Coalición Canaria (CC) tachó ayer de mentirosa a la ministra María Jesús Montero y la acusó de haber enredado con falsedades a Ángel Víctor Torres en el asunto de la deuda que el Estado tiene con la Comunidad Autónoma en materia de carreteras. La diputada nacionalista Rosa Dávila, consejera de Hacienda en el anterior Gobierno regional y quien tuvo que lidiar con Montero en varias polémicas, cargó contra la ministra y contra el propio Torres después de que el presidente autonómico responsabilizase al anterior Ejecutivo del bloqueo de 500 millones de la deuda de carreteras que han acabado engordando el superávit de las Islas. Torres achaca la situación a Dávila y Fernando Clavijo y CC la atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez. Un cruce de reproches que se produjo en la antesala de la reunión que el propio Torres tendrá hoy con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para buscar una salida.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo ha obligado a Fomento a pagar a la Comunidad Autónoma 864,7 millones de euros „más 127 por los intereses de demora„ correspondientes a los incumplimientos del convenio de carreteras entre los años 2012 y 2016. La Justicia dio la razón a las Islas después de que el Gobierno de Mariano Rajoy decidiera unilateralmente recortar las transferencias comprometidas con la excusa de la crisis económica. Sin embargo, Fomento solo reconoce como deuda 500 millones de euros, que es la cantidad que Canarias tuvo que sufragar con fondos propios tras el incumplimiento del convenio para que no se paralizaran las obras en marcha. Los restantes 400 corresponden a trabajos que estaban previstos pero que no pudieron ejecutarse por el hachazo del PP.

El Gobierno central propuso a la Comunidad Autónoma un acuerdo extrajudicial para el pago de esos 500 millones, con lo que la cantidad con la que contaba Canarias se reducía notablemente. El Ejecutivo que todavía presidía Fernando Clavijo rechazó la propuesta y presentó ante la Justicia un incidente de ejecución de sentencia aún pendiente de resolución. La reacción en Madrid, por iniciativa del Ministerio de Hacienda, fue transferir de golpe y sin previo aviso esos millones, con lo que pasaron a engrosar el superávit del Archipiélago (Canarias es una de las pocas regiones que ingresa más de lo que gasta).

Ocurre que la ley de estabilidad presupuestaria obliga a destinar el superávit a pagar deuda bancaria. Así pues, los 500 millones quedaron de facto inutilizados.

En este contexto, Ángel Víctor Torres levantó ayer ampollas en CC al asegurar que si se hubiera firmado antes del 31 de diciembre el acuerdo que querían los ministerios de Fomento y de Hacienda, "hubiésemos recibido esos 500 millones que nos habrían venido magníficamente bien para los servicios básicos". Finalizado el ejercicio, puntualizó el presidente regional, el dinero cayó en el saco del superávit. Además, Torres también dijo en la Ser que no tiene constancia de ningún "documento" que advirtiese que firmar el acuerdo hubiera impedido reclamar los más de 400 millones que Fomento no reconoce como deuda.

Dávila, que convocó de inmediato a los medios tras las palabras de Torres, exhortó al presidente a informarse mejor y aseguró que de haberse firmado el acuerdo, los 500 millones tampoco se podrían haber usado, ya que el Ministerio de Hacienda suprimió del texto del acuerdo extrajudicial la cláusula que liberaba el dinero del corsé de la ley de estabilidad. Es decir, que los 500 millones de euros habrían acabado contabilizándose en el superávit, igual que ahora. La Intervención General de la Comunidad Autónoma constató el 21 de diciembre que el Gobierno central efectivamente había suprimido esa cláusula. Dávila también aclaró que la aceptación del acuerdo habría hecho "decaer todo el litigio", de modo que no se podrían haber reclamado los 400 millones aún en disputa. Esta fue la advertencia, explicó, de los servicios jurídicos de la región.