Ha visitado los centros de migrantes de Las Canteras y Las Raíces, ¿qué le parecen las condiciones en las que residen estas personas?
Ha habido un cambio a positivo desde el momento de la emergencia, cuando hubo que organizar estos centros de la noche a la mañana para hacer frente a una emergencia humanitaria. El trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Inclusión junto con las organizaciones sociales creemos que es satisfactorio. Se han conseguido poner en marcha buenos procedimientos de acogida y derivación. Para nosotros es trascendental, porque desde el primer momento intentamos lanzar el mensaje de que Canarias en ningún caso se iba a convertir en un lugar de concentración de personas sin perspectivas.
¿La situación de tensión con Marruecos puede desencadenar nuevas llegadas masivas de migrantes a las Islas?
El Gobierno de España ha manifestado claramente que el problema del Sahara Occidental solo se soluciona mediante las premisas que ha establecido Naciones Unidas. España no va a ignorar el derecho internacional, con lo cual, convendría que se olvidara o se perdiera cualquier tentación por parte de autoridades de otros países de realizar cualquier actividad para que España se apartara de la sonda del derecho internacional. Puede ser que vuelva a haber situaciones que haya que tratar con mucho cuidado y con mucha diplomacia. Pero insisto en que, ocurra lo que ocurra, Canarias no va a estar al albur de sucesos que ocurran por decisión de otros lugares del mundo.
¿Cree que la Unión Europea (UE) cumple con sus competencias en materia migratoria?
En primer lugar, hay una colaboración de la Agencia Europea de Migración y asilo en los dispositivos de acogida y derivación aquí en Canarias. Esa colaboración se está concretando día a día y ampliando. En segundo lugar, hemos visto también como el propio Parlamento Europeo ha manifestado su apoyo a España para evitar cualquier tipo de elemento externo que acabe utilizando la migración con fines de presión política.
Sin embargo, Europa solo habla de solidaridad a la hora de acoger a estas personas.
Las políticas de asilo y migración obligan a la solidaridad y al reparto de responsabilidades. La posición de España ha sido siempre que tiene que haber una corresponsabilidad de las instituciones y de todos los países. Y en eso desde luego vamos a seguir trabajando. Vivimos momentos complicados donde muchos países desgraciadamente tienen influencia de fuerzas de la ultraderecha que desprecian los derechos humanos y las condiciones de vida digna. Eso es un elemento con el que hay que lidiar. Ha habido países que se han atrevido incluso a aprobar legislaciones nacionales que conculcan claramente legislación internacional. Tendrán las instituciones y tribunales europeos que pronunciarse.
El Gobierno de España trata de ganar más peso en la Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y el Tribunal de Cuentas Europeo ha cuestionado su papel, ¿considera que ha sido adecuado?
Los países tienen que hacer frente a sus responsabilidades fronterizas y ninguna política de control fronterizo puede ignorar las necesidades de protección internacional debido a lo conflictos. En esto, como en todo, debe haber equilibrio y tiene que haber una Agencia Europea de Control de Fronteras que sea respetuosa con la legislación de protección internacional.
¿Hasta ahora no ha sido respetuosa?
Bueno, en unos sitios más y en otros sitios menos, como todo en la vida.
¿Está de acuerdo con la reclamación que ha hecho la consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, acerca de la necesidad de contar con una ley que obligue al reparto equilibrado de los menores no acompañados entre todas las comunidades?
Creemos que debe funcionar la solidaridad entre comunidades autónomas.
Habla de solidaridad y, al fin y al cabo, se convierte en algo voluntario...
Hay que buscar todos los mecanismos legales, pero es evidente que las competencias de atención social en el modelo constitucional español son de las comunidades autónomas. Eso hay que saber compatibilizarlo con normativas que garanticen la solidaridad entre territorios, pero desgraciadamente el encaje legal no es tan fácil, porque podemos estar incluso ante la necesidad de aplicar reformas constitucionales, lo cual, francamente para una cuestión como esta no parece que sea viable. Pero hay muchas soluciones legislativas y vamos a trabajar con el Gobierno canario para facilitar ese objetivo. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es poner recursos a disposición del Gobierno canario para poder atender esas necesidades.
Pero, ¿no se puede realizar un cambio normativo para institucionalizar la acogida de estos menores en otras comunidades?
Es problema es que es norma constitucional. Cualquier comunidad tiene competencias en servicios sociales para lo favorable y para lo desfavorable también. Es decir, no es un problema que simplemente se vaya a solucionar con un cambio legislativo. Hay que hacer un buen encaje, sin que las comunidades pierdan sus competencias, que las normas ayuden. Si se refiere a si es posible obligar a otras comunidades a atender menores extranjeros que entran por otra comunidad autónoma, legalmente por nuestro modelo constitucional no es posible.
Pero, no se puede comparar los menores no acompañados que pueda atender, por ejemplo, Extremadura que los que atiende Canarias, más de 2.600 en estos momentos...
Claro, pero eso pasa en todos los territorios. Hay territorios que por su situación geográfica tienen elementos favorables y desfavorables. Se trata de buscar un equilibrio entre ambos. Pero, también quiero decir, que Canarias si no me equivoco soporta en temporada alta millones de turistas, más la población canaria. Seamos sensatos. En estos contextos, no parece que unos centenares de muchachos extranjeros sean un gran problema para la comunidad.
Son más de 2.600...
Unos centenares, no unos millones. También creo que hay que llamar a la tranquilidad. Hay dinero para atenderlos. Hay suficientes profesionales. Crea empleo y constantemente se está haciendo un trabajo de derivación. Canarias tiene muchas ventajas por su ubicación geográfica y tiene alguna desventaja pero son cosas que se equilibran unas con otras.
De hecho, Canarias está siempre a la cabeza de indicadores como el desempleo o población en riesgo de pobreza. ¿De qué manera se puede cambiar esto?
Ahora, con los programas europeos, nuestra opinión es que Canarias tiene que abrirse a otras líneas que tienen que ver con los ejes del plan de reconstrucción, concretamente de transición ecológica y energética. Lo que requiere la puesta en marcha de una nueva industria avanzada tecnológicamente que genere un trabajo de alto valor añadido, para que Canarias deje de competir en la creación de empleo a base de bajar el salario y precarizar las condiciones de trabajo. El otro componente fundamental es la digitalización de la sociedad y el tercero el fortalecimiento de los servicios públicos.
¿Retrasará la crisis el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Agenda 2030?
Ha habido ya retrocesos por la pandemia. Va a haber indicadores peores a finales del año 2021 de lo que se pretendía, pero eso lejos de amedrentarnos debe ser un estímulo. España acaba de aprobar la Estrategia de Desarrollo Sostenible y podemos decir que hemos actualizado muchos indicadores y objetivos país en el contexto de la crisis provocada por la pandemia.