El Ministerio de Industria, el Gobierno regional y Puertos de Las Palmas mantienen Arinaga como la única opción posible para la instalación de la planta regasificadora de Gran Canaria. De hecho, el estancamiento que sufre desde hace cinco años el informe de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente se debe a que la Autoridad Portuaria no renuncia a que la instalación gasista se ubique en el sureste.

Mientras tanto, la guerra dialéctica entre el Ejecutivo regional y el Cabildo de Gran Canaria por la redacción del plan especial territorial que debe regular la implantación del gas en la Isla se ha convertido en un capítulo más de una polémica que mantiene paralizado el proyecto desde hace más de un lustro.

El Ministerio de Medio Ambiente justifica que no haya realizado la declaración de impacto ambiental en que "el puerto de Arinaga se ha reducido notoriamente respecto al proyecto inicial y en la documentación última se indica que no se piensa alojar en la explanada del puerto la planta regasificadora", afirman fuentes ministeriales.

Desde el departamento que dirige Rosa Aguilar se ha solicitado "al promotor del puerto que haga otra información pública con la nueva configuración del puerto y aún no ha llegado el expediente completo para hacer la declaración de impacto ambiental". Por ello, "si se pretende instalar la regasificadora se requerirá que se busque un nuevo emplazamiento y se inicie un nuevo procedimiento de estudio de impacto ambiental", advierten las fuentes consultadas del Ministerio de Medio Ambiente.

Pero el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, propietaria del recinto de Arinaga, Javier Sánchez-Simón, señala que "el Puerto no ha renunciado a la planta y por eso hemos pedido al ministerio que haga la declaración sobre el proyecto original". El presidente del organismo portuario se muestra a favor de la introducción del gas y considera que Arinaga es la única opción posible porque "el principal cliente es la central de Juan Grande".

Pero también el Ministerio de Industria apuesta por esta fuente de energía, aunque cada vez que se revisa la planificación energética modifica las fechas de construcción de las plantas. En el último documento de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 establece para Gran Canaria una regasificadora cuya previsión de puesta en funcionamiento es para 2012, mientras la de Tenerife la prevé para este año.

El informe se redactó en 2008 y es la tercera ocasión en que el ministerio que dirige Miguel Sebastián tiene que modificar sus previsiones como consecuencia de la dilación a la que han estado sometidas las dos instalaciones por el sinfín de problemas que han jalonado su tramitación. Sobre todo, por la frontal oposición de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, en el caso de Arinaga, y por los ecologistas, en el caso de Granadilla.

Otra batalla paralela es la que sostienen el Cabildo de Gran Canaria y el Ejecutivo autónomo a cuenta de quién debe redactar el plan especial territorial. Enredados en una polémica sin sentido, el Gobierno (CC) y la Corporación insular (PSC-NC) llegan a las elecciones autonómicas y municipales como hace cuatro años: sin definir el modelo energético de la Isla. El consejero de Política Territorial del Cabildo, Emilio Mayoral, insiste en culpar al Gobierno porque "no ha dejado que redactemos el plan que ya teníamos esbozado cuando asumieron su elaboración". La Corporación planteaba entonces hasta ocho ubicaciones, tres en tierra (puerto de La Luz, Arinaga y Juan Grande) y hasta cinco posibles en el mar.