Hacienda da marcha atrás y suspenderá la regla de gasto de 2020 para que los ayuntamientos puedan gastar el superávit de los años 2018 y 2019, pero no abordará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los municipios "al ser un punto que ha evidenciado falta de consenso" en el Congreso. La decisión del Ministerio en manos de María Jesús Montero llega tras el sonado batacazo del pasado jueves en la Cámara Baja, que tumbó el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los ahorros municipales. La nueva medida que ultima el Gobierno central, cuyo impacto económico supera los 3.000 millones, también contempla con carácter excepcional que los cabildos puedan utilizar el superávit del pasado año para compensar la caída de la recaudación del bloque de financiación canario. Óscar Hernández, vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde de Agüimes, celebra la línea de trabajo emprendida al tiempo que espera que la actitud de Montero "sea de buscar más puntos de encuentro y menos de discusión". Aunque las instituciones canarias recibieron ayer de forma positiva la nueva propuesta, algunas reclaman ya mayor concreción y medidas.
La ley de estabilidad y sostenibilidad financiera que sustenta la regla de gasto entró en vigor casi a mitad de 2012. En aquel entonces la crisis económica que estalló a finales de 2007 mostraba su peor cara, por lo que el Gobierno central ideó esta fórmula para poner coto a la deuda y déficit públicos. ¿Cómo? Mediante una tasa de referencia que ninguna administración pública, ya fuese gobierno, cabildo o ayuntamiento, podía sobrepasar en su gasto. Incluso cuando la institución cerrara el ejercicio con superávit, se debía destinar el dinero sobrante a amortizar deuda. Esta pauta se mantiene hasta ahora pese a las múltiples reclamaciones de las entidades locales, insulares y regionales. Solo en las Islas, cabildos y ayuntamientos tienen bloqueados más de 3.800 millones.
Además de la anulación de la regla de gasto para este año, que ya tiene el visto bueno del Ministerio, se baraja la posibilidad de hacer extensiva tal medida a 2021, pero aún no hay nada decidido al respecto. El nuevo decreto que impulsará Montero en las próximas semanas sí contemplará, en cualquier caso, la prórroga para este año del uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles. Es decir, aquellas que no comprometan presupuestos futuros, por lo que se tratan de inversiones destinadas principalmente a proyectos menores. El impacto de esta medida alcanzaría, según apunta el Ministerio en una nota de prensa, los 987 millones. Los ayuntamientos quieren, en buena medida, emplear ese excedente en el área social, una posibilidad que siempre ha estado en la cuerda floja y que recientemente fue abierta. Eso sí, limitada a solo un 20% del superávit.
El nuevo documento en el que trabaja el departamento de Montero para alcanzar un mayor acuerdo y evitar el rechazo que concitó el anterior dará vía libre a la conclusión en 2021 de los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados el año anterior y que se estén costeando con superávit de 2018. El impacto potencial de esta medida podría alcanzar los 621 millones. También se habilita la utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.
Hernández recalca que "cualquier medida que favorezca la capacidad de maniobra a la hora de atender la demanda de servicios es bienvenida". Más aún porque la delicada situación económica generada por la irrupción del Covid se agudiza y el tiempo apremia. "La situación cada vez es más difícil de afrontar y nadie se explica que teniendo recursos no puedas utilizarlos por culpa de una ley que se hizo en un momento concreto", recalca. Ahora, insiste el vicepresidente segundo de la Fecam, es momento de seguir la nueva línea de trabajo abierta y de que Montero busque "más puntos de encuentro y menos de discusión".
El acuerdo rechazado por el Congreso de los Diputados la semana pasada posibilitaba a los municipios gastar 5.000 millones a cambio de ceder al Estado el resto de los ahorros que habían acumulado durante los últimos años con la promesa de recuperar tal préstamo en quince años. La revuelta de los alcaldes echó por tierra esta propuesta, que recibió 193 votos en contra frente a 156 síes, justo el apoyo que suman los dos partidos que integran el Gobierno (PSOE y Podemos) más el del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. El alcalde de Telde, Héctor Suárez (CC), se mantiene a la expectativa de conocer el detalle del nuevo decreto que prepara el Ministerio. El anterior, remarca, era "injusto" porque "no atendía a las dificultades de las distintas corporaciones locales". El ayuntamiento de la Ciudad de los Faycanes aún tiene que responder a un plan de ajuste, por lo que Suárez teme que se pueda establecer de nuevo algún tipo de cortapisa para que los municipios en su misma situación no se beneficien de las medidas anunciadas. "Esperamos que sean flexibles, que las medidas no sean restrictivas y que lleguen a todos los ayuntamientos", apunta.
La Junta de Portavoces de la FEMP se ha mostrado "mayoritariamente receptiva" con la nueva batería de acciones, según señaló ayer su presidente, el socialista Abel Caballero. La Federación reclama, en cualquier caso, que se añada el fondo de transportes para los ayuntamientos.
Rectificación "insuficiente"
El líder del PP, Pablo Casado, también mostró ayer su alegría por la decisión de Hacienda de impulsar un nuevo decreto después del fracaso del primero. "La rebelión de alcaldes liderada por el PP evitó que confiscaran sus ahorros para los vecinos más afectados por covid", afirmó Casado, según recoge Efe. El portavoz de los populares en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, señala, no obstante, que si bien la "rectificación" era necesaria, "no es suficiente" porque no recoge fondos extraordinarios de ayudas para todos los ayuntamientos. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), es de la misma opinión. El consistorio santacrucero fue uno de los más beligerantes con el anterior decreto que Hacienda no logró convalidar en el Congreso. Bermúdez, que espera ahora "leer la letra pequeña" del nuevo para valorar el mismo, confía en que el Ministerio cuente con todos los ayuntamientos para perfilarlo. Aunque valora la supresión de la regla de gasto para este año, entiende que esa es solo "una parte del trabajo, pero no todo el trabajo". El fondo de 5.000 millones que se planteaba para repartir entre los ayuntamientos no se mantiene y se trata de un recurso que para el alcalde de Santa Cruz de Tenerife resulta "muy interesante". Reclama, a su vez, que el decreto sea "exprés" dada la urgencia que presentan los ayuntamientos.
También Casimiro Curbelo (ASG), presidente del Cabildo de La Gomera, ve con buenos ojos el paso dado por Hacienda, pero entiende que "sigue siendo insuficiente para afrontar la merma de recursos". "Necesitamos que se dé un paso más, permitiendo hacer uso de sus remanentes", mantiene.
