El Parlamento de Canarias sacará por unas horas a sus señorías de la vorágine electoral el próximo día 7. Una jornada en la que el pleno de la Cámara se limitará a ver dos de los decretos leyes que el Gobierno regional ha aprobado gracias a la prerrogativa que le concede el nuevo Estatuto de Autonomía. Hasta ahora el Ejecutivo no tenía la posibilidad de recurrir al decreto ley, una fórmula que le permite sacar adelante una resolución sin que el texto tenga que pasar antes por el Parlamento. Eso sí, la Cámara puede luego convalidar o rechazar el texto, y es justamente esta circunstancia la que ha obligado a fijar una sesión plenaria fuera de calendario el día 7 del próximo mes. Es decir, en el ínterin entre las elecciones generales de este domingo y el comienzo oficial de la campaña de cara a los comicios locales, autonómicos y europeos del 26 de mayo. Esta última arrancará el día 10 con la pegada de carteles, si bien la campaña no oficial (que cada vez cobra mayor importancia por el auge de las redes sociales) estará totalmente en marcha cuando los diputados ocupen sus escaños para el atípico pleno exprés del día 7. Eso sí, no está previsto que se recorten las controvertidas dietas que cobran los parlamentarios cada vez que asisten a una sesión o reunión en la Cámara.
Fue la Junta de Portavoces la que ayer decidió que se celebre el pleno el día 7 para ver los dos decretos leyes. Se trata de la modificación de la Ley de actividad física y el deporte y de la modificación, también, de la Ley de coordinación de policías de Canarias. En el primer caso para cambiar el régimen sancionador y que las sanciones puedan hacerse cumplir de forma inmediata (el vacío que existía en el artículo 93 de la ley dio lugar a multitud de reclamaciones e interpretaciones). En el segundo caso, para que el Gobierno regional tenga la posibilidad de convocar nuevas plazas de policía local. Dos decretos leyes de los cinco que ha redactado el Ejecutivo desde que entrara en vigor el nuevo Estatuto, que siguiendo los pasos de otras leyes fundamentales autonómicas confiere al Gobierno la facultad de aprobar iniciativas por medio de esta fórmula legal. Así que a la novedad del decreto ley se suma ahora la novedad de la celebración de un pleno cuando ya se había dado carpetazo a la actividad parlamentaria.
No en vano, la Cámara dispone de un plazo de 30 días para convalidar o tumbar los decretos leyes, y dado que el Parlamento no se ha disuelto aún, tiene que ser el pleno el que se manifieste. Esta es una particularidad de Canarias, donde la convocatoria oficial de elecciones autonómicas (que el BOC publicó el pasado día 2 con la firma de Fernando Clavijo) no implica la automática disolución del órgano legislativo. El mes de mayo está dentro del primer período ordinario de sesiones (febrero-mayo, el segundo es de septiembre a diciembre), con lo que tiene que ser el pleno el que se pronuncie sobre los dos decretos leyes. No obstante, el hecho de que mayo sea un mes hábil para la actividad parlamentaria no significa que efectivamente haya actividad. De no ser porque el Ejecutivo indirectamente ha obligado a trabajar a los diputados con la aprobación de esos dos últimos decretos, sus señorías no habrían vuelto a reunirse en lo que queda de legislatura. Aunque sí siguen cobrando con independencia de que no haya actividad. Es más, ahora no solo percibirán el sueldo mensual (cerca de 4.000 euros en régimen de dedicación exclusiva), sino que, además, recibirán también las polémicas dietas por cada asistencia a sesiones plenarias u otras reuniones. Estas oscilan entre los 160 y los 60 euros en función de si el diputado es de Tenerife (60 euros o 90 si además es portavoz de grupo), de Gran Canaria (83 o 130 euros) o de cualquiera de las restantes islas periféricas (113 o 160). La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, aseguró ayer que nadie en la Mesa de la Cámara (el órgano de gobierno de la institución) había sacado el tema del coste no previsto que supondrá el pleno del día 7.
Si el Parlamento ya se hubiera disuelto, como ha ocurrido con las Cortes y con hasta once Cámaras territoriales por las convocatorias electorales (por las generales en el caso del Congreso y el Senado y por las autonómicas en el caso de los Parlamentos de las comunidades), habría sido la Diputación Permanente la que se hubiera ocupado de los dos decretos leyes. Como no es así, este órgano, el encargado de velar por los poderes del legislativo cuando la Cámara se ha disuelto o se ha extinguido su mandato, aún no tiene potestad para ello.
Pero el pleno no solo será insólito por celebrarse cuando no estaba previsto, sino también por el propio escenario físico. No será en el salón de Plenos, sino en la sala Europa, donde no hay sistema de votación automático, por lo que los diputados tendrán que votar a mano alzada. La razón de este cambio son las obras que se están ejecutando en el hemiciclo para hacer hueco a diez nuevos escaños. La lista regional que se estrenará el 26 de mayo conlleva que la cifra de diputados pase de 60 a 70, por lo que es necesario adaptar el espacio a las nuevas necesidades. Costará 73.000 euros.
