Solares, plazas y pastos, entre los 532 registros de bienes de la Iglesia en las Islas

En Canarias se inmatricularon 532 bienes. Por provincias, Las Palmas cuenta con 276 propiedades y Santa Cruz de Tenerife con 256, de las que 407 están registradas con la certificación eclesiástica y 125 con otros títulos habilitantes. Del total, 358 están inscritas como templos y dependencias complementarias, y 174 corresponden a otros usos, lo que incluye fincas rústicas, pastos, viviendas, solares o, incluso, plazas públicas. La Iglesia Católica ha evitado el pago de tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los de donaciones y limosnas o el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, en sus propiedades si bien el Tribunal de Justicia de la UE señala que la exención solo rige sobre inmuebles dedicados al culto, pues ofrecerla a todo el conjunto puede considerarse ayudas ilegales de Estado. Ahora se abre públicamente el melón de todas las propiedades que tiene registradas la Iglesia y, por tanto, la vía a las reclamaciones. De hecho, distintos ayuntamientos, como el de Puerto del  Rosario o el de Ingenio, estudian la propiedad de la Iglesia en sendas plazas en sus municipios.

El caso del kiosco de la plaza de la Iglesia en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, es especialmente llamativo, porque la Diócesis de Canarias decidió rescindirle el contrato hace semanas y este puesto es un referente de hace 60 años en la capital majorera. La Iglesia ha salido mal parada en las redes sociales con su decisión y Podemos ha solicitado al Ayuntamiento que pida la devolución de la propiedad, al argumentar que “debe ser el Consistorio el que decida las actividades que deben desarrollarse en la plaza, y no estar sometido a criterios arbitrarios de la iglesia”. El alcalde socialista Juan Jiménez indicó ayer que está estudiando pedir la devolución de esta plaza, y en el pleno del lunes se debatirá la cuestión del kiosco.

La Iglesia defiende la legalidad de los registros y sostiene que gran parte son donaciones

Pero no es el único caso. También la Iglesia ha registrado la parroquia de San Antonio y su plaza en Ingenio, o la plaza de San Isidro en Arucas. Según el Colegio de Registradores de las Islas se han hecho muchas donaciones de fincas rústicas o viviendas de feligreses, pero temas de plazas o calles colindantes es más discutible porque es un uso público. De hecho, los ayuntamientos corren con los gastos de sus reparaciones o adecentamiento pero la Iglesia, por ejemplo, en el kiosco de Puerto del Rosario es la que cobra el alquiler: 1.400 euros al mes, y ha decidido rescindirle el contrato porque las exigencias sanitarias y las medidas impuestas por la pandemia de la Covid-19 sobre la acotación del espacio, mesas y sillas para los clientes, entre otras medidas, “no son aprobadas por la Diócesis de Canarias”, aclara Orlando Darias, el regente del kiosco.

Sí Podemos Canarias en el Parlamento solicitó ayer la comparecencia del Gobierno regional en la Cámara autonómica para que explique las implicaciones de las 532 inmatriculaciones que la Iglesia ha hecho en las Islas desde 1998. El portavoz, Manuel Marrero, demandó a los gobiernos central y autonómico que reclamen todos los bienes de patrimonio histórico de carácter religioso y poner a disposición de ayuntamientos y particulares el apoyo para recuperar los bienes indebidamente inmatriculados.

Bienes del clero en toda España

Tras hacerse público el informe elaborado por el Gobierno de España sobre las inmatriculaciones de bienes por la Iglesia, Manuel Marrero cree que el Ejecutivo español debe “aprobar fórmulas normativas para declarar nulas las inmatriculaciones realizadas sin títulos suficientes”. En el informe se subraya que no bastaba “la mera certificación con la firma del obispo”, expone Marrero, que en el caso de la provincia tinerfeña asciende a 208 de las 256 inscripciones, y en la de Las Palmas a 199 de las 276.

Hipólito Cabrera, vicario general de la Diócesis de Canarias, defiende la legalidad de todas las inscripciones y recalca que muchas de ellas, como en Fuerteventura -donde unas sesenta corresponden a fincas rústicas y pastos- , son donaciones antiguas de los vecinos, al igual que los terrenos de las plazas adyacentes a las iglesias. La Conferencia Episcopal señala sobre esta polémica que es evidente que los templos, ermitas o monasterios sirven para el fin propio de la Iglesia. Pero además, la casa en la que vive el sacerdote o el local en el que se atiende un comedor social. “Tampoco tiene nada de extraño que la Iglesia posea otra clase de bienes. Y es que las parroquias, diócesis, congregaciones religiosas, etcétera, como cualquier persona jurídica, pueden recibir todo tipo de donaciones (incluso huertas, fincas, edificios u otros bienes)”, recalca.