El Gobierno de Canarias tardó una media de 14,2 días en pagar las facturas a sus proveedores en abril, lo que la sitúa de nuevo como una de las administraciones más diligentes del Estado a la hora de afrontar sus compromisos económicos con terceros.
De acuerdo con los datos provisionales que maneja la Consejería de Hacienda sobre el plazo medio de pago, los órganos de la Comunidad Autónoma han abonado desde enero de este año 775 millones de euros y lo han hecho siempre por debajo de los 20 días, ya que el promedio ha sido de 17,6 días, según ha informado el citado departamento en un comunicado.
El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha destacado el esfuerzo que está realizando la comunidad autónoma para agilizar los pagos, sobre todo dadas las circunstancias económicas y la necesidad "imperiosa" de liquidez que tienen las empresas.
"El cumplimiento con nuestros proveedores es vital hoy en día para el mantenimiento de su actividad y de los empleos, por lo que seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar los pagos en el menor tiempo posible", ha subrayado el consejero.
Rodríguez ha valorado también el hecho de que el nuevo Gobierno de Canarias haya cumplido durante todos los meses de mandato con el plazo máximo legal, establecido en 30 días.
Los datos de este mes dan continuidad a los registrados durante el resto del año y mejoran particularmente con respecto a marzo, cuando el plazo medio de pago se situó en los 17,72 días.
Además, según los datos definitivos del Ministerio de Hacienda en relación a los meses de enero y febrero -los últimos disponibles hasta la fecha en el conjunto del Estado- Canarias se colocó a la cabeza de todas las comunidades autónomas en el Plazo Medio de Pago, con 16,2 y 20,6 días, respectivamente.
De acuerdo con esa información, la segunda comunidad autónoma más diligente fue el País Vasco, con 22,2 días enero, seis días más que Canarias, y 21 días en febrero, casi uno más que el archipiélago.
El plazo medio de pago constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección, recuerda la nota.
