El nuevo catálogo de servicios y prestaciones sociales de Canarias estima un incremento global de los fondos destinados a todas las políticas públicas en el ámbito social de 780,2 millones de euros en los próximos seis años, hasta 2027, lo que en la práctica supone casi duplicar los recursos que se invierten actualmente. La planificación realizada por la Comunidad Autónoma refleja que el 60% de la financiación –468,1 millones– procederá de las arcas autonómicas, mientras que el 40% restante –312,1 millones– proviene de las corporaciones locales, tanto cabildos como ayuntamientos. Aunque en cifras absolutas las cantidades suponen un aumento destacado de las partidas destinadas al gasto social, en cifras relativas los porcentajes irán de más a menos con el paso de los años porque se parte de una infrafinanciación que se pretende corregir en los primeros años de despliegue de los nuevos recursos. De esta forma se pasa del 12% de incremento en 2022 al 8% en el horizonte de 2027.
Hoy se abre el proceso de información pública del proyecto de catálogo de servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales de Canarias, uno de los principales elementos recogidos en la Ley de Servicios Sociales que entró en vigor en mayo de 2019. El retraso en la aprobación de este catálogo acumula más de dos años, aunque la demora en sí tiene es de un año y medio porque la norma daba seis meses para aprobar el catálogo, uno de los varios incumplimientos que ha tenido una norma que en su momento se aprobó por unanimidad y que pretendía la ansiada modernización de los servicios sociales.
La Comunidad Autónoma pondrá el 60% de los fondos y las corporaciones locales, el 40%
La Consejería de Derechos Sociales alega la elevada complejidad técnica del documento y la necesidad de alcanzar un consenso con el resto de administraciones para justificar un retraso que sigue colocando a Canarias en la cola en cuanto a prestaciones y financiación. Andalucía cuenta con catálogo desde 2002, Castilla y León desde 2014, País Vasco lo aprobó en 2015 y Baleares en 2016.
El proyecto de decreto que se pone a consulta pública desde hoy y hasta el 9 de julio reúne y clasifica el conjunto de prestaciones que integran el sistema de servicios sociales, al margen de que la titularidad de los servicios o equipamientos sea pública o privada. El catálogo ordena los servicios de atención primaria y comunitaria, servicios especializados, mayores, inmigración, prestaciones económicas, voluntariado, discapacidad, dependencia y el sistema social de prevención y protección integral contra la violencia de género. El decreto sienta las bases de un catálogo que se tiene que desarrollar en un plazo máximo de seis años en el periodo 2022-2027 con un incremento gradual de los fondos cada año por parte de la Comunidad Autónoma y de las corporaciones locales. Según el informe de la iniciativa, la implantación o despliegue del catálogo viene a significar en términos económicos la cifra de 1.852 millones de euros. En esta cifra se recogen los costes de todas las administraciones implicadas en los próximos seis años.
El catálogo tendría que haberse aprobado hace año y medio, a los seis meses de la ley
El Ejecutivo establece como objetivo incrementar su aportación al desarrollo del catálogo en unos 78 millones anuales, por encima del objetivo establecido en la Ley de Servicios Sociales de destinar al menos 55 millones anuales. Por las corporaciones locales se fija una media de aumento anual de recursos de 52 millones de euros.
En las últimas semanas han habido jornadas y análisis con técnicos municipales, trabajadores sociales y colectivos vinculados a los servicios sociales. A partir de hoy se somete a información pública para recabar aportaciones de entidades y asociaciones, lo que supone que al menos hasta después del verano no se terminará de perfilar el catálogo. No obstante, ya existe debate interno en el seno de las corporaciones locales y de los profesionales del sector en relación con la capacidad que tienen los cabildos y ayuntamientos para incrementar anualmente los fondos destinados a las políticas sociales, tal y como contempla el borrador de la Consejería de Derechos Sociales, cuando existe una queja generalizada desde hace años sobre la insuficiencia presupuestaria que sufren las arcas locales debido a las dos crisis sucesivas que han agudizado el problema de la pobreza y la exclusión social que lastra el crecimiento del Archipiélago.
Más planes y convenios
El Gobierno regional recuerda que en los costes de los servicios que prestan los cabildos insulares participa la Comunidad Autónoma a través de los convenios plurianuales que se suscriben para el sostenimiento de los servicios de Dependencia y Discapacidad. El convenio vigente se firmó en 2018 con un gasto plurianual de 448,3 millones de euros. En junio de 2019 se firmó una adenda por 80 millones más. A finales de 2020 se acordó una segunda adenda con 17 millones de euros para este año. En el caso de los ayuntamientos, el Plan Concertado de Servicios Sociales recoge una financiación anual, que solo en lo que respecta a este año 2021 dispondrá de 32 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 55% respecto al pasado año y que se traduce en 10,2 millones más. | R.A.D.
