El Gobierno de Canarias sigue la senda planteada desde el Ejecutivo central y ya puesta en marcha por otras comunidades autónomas para frenar la despoblación en las Islas a través de la rehabilitación de viviendas en entornos rurales. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, firmaron ayer un convenio para el reparto de una partida de 14,5 millones de euros entre los 58 ayuntamientos (el 66% de los 88 del Archipiélago) con menos de 20.000 habitantes. El criterio de reparto es un 20% de forma lineal para los 58, más un 50% en base a la población y el 30% restante toma en cuenta las necesidades de vivienda en cada uno de ellos.
La intención es incentivar este tipo de obras para dotar las viviendas de las adecuadas condiciones de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, facilitar el mantenimiento de las mismas. Además de que el envejecimiento progresivo de la población, sobre todo en el entorno rural, requiere también de medidas concretas para acceder a la vivienda y fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas.
Una veintena de pueblos de Gran Canaria, Tenerife y La Palma pierde vecinos año a año
Una veintena de los municipios canarios pequeños han perdido población de manera continuada en las últimas dos décadas. En todas las Islas, con la excepción de Lanzarote y Fuerteventura, donde la tendencia ha sido la contraria. La cumbre de Gran Canaria, el norte de La Palma o la isla baja en Tenerife son las principales comarcas afectadas. A ellas irá destinado en buena parte el fondo extraordinario para combatir la despoblación a través de la creación de viviendas públicas.
Los expertos señalan que no existe una ‘Canarias vaciada’ con la misma dimensión y escala de la ‘España vaciada’ peninsular, pero «únicamente porque las distancias a recorrer son más cortas». La crisis de agricultura se ha paliado con desplazamientos a los nichos de trabajo vinculados al sector servicios, normalmente en municipios vecinos a los que se llega en vehículo particular y que permite retornar luego a casa.
Eso no quita, no obstante, que la población esté cada vez más envejecida como tampoco que porque una localidad no crezca en población no necesite viviendas sociales «que puede que no se hayan construido en décadas».
Garafía, un ejemplo
Hay ejemplos como el de Garafía en La Palma «con una población mayor en asentamientos dispersos y en viviendas antiguas que tal vez precisen un traslado al casco para recibir los servicios básicos”. La Isla Bonita arrastra un descenso demográfico que no ha revertido desde los años 70. Garafía llegó a 5.000 habitantes a mediados del siglo pasado, en plena autarquía, y hoy apenas supera los 1.500. Buena culpa tiene la emigración interior al valle de Aridane y al sur de la isla con el desarrollo del plátano.
Un proceso demográfico similar presentan los municipios en declive poblacional de la cumbre de Gran Canaria o en la isla baja de Tenerife. En ambos casos, el descenso o la desaparición de la actividad económica relacionada con el sector primario han llevado a una emigración interior atenuada y a un estancamiento poblacional.
Según el Informe de la Federación Española de Municipios de 2017, se mantiene la tendencia de pérdida de población –los geógrafos entienden valido el estudio para estos cuatro años posteriores– en 21 de los 58 municipios con menos de 20.000 habitantes.
Para atajar este proceso de despoblación a cuentagotas, el Plan de Vivienda 2020-2025 incluye la dotación específica de 14,5 millones para esos municipios. Un programa especial para procurar que no se queden vacíos en el futuro porque no haya oferta de vivienda. La Fecam hará el seguimiento del convenio con una oficina y personal propio.
Obras Públicas deja el manos de la Fecam la gestión y seguimiento del programa
Tres son los objetivos del plan: incrementar el parque público de alquiler social a través de la rehabilitación de inmuebles de titularidad pública o privada; fomentar la adquisición o construcción de viviendas en régimen de alquiler y fijar la población en el entorno rural para evitar la fuga hacia las grandes urbes.
Franquis recordó en el acto de firma del acuerdo que este programa previsto en el nuevo Plan de Vivienda 2020-2025 y dedicado específicamente a combatir la despoblación rural responde a la petición que realizó la Fecam durante las reuniones previas a la elaboración del citado Plan.
“La firma de este convenio supone cumplir uno de los hitos de esta legislatura ya que se da respuesta a uno de los grandes anhelos del municipalismo de los últimos años y se atiende a una reivindicación histórica de los alcaldes como es implementar desde el Gobierno políticas concretas para combatir la despoblación del medio rural”, subrayó Brito.
