Lo mismo vale para solicitar un crédito de alto riesgo ante CajaCanarias por valor de 33 millones de euros como socio de una recién creada mercantil llamada Inversiones Las Teresitas, a pesar de que tenía una nómina de 720 euros como peón de la construcción, como para "maquillar" la contabilidad del Centro Canario Nacionalista (CCN) para las elecciones de 2007. Felipe Manuel de Armas Jerónimo, el testaferro que Ignacio González Martín utilizó para pedir el crédito con el que comprar los terrenos de Las Teresitas, también era el "responsable de toda la contabilidad 'B' de la campaña electoral de 2007" en el CCN. La policía lo sitúa como un hombre de confianza del empresario tinerfeño y, por lo visto en la Operación Hubara, valía para cualquier cosa. En ambas causas ha estado imputado.

Según se desprende de la investigación llevada a cabo en la presunta trama de financiación ilegal del CCN, caso por el que se imputa a la cúpula del partido delito electoral, falsedad documental y tráfico de influencias, Felipe Manuel de Armas Jerónimo "es la persona encargada de 'maquillar' la contabilidad no sólo de las empresas de los González-Santiago sino también, probablemente, del propio partido". Los investigadores llegaron a esa conclusión por tres motivos diferentes: la documentación encontrada en un piso franco cuando se ordenó un registro del caso Las Teresitas, las conversaciones telefónicas interceptadas en la Operación Hubara y la intervención del correo electrónico del propio De Armas, realizada también en el marco de la investigación al partido político tinerfeño.

Maquinación contable

La Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife explica en un informe de la causa que "toda esta maquinación contable de distribución entre las empresas del grupo empresarial de los pagos por los servicios prestados para el CCN ha sido realizada por Felipe Manuel de Armas Jerónimo, experto contable del grupo empresarial, pues es la única persona que conoce en profundidad el funcionamiento de todo el entramado de los González Santiago". Se le considera una persona de máxima confianza del empresario y padre del líder del CCN, de ahí que fuera utilizado como la cabeza visible en la sociedad Inversiones Las Teresitas a la hora de pedir, deprisa y corriendo, un crédito de 33 millones de euros para comprar los terrenos de la playa antes de que se conociera una sentencia del Tribunal Supremo que aumentaba los derechos de edificación.

La policía entiende que la colaboración de De Armas en la presunta trama de financiación ilegal del CCN "se torna necesaria e imprescindible, pues no basta un contable cualquiera para, en breve tiempo, acometer estas maquinaciones contables inter-empresas, sino que se precisa de un profundo y exhaustivo conocimiento de la realidad contable de las empresas para poder distribuir las cargas y beneficios. Y dicho exhaustivo y profundo conocimiento tan sólo lo posee quien habitualmente ejerce estas funciones, no sólo la función contable legal (y aparente), sino la función contable real, la que recoge aquellos movimientos contables que efectivamente se producen y que deben sufrir alteraciones tendentes a obtener beneficios fiscales".

Consejero de la entidad

Como se reveló en su día en el marco de la investigación del caso Las Teresitas, Ignacio González Martín (el padre del líder del CCN) decidió no aparecer como apoderado de Inversiones Las Teresitas a la hora de solicitar un crédito de 33 millones de euros para comprar los terrenos debido a su condición de consejero de la entidad prestataria, CajaCanarias. Para evitar cualquier reprobación, en Inversiones Las Teresitas aparecieron como apoderados Felipe Manuel de Armas Jerónimo y Antonio Plasencia, el otro empresario imputado en la causa relacionada con el pelotazo de los 120 millones de euros. La entidad bancaria concedió el crédito, calificado de alto riesgo por el Banco de España y. tiempo después, Ignacio González Martín recuperó el control de la sociedad inversora.

Con el crédito de 33 millones de euros, Inversiones Las Teresitas compró el suelo 24 horas antes de que se conociera una sentencia que multiplicaba el valor de los terrenos y posteriormente vendió el frente de playa al Ayuntamiento de Santa Cruz por 52 millones. Finalmente vendió otro porcentaje a una inmobiliaria por 90 millones.