La oposición parlamentaria arremetió ayer unánimemente en la comisión de control de RTVC contra la decisión de los grupos del gobierno de aplazar de nuevo el nombramiento de la Junta de Control del ente, ante lo cual el administrador único, Francisco Moreno, se ha comprometido a no tomar ninguna decisión que tenga que ser fiscalizada por ese órgano.

Pese a las continuas alusiones al aplazamiento en el nombramiento de la Junta de Control por parte de CC-PNC, PP y Cs, ninguno de los representantes del pacto que sostiene al Gobierno regional –PSOE, NC, Podemos y ASG– hizo alusión al asunto en las dos horas y media de debate.

El que sí contestó a este retraso fue Francisco Moreno, quien indicó que mientras el Parlamento no nombre una Junta de Control él no tomará ninguna decisión que deba ser fiscalizada por ese órgano. En concreto, aludió al vencimiento, el 30 de junio, del contrato de alquiler de infraestructuras y equipos que utiliza el ente público, y que no podrá ser renovado más veces por el administrador único a no ser que el Parlamento le habilite legalmente para hacerlo antes de su vencimiento.

Para los representantes de la oposición, el interés del Gobierno es aplazar al máximo la fiscalización de la televisión pública para mantener su control sobre la misma.

La comisión tenía dos asuntos en el orden del día, ninguno de ellos referido a la Junta de Control: una comparecencia de Moreno para dar cuenta de los contratos que prevé licitar y otra para explicar el procedimiento para el nombramiento de la directora de los servicios informativos.

Este procedimiento consistió en un concurso abierto que los representantes de la oposición sospechan que fue alterado sobre la marcha por el propio Moreno para designar a su candidata, que había sido superada en puntuación por otro aspirante, algo que el administrador único negó.

El concurso, según explicó Moreno, se convocó en febrero de 2020 aunque no se resolvió hasta noviembre por el retraso impuesto por la situación de pandemia.

La comisión evaluadora realizó una entrevista a los tres aspirantes finalistas, pero su criterio de valoración, según Moreno, incumplía las bases de la convocatoria.

De ese modo, el administrador único instó a la comisión evaluadora a que le remitiera una nueva valoración ajustada a los criterios previstos en las bases, un proceso en el que María Dolores Aguilar resultó con mayor puntuación y fue la designada. “No cambié ningún criterio, pedí a la comisión evaluadora que se ciñera a los criterios ya establecidos en las bases” y que los candidatos conocían de antemano, sostuvo.

Por eso pidió una nueva valoración y no que se repitieran las entrevistas, explicó, y subrayó que él ni hace las entrevistas ni las valora, solo se asegura de que la comisión evaluadora se atenga a las bases. Estas, no obstante, también habían levantado sospechas por lo arbitrario de sus condiciones, muy poco abiertas a perfiles diversos.

Las explicaciones de Moreno no convencieron a los partidos de la oposición. Para el diputado de CC-PNC José Alberto Díaz-Estébanez la decisión de reevaluar una de las pruebas supuso, de facto, “rearbitrar el partido” sin avisar a los equipos. “De manera que como no le gusta el resultado ni siquiera manda repertirlo, sino que después de disputado decide que lo se cuenta son los córner y no los goles”, explicó a modo de simil.

“Si quiere designar a quien le dé la gana, hágalo, si tiene que pagar deudas políticas, hágalo, pero no utilice el procedimiento para blanquear una decisión previamente tomada”, le recriminó el representante nacionalista.

Para Luz Reverón, del PP, Moreno decidió retrotraer el concurso e incluir nuevos criterios de evaluación porque él o quien “le da instrucciones” no dieron el visto bueno al candidato más puntuado.

Vidina Espino, de Ciudadanos, consideró que Moreno se encontró con que la personas designada no era la mejor valorada en un concurso que había ganado Juan García Luján. Por eso “pidió la complicidad de la comisión evaluadora”, para volver a evaluar días después y con otros criterios unas entrevistas que ni siquiera habían sido grabadas, una “chapuza” con visos de ilegalidad, según Espino.

El administrador único fue respaldado por los grupos que apoyan al Gobierno, que destacaron que por primera vez se ha nombrado una directora de informativos en un concurso abierto, mientras que anteriormente se designaba “a dedo”.