Canarias tiene ya asegurados 600 de los más de 1.000 millones que el Estado le adeudaba en materia de carreteras cuando el actual Gobierno de Ángel Víctor Torres tomó posesión en julio de 2019, y está en condiciones de desarrollar el nuevo convenio con una inversión anual de entre 200 y 220 hasta el año 2027, fecha en la que quedará resuelto, si se cumplen los plazos convenidos entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ejecutivo regional. Torres y el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, cerraron ayer con el ministro responsable, José Luis Ábalos, la adenda del nuevo convenio por la que se amplía en dos años la duración del mismo, hasta el 2027, y con la que precisamente se concreta el pago de la parte de la deuda que se refiere a obra no certificada, 405 millones.
La adenda la firmarán en las próximas semanas Torres y Ábalos, que se desplazará para ello a Canarias, aunque antes deben resolverse algunos trámites con el Ministerio de Hacienda. En todo caso, tanto el presidente regional como el consejero resaltaron ayer que con este paso queda por fin “despejado el horizonte financiero del convenio de carreteras” y asegurada una ejecución de obra anual que permitirá cumplir el objetivo de haber gastado en el plazo establecido en el propio convenio toda la inversión prevista.
Torres aseguró en este sentido que “en el verano de 2019 recibíamos un problema no resuelto de 1.000 millones de deuda en carreteras, 500 millones que han ido a superávit y otros 500 millones a discutir con el Gobierno de España, y a día de hoy ya tenemos resueltos 600 de ellos, los 500 de la adenda, y los 100 millones que, con la supresión de las reglas fiscales, ya se incluyen para gasto corriente del Gobierno para este año”. Añadió además que se trabajacon el Ministerio de Hacienda para buscar solución a los otros 400 que restan.
Torres resaltaba así que, contrariamente a lo que considera que hizo el anterior Gobierno de CC, su Ejecutivo ha sabido negociar y colaborar con el Estado para dar “solución definitiva al conflicto de la deuda estatal en carreteras”.
Franquis incidió en la misma idea al asegurar que con la firma de la adenda para incorporar 405 millones durante los años en que se prolonga el convenio –de 2025 a 2027–, más otra cantidad de 87 millones que ya se habían abonado en 2018 correspondientes al convenio anterior, se da carpetazo a un pleito con el Estado en esta materia considerando que hay garantía de que Canarias irá recibiendo otros 100 millones anuales de la parte que antes estaba computada como deuda pero que el Ministerio de Hacienda autoriza ahora a utilizar como gasto corriente. “Se despeja de forma definitiva el convenio y nos centramos ahora en seguir planificándolo y desarrollando los contratos y las obras para que el convenio se pueda ejecutar en plazo, que es nuestro objetivo”, afirmó.
Franquis explicó que su consejería remitió hace dos semanas al Ministerio el borrador de la adenda y que Ábalos la ha asumido en su totalidad para incrementar en esas dos nuevas anualidades “esa famosa deuda de obra no certificada que nunca se llegó a transferir a Canarias”. Según dijo, “estamos en estos momentos ejecutando obra del año anterior y había una situación de inseguridad jurídica para ambas administraciones porque estamos pagando obra del convenio anterior, por ejemplo la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, y la idea es que incorporáramos las obras que tenemos en marcha del convenio anterior al nuevo”.
Franquis insistió en que “Canarias va a cumplir con su compromiso de gastar el dinero que tenemos en los Presupuestos en los próximos años” y afirmó que “la idea es que haya un paquete de obra pública en marcha”. Asegura que la Consejería está “en condiciones de gastar en torno a 200-220 millones cada año y cumplir con las previsiones que tiene el convenio. Estamos planificando para que sea así”.
Islas sostenibles
Por otra parte, Torres se entrevistó también ayer en Madrid con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la que abordó los proyectos con los que Canarias aspira a recibir 590 millones de euros de los fondos europeos para la reconstrucción en lo que calificó de “apuesta clara” por los territorios singulares en base a partidas de programas como el de ‘Islas sostenibles’, 460 millones a repartir entre Canarias y Baleares; de fondos para la automoción, cerca de 40 millones para Canarias, y de costas, entre otras. En definitiva, según explicó Torres, “estamos hablando de la mayor partida económica que jamás ha recibido Canarias para su transformación mediaombiental y tenemos que aprovechar esta oportunidad”.
“Tenemos por delante el reto de ejecutar todos esos fondos que vienen de Europa y tenemos que ser raudos para que ningún euro deje de invertirse para la transformación verde y azul del Archipiélago”, afirmó el presidente.
Torres también trasladó a Ribera la pretensión de la Comunidad Autónoma de que se le sean transferidas lo antes posible desde su departamento las competencias de costas, según recoge el nuevo Estatuto de Autonomía y de acuerdo con la disponibilidad para ello que ya ha manifestado el Ministerio de Política Territorial, con quien se negociará políticamente esa transferencia y el resto de las reconocidas por el nuevo texto estatutario.
Vigilancia sobre el nuevo sistema de reservas aéreas
La dirección general de Aviación Civil se ha puesto en contacto, a petición del Gobierno de Canarias, con las compañías aéreas de ámbito nacional que todavía no aplican el nuevo sistema de reserva de billetes y siguen pidiendo en el inicio del proceso la residencia en lugar de hacerlo al final tal como establece la nueva normativa vigente desde el 28 de febrero. El consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, afirmó ayer que este nuevo requisito sí se estaba cumpliendo por parte de las compañías canarias, tanto aéreas como marítimas, pero que “hay otras nacionales que no lo están haciendo en los términos que hemos pedido, que tiene que ser de un forma clara, transparente y directa, y le hemos traslado esta preocupación a Aviación Civil”. Según explicó, esta dirección general dependiente del Ministerio de Transportes “se ha puesto en contacto con esas compañías y esperamos que en los próximos días esté resuelto”. Franquis recordó que “este fue un cuerdo conseguido en la cumbre de los territorios extrapeninsulares y lo elevamos para que se incluyera en la ley de Presupuestos Generales del Estado y exigimos que se haga cumplir en la idea de controlar la evolución de los precios”. | J.A.
