Los presupuestos autonómicos de 2021 suben la inversión pública para tirar de la actividad económica en un año de crisis y aumentan el gasto social para garantizar los servicios públicos y hacer frente al aumento del paro y la pobreza. Canarias se moverá el próximo año en un contexto de recesión ante la fuerte caída del Producto Interior Bruto (PIB), que se prevé que descienda un 21,6% en 2020, lo que en cifras absolutas equivale a 11.000 millones de euros de pérdida de la riqueza económica global de las Islas, que al cierre de 2019 superaba los 47.000 millones de euros.
El Ejecutivo, encabezado por el presidente Ángel Víctor Torres y el vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez, informó ayer a las organizaciones empresariales y sindicales de las líneas generales de las cuentas autonómicas, que hoy tienen previsto aprobarse en una reunión extraordinaria. El incremento global del presupuesto es del 5% pero es significativo que la inversión crece un 17%, con 1.178 millones de euros, mientras que el gasto social sube más de 300 millones de euros para reforzar la sanidad, además de la educación y las políticas sociales.
Los agentes sociales y económicos, sobre todo los empresarios, celebraron que no se toquen los impuestos al alza en 2021, frente a lo que hace el Estado, y que Canarias tampoco tenga que recurrir al endeudamiento para nutrir el presupuesto. Las partidas procedentes de la financiación autonómica y de las entregas a cuenta servirán, junto a los fondos propios de la Comunidad Autónoma, para confeccionar un presupuesto expansivo pese a no contar aún con la financiación extra procedente de Europa.
Como viene sucediendo en los últimos ejercicios, el 75% del presupuesto irá destinado a políticas sociales donde se incluyen también las políticas de empleo y la vivienda junto a la dependencia, las ayudas sociales, etcétera. Empresarios y sindicatos están a la espera de conocer el detalle de las partidas destinadas a las políticas sectoriales, ya que la mayoría de los sectores económicos necesitarán el apoyo público tras la brecha abierta por la crisis del coronavirus.
El proyecto de presupuestos contempla una tasa de paro del 22,3% al cierre de este año y un 24,7% en 2021. La caída del PIB en 2020 será compensada el próximo año con una subida prevista del 17,3% y la recuperación de parte de la riqueza económica perdida por la crisis de este año.
Asimismo, la Consejería de Hacienda incluye parte de los fondos del convenio de carreteras que el Estado adeuda a Canarias por las sentencias del Tribunal Supremo. De los 500 millones que negocian los dos gobiernos, las cuentas del próximo año integran los primeros 100 millones para gasto corriente asociado a los servicios públicos. Los 500 millones adelantados en su momento por la Comunidad Autónoma por los recortes del Gobierno central será integrados en el convenio de carreteras actual de forma plurianual.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, calificó el proyecto presentado por el Ejecutivo de “razonable” y “realista” pero sí advirtió que en 2022 y 2023 se notará la caída de los ingresos del Estado, lo que restará fondos de la financiación autonómica. Ante esta perspectiva, Manrique apuesta por la reactivación de la actividad económica en los dos próximos años para que la Comunidad Autónoma pueda recuperar la caída de ingresos de este año y afrontar los próximos ejercicios con garantías suficientes de solvencia financiera, algo que ha servido a Canarias para evitar el endeudamiento en 2021.
