El Gobierno canario estudia intensificar el control en los puertos y aeropuertos como principal medida alternativa si el Tribunal Supremo falla en contra del cierre perimetral por islas que plantea el Ejecutivo en el caso de alcanzar los niveles 3 o 4. El pronunciamiento contrario de la Fiscalía vaticina serios problemas para el objetivo del Gobierno de que se le permita un cierre automático insular cuando se incrementen los contagios por la activación de los semáforos puestos en marcha por la Comunidad Autónoma desde el inicio de la pandemia. Las competencias autonómicas son limitadas y en ningún caso pueden vulnerar derechos fundamentales, por lo que la vía de los controles en las entradas y salidas sigue siendo la medida más efectiva pero ahora con más intensidad.
Reforzar los controles, más cribados selectivos e intensificar la obligatoriedad de los test y pruebas sobre todo de los viajeros procedentes de islas donde aumenten los contagios son algunas de las medidas que estudian los técnicos y juristas de Sanidad y Presidencia del Gobierno para activarlas en función de lo que decida el Supremo. La eficacia de esas medidas se incrementaría controlando más que se cumplan para que no sea tan aleatoria como hasta ahora y que los pasajeros no presenten síntomas.
El TSJC autorizaría limitaciones de movilidad por circunstancias sanitarias especiales
No obstante, el escenario que se contempla por parte del Ejecutivo no es un fallo que desestime totalmente el cierre perimetral sino que es muy probable que el alto tribunal disponga que esta medida sea puntual y selectiva cuando se den las circunstancias epidemiológicas que lo justifiquen en cada momento y se solicite la autorización previa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Hay antecedentes en municipios y comarcas de la Península donde los tribunales superiores han autorizado cierres concretos por una situación de riesgo alto, algo que da cierta confianza al Gabinete autonómico de que al menos el Supremo dé esta herramienta aunque más limitada.
La tendencia de los pronunciamientos judiciales en relación con las medidas puestas en marcha tras acabar el estado de alarma es a limitar las restricciones solo en aquellos casos realmente necesarios por cuestiones sanitarias y debidamente justificadas. Por ello, el sistema que tiene la Comunidad Autónoma de activación de semáforos y cierre automático de la isla no es bien contemplada ni por la Fiscalía ni por los jueces. «Suponemos que no van a autorizar el cierre perimetral de forma genérica pero confiamos en que sí lo autoricen en circunstancias especiales», mantienen fuentes del Ejecutivo.
Además de la isla, también puede darse un cierre perimetral por municipios o por barrios, como sucede en otras comunidades autónomas. El sistema implantado por el Ejecutivo regional desde el principio ha sido el de las restricciones a nivel insular porque es el ámbito más natural para limitar la movilidad, aunque tampoco se descarta por el Gobierno que haya un debate jurídico sobre la posibilidad de que haya cierres municipales si se dan las circunstancias en alguna isla.
Torres: «Pedimos algo objetivo, no cerramos una isla porque sí, es por los contagios»
La Fiscalía también ha dado un correctivo a los servicios jurídicos autonómicos de carácter procedimental al considerar que el enfoque que se le ha dado al recurso de la Comunidad Autónoma no es el más adecuado en un recurso de casación, es decir, la argumentación no encaja en lo que debería contener este tipo de recursos. Lo que si llama la atención es que la Fiscalía se haya posicionado a favor del recurso de Andalucía y no el de Canarias pese a recurrirse cierres perimetrales en ambos.
En este sentido, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, recordó ayer que el fiscal del Supremo no ha dicho lo mismo que el fiscal de la Comunidad Autónoma, que estaba a favor del cierre perimetral, así como dos de los seis magistrados del TSJC, que también están a favor. «Hay que esperar el fallo del Supremo. Nosotros lo que estamos planteando es una cuestión objetiva. No cerramos las islas porque sí, sino que planteamos que si en un momento determinado, que a día de hoy no lo tenemos, una isla aumenta en contagios y llega a nivel de alerta 3, que podamos cerrar esa isla, lo cual no impide que se pueda entrar o salir porque se haría con un test negativo», indicó.
Preguntas destacadas
¿Cuántos recursos debe resolver el Supremo?
- El Tribunal Supremo tiene cinco recursos sobre la mesa. El primer recurso presentado fue el del Gobierno de Canarias, al que se sumaron después tres referidos al cierre perimetral del municipio de Montefrío (Granada): el primero presentado por la Junta de Andalucía contra la decisión del TSJ de no ratificar la medida, una segunda decisión contra otro decreto que intentó imponer de nuevo el cierre y el recurso del fiscal, que pide retrotraer las actuaciones por no haber sido consultado. El martes llegó el último recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra medidas en Quintanar del Rey (Cuenca).
¿Por qué opina diferente la Fiscalía?
- La Fiscalía ha informado de forma opuesta respecto de los dos supuestos de Andalucía y Canarias. Así, se muestra a favor de la anulación del auto del TSJA que no ratificó el cierre perimetral del municipio de Montefrío. El Ministerio Público considera que la medida era necesaria e idónea al objetivo sanitario perseguido por las autoridades. Sin embargo, en Canarias considera que el recurso carece de interés casacional y se alinea además con la decisión del TSJC al considerar el cierre de las Islas una decisión que no ha sido correctamente justificada por el Gobierno.
¿Qué han hecho el resto de comunidades?
- Galicia, Extremadura, Cataluña o Navarra han desistido de recurrir al Supremo. Por un lado, se limitan a ejercer sus competencias delimitando las reuniones tanto en espacios privados como públicos y poner restricciones a los horarios de la hostelería y la restauración. Por otro lado, aguardan el pronunciamiento del Supremo, que sentará jurisprudencia y unificará la doctrina.
¿Sobre qué asuntos fallará el Supremo?
- El asunto sobre el que han recurrido las tres comunidades afectadas es el cierre perimetral municipal o insular por riesgo alto de contagios. Sin embargo, el alto tribunal también se puede pronunciar sobre el resto de cuestiones que han estado en el debate público desde que decayó el estado de alarma el pasado día 9. En este caso se espera algún pronunciamiento sobre el toque de queda, ya que en Baleares y Valencia sus tribunales superiores sí dieron su aprobación a esta medidas, además de otros asuntos como los aforos en espacios exteriores.
