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El CIE de Barranco Seco: instalaciones carcelarias y falta de protección jurídica

Un informe de los jesuitas evidencia las malas condiciones de los centros de internamiento

Detención de los 13 ocupantes de la patera legada ayer a La Hondura, en Fuerteventura, con siete menores.

Detención de los 13 ocupantes de la patera legada ayer a La Hondura, en Fuerteventura, con siete menores.

El exceso de esencia carcelaria, reminiscencias franquistas, humedad y malos olores del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco contrasta con la falta de una orientación jurídica que proteja los derechos de los migrantes, a los que tampoco se les dan alternativas socioculturales ni clases de español, como muchos demandan. Son algunas de las conclusiones del demoledor informe elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre el estado de los CIE el año pasado, en el que analiza el papel de unas instalaciones “costosas, innecesarias e inhumanas” cuyo cierre vuelven a solicitar una vez más.

Esta vez, lo hacen amparados en el hecho de que la pandemia dejó los centros vacíos, hasta que en Canarias se tuvieron que reabrir a finales de septiembre, ante la llegada de 2.148 personas en 89 pateras, cifras que no se habían visto desde la crisis de los cayucos de 2006. En los primeros nueve meses del año, la entrada de migrantes se multiplicó por seis con respecto al mismo periodo de 2019, ya que arribaron 6.081 personas. Con el coronavirus, apareció la imposibilidad de expulsar a los migrantes por el cierre de fronteras y el riesgo que entraña el contacto forzoso en espacios exiguos para internos y personal de servicio. De hecho, el juez de control de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, prohibió el pasado 8 de octubre más ingresos para evitar contagios y advirtió de que volvería a cerrar el CIE –como ya hizo en abril durante el confinamiento– si se producía algún caso de coronavirus.

Los jesuitas confían en que la pandemia tenga el efecto positivo de abrir los ojos de una vez al Ministerio del Interior sobre la necesidad de cerrar unos centros de esencia carcelaria, donde se encierra a unas personas, en su mayoría jóvenes, que no han cometido ningún delito. Además, SJM denuncia que haya personas internadas que no deberían estarlo de acuerdo con la ley pues deben ser protegidas: menores de edad, víctimas de trata, refugiados o quienes padecen problemas de salud física o mental. “Hay que tener una mentalidad que anteponga la protección a la expulsión”, recoge el informe. Una protección que no hace acto de presencia en Barranco Seco, donde no existe un Servicio de Orientación Jurídica del que sí disponen otros centros, tal y como denunció el propio Díaz Tejera, lo que deja indefensos a los numerosos malienses que llegan a las Islas procedentes de un país en guerra.

El juez de control de este CIE ha sido siempre muy duro con el centro y de sus críticas se hace eco el informe: “Mantiene la estética, los olores y los ruidos de las cárceles de la dictadura”, se queja Díaz Tejera, que además señala la excesiva humedad, que provoca que los techos se caigan por las filtraciones, así como la necesidad de una mayor frecuencia de muda –especialmente de prendas interiores– o el peligro de contagio de hongos –por lo cual insta a que entreguen chanclas a los internos–.

Unas pésimas condiciones en la estructura de Barranco Seco que su remodelación no solucionó, a pesar de la inversión de un millón de euros y del año y medio que duraron las obras, lo que da idea del estado de esta antigua cárcel franquista. A estas instalaciones claramente defectuosas se suma la falta de oferta de actividades socioculturales para estos jóvenes, a los que tampoco se les enseña a hablar español, tal y como ellos demandan sin éxito.

PISTOLAS EN HOYA FRÍA

El informe del Servicio Jesuita a Migrantes también hace referencia a los hechos ocurridos en el CIE de Hoya Fría el 22 de septiembre de 2019, cuando una serie de disturbios terminaron con la fuga de uno de los internos. El mes anterior, se habían producido dos sucesos similares, con la huida de 40 migrantes en total. Un equipo del Defensor del Pueblo acudió a las instalaciones tinerfeñas y visionó grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se apreciaba que los agentes portaban material antidisturbios en el interior del establecimiento, así como que muchos funcionarios policiales llevaban su arma de fuego reglamentaria en el interior del CIE y accedían a las galerías de habitaciones con ellas.

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