Lentas pero seguras. Así han comenzado las repatriaciones de los inmigrantes marroquíes llegados a Canarias en patera en los últimos meses. El Ministerio del Interior organizó el pasado lunes un primer viaje a El Aaiún de unas 20 personas, y ayer volvía a repetirse la maniobra desde el mismo aeropuerto de Gran Canaria. Las conversaciones con Marruecos comienzan a dar resultados, y el objetivo es que los vuelos se multipliquen y salgan todas las semanas aviones con más de 50 inmigrantes.

El cierre de fronteras derivado de la pandemia había bloqueado a los recién llegado en el Archipiélago, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Rabat el pasado 20 de noviembre con dos objetivos claros: multiplicar las deportaciones y reforzar la colaboración para frenar las salidas en origen. Y el primero, ya está en marcha. El número de inmigrantes por avión todavía es muy inferior respecto a los marroquíes que han desembarcado en las Islas, pero el mensaje que quiere enviar el Estado con las repatriaciones es el mismo que también defiende Europa: “los que lleguen de forma ilegal será deportados a sus países”.

También se han reactivado recientemente las devoluciones a Mauritania y Senegal, y se espera impulsarlas también a Argelia. Pero en esta crisis migratoria Marruecos es especialmente protagonista. En los últimos meses, la mayoría de las pateras ya no parten de Senegal y Mauritania, –al contrario de lo que ocurrió en la crisis de los cayucos de 2006– y sí de las playas marroquíes. Además, gran parte de los inmigrantes son hombres, aunque también hay bastantes menores de edad.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se desplazará el próximo 17 de diciembre hasta Marruecos para reforzar la colaboración con el país vecino en política migratoria y otras cuestiones. Lo hará en una cumbre bilateral en la que también participarán la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Por otro lado, la negativa del Gobierno a las derivaciones de inmigrantes a la Península comienza a tambalearse. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aplaudió ayer al País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura, la Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento de Barcelona, por ofrecer plazas de acogida a migrantes. Y además, avanzó que harán uso de estas “en las próximas semanas”.

A pesar de dar luz verde a estos traslados, el ministro recalcó que España acogerá solo a las personas vulnerables, que pidan protección internacional. El resto, será repatriado. Además, insistió en que la mayoría de personas que están llegando a Canarias son “retornables”, y justificó que se les mantenga en las Islas con la expectativa, según él, de vuelvan a sus países. Escrivá, reconoció que alojar en hoteles a estas 7.000 personas está suponiendo un coste elevado para el Ejecutivo y aseguró que el muelle de Arguineguín “no estaba preparado” para recibir a tantas personas. A pesar de ello, no le consta que se hayan producido vulneraciones de derechos fundamentales.

Las RUP piden a Bruselas apoyo con la inmigración

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó ayer ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea un dictamen en el que solicitan a la Comisión Europea (CE) apoyo en materia de inmigración para las regiones ultraperiféricas (RUP) y por el impacto de la Covid-19. Torres destacó las consecuencias negativas que ha tenido la crisis del coronavirus en los mercados laborales de estas regiones y el enorme reto que plantea la gestión de la inmigración irregular, que llega de los países vecinos. “Canarias está azotada en este momento por este fenómeno. Más de 20.000 personas han llegado en 2020, un aumento del 1.000 %, y 2.000 menores no acompañados están en estos momentos siendo tutelados en Canarias. Necesitamos una respuesta que evite que se camine hacia el confinamiento de los territorios insulares”, dijo Torres. El dictamen recuerda a la CE su compromiso de prestar apoyo a estas regiones para gestionar la inmigración e insta a que se prevean medidas específicas a través del Fondo de Asilo y Migración para 2021-2027. | Efe