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La investigación concluye que la familia Kokorev estafó 100 millones a Guinea Ecuatorial por la venta de armas

El Juzgado de Instrucción Nº5 de Las Palmas de Gran Canaria finaliza la instrucción de la causa y la Fiscalía debe decidir ahora si formula acusación o pide archivar el procedimiento

El empresario Vladimir Kokorev en su vivienda en la capital grancanaria.

El Juzgado de Instrucción Nº5 de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado la fase de investigación del caso en el que se investiga a la familia de origen hispano-rusa Kokorev por presunto delito de blanqueo de capitales perpetrado en España. El auto, con fecha del pasado martes, 18 de mayo, acuerda transformar el procedimiento en un proceso penal formal.

Ahora el Ministerio Fiscal debería decidir si fórmula acusación o si pide el archivo de las actuaciones. Si opta por formular acusación, el siguiente paso será el auto de apertura de juicio oral y la remisión de las actuaciones a la Audiencia Provincial de Las Palmas para el señalamiento del plenario o vista oral del juicio.

Según el auto, Vladimir Kokorev, su mujer, Julia Maleeva, y el hijo de ambos, Igor, habrían realizado entre los años 1999 y 2011, "operaciones ilegales o clandestinas de ventas de armas y material de doble uso procedentes de Ucrania al Estado de Guinea Ecuatorial, que ha reportado "un trasvase de dinero de más de 450 millones de euros, desde cuentas titulares del Tesoro del Estado de Guinea en entidades bancarias, entre ellas el Banco Rings en Estados Unidos”. Los bienes se camuflaban luego como de uso civil.

La operación se saldó con un supuesto sobrecoste de 100 millones de euros al Tesoro Público de Guinea Ecuatorial, que se blanqueó luego con la compra de inmuebles en Canarias, Reino Unido y Madrid, entre otros lugares. Los investigados son sospechosos de sobornar a altos funcionarios del gobierno de Teodoro Obiang Nguema.

Vladimir, Yulia e Igor fueron detenidos en Panamá en septiembre de 2015 y extraditados a España tras un procedimiento penal incoado en el año 2009, tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial por presunto delito de blanqueo de capitales.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria fue quien decretó la orden de busca y captura. El 6 de septiembre de 2015, tras su extradición desde Panamá a España, los Kokorev ingresaron en prisión preventiva en la cárcel de Juan Grande, en el Sur de Gran Canaria, donde permanecieron alrededor de dos años.

El auto ordena seguir también el procedimiento abreviado contra el abogado que representaba a los Kokorev, Juan José Arencibia Rodríguez, y sus hermanas Margarita y María también por presunto blanqueo de capitales.

Las acusaciones populares y particulares personadas en el proceso tienen un plazo de diez días desde la notificación del auto del Juzgado de Instrucción Nº5 de Las Palmas de Gran Canaria para formular los escritos de acusación con la petición de penas formulando la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o de forma excepcional solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación. 

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