería "inminente"
El tribunal profesional que juzgó el asunto, liderado por el magistrado Joaquín Astor Landete, se guardó entonces un as en la manga. La entrada urgente en la cárcel de los dos políticos y los empresarios implicados "ante la gravedad de las condenas y de los hechos que las motivaron, y la capacidad económica de todos ellos para sustraerse presumiblemente a la acción de la Justicia". Y ayer por la mañana se dictó orden de detención para inmediato ingreso en prisión, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ese trabajo fue encargado a agentes de la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial. El arresto de Parejo y Plasencia se hizo de forma rápida a mediodía y poco antes de las 16:00 horas ya eran trasladados a Tenerife II. Sin embargo, los policías de paisano que acudieron a la vivienda de Miguel Zerolo no le hallaron en la misma, fueron sus familiares quienes se comprometieron a localizarlo. Poco antes de las 17:00 horas, el exregidor santacrucero acudió con su abogada a la Comisaría, se entregó y fue apresado.
De no haber sido así, la autoridad judicial hubiera dictado orden de busca, captura e ingreso en la cárcel contra el exalcalde.
Minutos más tarde, tres miembros de la UDEV y el propio Zerolo bajaron por las escaleras del edificio y se dirigieron al aparcamiento, donde les esperaba un turismo Volkswagen Golf de color blanco. Zerolo ocupó el asiento trasero de la derecha. Inmediatamente, se dirigieron hasta el centro penitenciario de El Rosario. A una velocidad moderada, sin maniobras agresivas, el automóvil policial enfiló la recta paralela al acceso a la prisión y, ante un grupo de periodistas, giró a la izquierda.
Mientras el agente que iba al volante esperaba por la apertura de la puerta de acceso, los reporteros gráficos se aproximaron a la ventanilla junto a la que iba Zerolo. El exregidor mantuvo la calma, como casi siempre. No se tapó con la mano, ni con una prenda de ropa ni se agachó. Tan solo giró algo la cara hacia el interior del coche. En las horas siguientes, Zerolo fue valorado por un equipo técnico integrado por un psicólogo, un trabajador social, un educador, un médico y un jurista. Igual ocurrió con Manuel Parejo y Antonio Plasencia. Es el protocolo habitual para todos los presos.
En el caso del otro empresario condenado Ignacio González, este alegó a la policía severos problemas de salud para no someterse a la detención. Ante ello la Sección II de la Audiencia ordenó que hoy fuera reconocido por un médico forense antes de tomar cualquier nueva decisión.
A los otros dos condenados, los técnicos Juan Víctor Reyes y José Tomás Martín, se les concedió cinco días para su ingreso voluntario en la cárcel, al tener penas menores de privación de libertad y, por lo tanto, existir menos riesgo de fuga.
