Alrededor de 700 familias de las Islas no saben si hoy podrán dejar a sus hijos en las escuelas infantiles del Gobierno de Canarias. Es uno de los efectos de la primera de las seis jornadas de huelga convocada, hasta marzo, por los trabajadores de la Administración Pública canaria que, tras años en sus puestos –más de 20 en algunos casos–, se enfrentan a la tesitura de tener que afrontar un proceso selectivo desde cero. De lo contrario, se quedarían en la calle.
La Dirección General de Protección de Infancia y Familia se dirigió al final de la semana a los usuarios de los trece centros públicos autonómicos que albergan a niños de entre cero y seis años. Hizo saber a sus padres que no está garantizada “la atención de todos los menores” en los centros. Tampoco pudo hacer una previsión, ya que, más allá de los servicios mínimos, no sabía hasta esta misma mañana el nivel de seguimiento que tendrá el paro. “El personal no tiene el deber de comunicar”, advirtió la dirección general, si irá a la huelga o no.
Es solo la punta del iceberg de un problema que afecta a unos 26.000 empleados públicos de la Administración regional. Europa ha afeado a España el uso masivo de la temporalidad para dotar de personal a sus instituciones. So pena de sanciones económicas, el Gobierno central ha de mover ficha para corregir el desaguisado que se ha ido engordando durante las décadas pasadas.
A primera vista, la cuestión parece clara: se convocan oposiciones y el que las apruebe ganará una plaza. Ahora bien, ¿qué hacer con quienes durante años han estado ocupando esos puestos? El camino que parece tomar la Administración es el del borrón y cuenta nueva, como si nunca nadie hubiera ocupado esos puestos, y ahí comienzan las diferencias.
¿Quién genera el problema?
Para comenzar, habría que establecer qué parte ha generado el problema. “La tasa de temporalidad admisible está entre el 7% y el 8% y en Canarias es del 46%”, destaca Mayte Ramos, desde el departamento de Comunicación de la Consejería de Turismo. Lleva en la misma área, con diferentes responsabilidades, desde 1997, saltando de contrato en contrato y de empresa en empresa.
En 2005 presentó una demanda para aclarar su situación y un juez de lo Social emitió una sentencia conminando a considerarla a todos los efectos como personal laboral indefinido del Ejecutivo autonómico. “Les da igual, en mi nómina continúan poniendo que soy temporal”, lamenta. Entiende que, como cualquier otro trabajador, pueden prescindir de sus servicios en cualquier momento, “pero no por un proceso en el que se obvie que esta plaza está cubierta”. Es decir, como si ella nunca hubiera trabajado allí. Con el agravante de que cualquier “empresa privada tiene que presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) que debe ser visado por la autoridad laboral si afronta despidos masivos”, añade, mientras que las salidas que se prevén en este ámbito podrían ni tan siquiera generar derecho a la lógica indemnización.
Es tan solo uno más de los problemas ensolerados a lo largo de muchos años por los sucesivos rectores públicos de la Comunidad Autónoma Canaria. Yaiza Macario, auxiliar de Servicios Complementarios en la Consejería de Educación, subraya que cualquier trabajador de cualquier empresa privada “pasa a ser fijo después de cuatro años”. De lo contrario, “hay sanciones por parte de la Administración”, continúa, “pero no ocurre lo mismo cuando es esta la que comete esa ilegalidad”, explica.
El colectivo lamenta que hasta el momento se haya intentado dar la impresión de que son un grupo de enchufados que alguien puso ahí. “Yo pasé dos exámenes”, aclara Macario; “las tres cuartas partes de los interinos han superado un proceso selectivo”, añade Ramos.
En medio de toda la disputa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) advirtió el pasado mes de marzo a España que, si bien debe corregir la alta tasa de temporalidad, debe hacerlo sin causar agravios a quienes considera víctimas de esta situación: los trabajadores a los que se ha impedido consolidar sus plazas durante todos estos años.
Por lógica, tampoco debe reducir el servicio a la ciudadanía, situación que puede darse en muchos de los casos. Dácil García es médica adjunta en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Desde 2011 ha rubricado 22 contratos temporales y en ese tiempo se ha especializado “en VIH y hepatitis C”.
“¿Miedo yo a un examen? Si lo llevo haciendo toda la vida”, afirma. No obstante, entiende que no es procedente valorar si puede estar o no en su puesto preguntándole por “el lupus; yo me he especializado durante todos estos años, me he formado”, insiste. Apartarla sería restar el valor añadido que puede aportar y, de paso, darle un último aplauso tras enfrentarse al Covid desde la primera línea.
Dácil García, médica adjunta del HUC
Dácil García (41 años) terminó el MIR en 2010 y en mayo de 2011 entró como eventual en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) tras superar un proceso selectivo. Nueve años después es médica adjunta del Servicio de Enfermedades Infecciosas y en ese tiempo se ha especializado en VIH y hepatitis C. La pandemia la ha vivido en primera línea. Empezó a firmar contratos “de tres meses, luego de seis” mientras realizaba las mismas tareas que sus compañeros con plaza consolidada. “Pero con menos derechos”, advierte, porque se quedó embarazada y no contó ni con las horas “para la lactancia” en tiempos en que la lucha por la igualdad estaba por llegar a la Administración.
Miguel Quintero, psicólogo forense
En enero de 2001 entró en vigor la Ley del Menor, “tramitada durante un año”, por tanto, “la Administración autonómica estaba avisada, pero, como siempre improvisaron”. De ese modo, y tras “aprobar” una oposición, este doctor en Psicología de 51 años entró a formar parte del aparato de Justicia. “Saqué la plaza, pero era para personal temporal. Había un acuerdo para consolidar a los que venían de los 90 con el problema que nosotros tenemos ahora”, rememora. Luego ese acuerdo lo tumbaron los tribunales,. Estuvo en la gestación del Servicio de Justicia Juvenil, por lo que “nadie puede hablar” de delincuencia en ese tramo de edad como quienes ahora se ven al borde del precipicio.
Yaiza Macario, auxiliar en Educación
Yaiza Macario aclara que ahora es “liberada sindical”. Con solo 21 años realizó “un examen teórico y otro práctico” para acceder a las listas de reserva para auxiliar de servicios complementarios (comedores) de la Consejería de Educación. En febrero de 2006 firmó su primer contrato, “una sustitución”. Dos años después se convirtió en interina con plaza en el CEIP La Cerruda, en el barrio tirajanero de El Doctoral. Hoy cuenta con 38 años, dos hijos y su trabajo es la principal fuente de ingresos para la familia. “Si ahora convocan una oposición, ¿estamos realmente en igualdad de condiciones teniendo que conciliar la vida laboral con la familiar y, además, prepararnos? No”, contesta sin dudar.
Mayte Ramos, comunicación en Turismo
Llegó a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias en 1997 y estuvo “los tres primeros meses sin contrato”. Mayte Ramos (50 años) lleva casi 23 años trabajando para la Administración canaria. “Luego me pidieron que presentara una factura para poder pagarme”, detalla sobre un claro caso de falso autónomo promovido desde la Administración. Después fue saltando de empresa pública en empresa pública con contratos de seis meses, hasta que en 2005 decidió denunciar su situación y un juez mandató que se la considerase personal laboral indefinida. “En la nómina siguen poniendo temporal”, lamenta y añade que podrían haberla despedido en los tres primeros años; “ahora ya, no”.
Loreto Pérez, técnica Superior de Empleo
Desde el primer día de julio de 2002, Loreto Pérez (47 años) trabaja en el Servicio de Empleo. Accedió tras superar un proceso selectivo y estando dentro se presentó a otra convocatoria –en 2005– para formar parte de una bolsa de empleo para técnicos en calidad de temporales. “No queremos para el servicio público”, señala sobre la huelga, “solo tener la tranquilidad de que no vamos a perder el empleo”; algo que en su caso, al frente de una familia monoparental y con un hijo de cinco años, se le hace impensable. Por sentencia es personal laboral indefinido y sostiene que “el abuso” de la temporalidad “lo tiene que reparar la Administración, pero unas oposiciones abiertas no lo garantizan”.
