Los ayuntamientos canarios siguen la estela de los cabildos y se oponen con rotundidad a los cambios que pretende introducir el cuatripartito regional en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). La Federación Canaria de Municipios (Fecam) llama la atención sobre la disposición adicional 47 del proyecto de ley de presupuestos autonómicos de 2020 ya que, en opinión de los alcaldes, deja el futuro del Fondo en manos exclusivamente de la Comunidad Autónoma, que puede dejarlo sin financiación ya que lo condiciona a varios supuestos, entre ellos el de la existencia de crédito adecuado y suficiente.

La voz de alarma ya la había lanzado la Federación Canaria de Islas (Fecai) en su último plenario celebrado en Gran Canaria, a raíz de la propuesta de decreto de la Consejería de Hacienda que modifica el texto de 2016 que regula el Fdcan. Los presidentes de los cabildos presentaron alegaciones al proyecto gubernamental al considerar "totalmente desacertada" la inclusión de este supuesto: "No se puede hacer condicionar la existencia de una obligación, sin que exista modificación en las circunstancias que operan como origen de la misma (ausencia de compensación al Estado por el IGTE), a que se consigne en los estados de gastos del presupuesto el crédito para hacer frente a la misma", argumentan las corporaciones insulares en sus alegaciones.

Para los cabildos "el cumplimiento de las obligaciones no puede quedar supeditado al contenido de las leyes de presupuestos, porque lo contrario supondría vaciar de efecto el contenido de todo acuerdo o convenio que requiera de financiación plurianual".

Pero las intenciones del Ejecutivo van más allá de cambiar el decreto del Fdcan. En la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 se introduce una disposición adicional, la cuadragésima séptima y última, cuya literalidad es la misma a la que se refieren los cabildos en sus alegaciones y que rechazan. "La dotación anual del Fdcan que se consigne en los respectivos presupuestos de la Comunidad Autónoma, queda condicionada al mantenimiento de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del IGTE o a su supresión definitiva, a la existencia de crédito adecuado y suficiente y al cumplimiento anual de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", recoge la disposición presupuestaria.

Los alcaldes se oponen a esta disposición y no sólo presentan alegaciones como los cabildos al proyecto de decreto, sino que también se van a dirigir a los grupos parlamentarios para que se presente una enmienda parcial que suprima esta disposición o modifique el texto y no quede en manos del Gobierno y de la coyuntura política y económica de cada momento una herramienta de financiación de las corporaciones locales que se extiende hasta 2025, con una programación pactada de obras y planes entre los cabildos y los ayuntamientos.

Los cambios en el decreto que regula el Fondo de Desarrollo de Canarias se están realizando por el trámite de urgencia con el fin de que esté aprobado lo antes posible. Una de las cuestiones principales que plantea Hacienda es eliminar el horizonte temporal de 2025 como límite del Fondo. Por ello se propone la supresión de todas las referencias temporales que encorsetan la gestión hasta ese año: desde el propio título de la norma (Fdcan 2016-2025) hasta la modificación de aquellos preceptos que prevén la duración de los programas y proyectos.

Asimismo, el Ejecutivo plantea la posibilidad de que los recursos económicos del Fdcan que no hayan podido ser ejecutados por los beneficiarios en su correspondiente anualidad, puedan incorporarse en anualidades futuras, condicionado siempre al cumplimiento anual de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Es aquí donde también se introduce la disponibilidad de crédito adecuado y suficiente, algo con lo que no están de acuerdos las corporaciones locales.

Más gasto público

Además de ampliar el horizonte temporal y modificar los plazos de los programas de inversiones y planes, el Ejecutivo también ha planteado cambios en este año y el próximo ejercicio a las corporaciones locales para incrementar el gasto público en los presupuestos de 2020 y corregir el déficit al que, según Hacienda, se veía abocada la Comunidad Autónoma. Aprovechando que muchas corporaciones locales van retrasadas en la justificación de los fondos, el Ejecutivo transferirá el próximo ejercicio la mitad de lo que le correspondía -de 160 a 80 millones- con el compromiso de deslizarlo en próximas anualidades. Esos 80 millones los utilizará el Ejecutivo para cumplir con parte de sus compromisos sociales en 2020, inyectando más fondos a las políticas que quiere priorizar.

En un primer momento lo que había propuesto el Ejecutivo era modificar los porcentajes de distribución del IGIC en el medio punto que incrementará el tipo general el próximo año. Sin embargo, los ayuntamientos se negaron a ceder el incremento de la recaudación al Ejecutivo pero, a cambio, sí han aceptado la pretensión del cuatripartito de cambiar los fondos a transferir este año y el próximo junto a la modificación de los plazos para la ejecución y justificación de las inversiones.

Sin embargo, junto a esta propuesta Hacienda ha impulsado una modificación urgente del decreto y una disposición en los presupuestos, algo que sí ha causado cierto malestar en cabildos y ayuntamientos porque le da la potestad a la Comunidad Autónoma de modificar el Fdcan o suprimirlo a su voluntad.

En este sentido, la exconsejera de Hacienda Rosa Dávila considera que el Gobierno "quiere irse quedando con todo el dinero del Fdcan". La dirigente nacionalista no entiende que el pacto tenga prisa ahora en cambiar el Fondo cuando se negoció que la financiación procedente del ITE no está condicionada por los presupuestos, ni por el REF ni por el Estatuto, por lo que no corre ningún riesgo pese a los anuncios de Hacienda. Dávila recuerda que hay ayuntamientos que tienen sus presupuestos afectados.