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Sepca aplaude el informe jurídico que avala la fijeza de los interinos sin oposiciones

El sindicato de empleados públicos propone que se les considere personal indefinido hasta su jubilación

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) aplaudió ayer la nueva figura jurídica que propone la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, Emilia Casas, para hacer fijos a los 800.000 empleados públicos de España en abuso de temporalidad que han encadenado contratos temporales o prórrogas sucesivas durante años en puestos que cubren necesidades permanentes en las administraciones públicas españolas.

El secretario general del Sepca, Manuel González, mostró su satisfacción por este profundo estudio jurídico de la jueza que ha dictaminado la constitucionalidad de declarar fijos a este personal con una figura llamada “trabajadores públicos a extinguir”, que les dé estabilidad hasta su jubilación y que se podría denominar personal estabilizado con carácter indefinido, tal y como ha propuesto el Comité de Huelga en las dos reuniones de negociación llevadas a cabo con el Gobierno de Canarias durante el conflicto, informó la organización sindical.

Además indica que la figura del trabajador “a extinguir”, que ha sido propuesto por Sepca desde el año 2016 al Gobierno de Canarias como solución al conflicto de la temporalidad abusiva, aparece recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en una disposición sobre la integración del personal de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales o fundaciones del sector público, por lo que, tiene “apoyo normativo” sobre el que sustentarse.

Sepca quiere hacer hincapié en la urgencia de que se dé solución a este conflicto, que mantiene en huelga desde el pasado mes de diciembre a más de 3.000 empleados públicos del sector de Administración General, tal y como la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, aboga ante la “infracción flagrante” y continuada del derecho europeo y la ausencia en el ordenamiento jurídico español de medidas “eficaces y efectivas” para sancionar la temporalidad.

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