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El Gobierno trasladará a funcionarios sin evaluar su nivel de formación

3.000 empleados públicos optan al primer concurso para cambiar de destino en 14 años | Malestar por la eliminación de cursos y titulaciones de los méritos

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, en un Consejo de Gobierno. | | LP/DLP

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, en un Consejo de Gobierno. | | LP/DLP

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer la convocatoria del mayor concurso de traslados para funcionarios de carrera que se haya organizado por la Comunidad Autónoma. Unos 3.000 empleados públicos de las diferentes categorías, cuerpos y escalas de la Administración General podrán optar a concursar para cambiar de puesto o destino entre los diferentes departamentos, un derecho de los funcionarios que no se cumplía en la Administración autonómica desde hacía 14 años. Sin embargo, en los méritos que se van a pedir a los empleados no figura la formación, los cursos o las titulaciones adquiridas sino que el concurso se medirá por la experiencia y la antigüedad en el puesto de trabajo desempeñado, lo que ha provocado suspicacias entre los funcionarios y críticas de los representantes sindicales.

La Dirección General de Función Pública publicó ayer la resolución en el límite del plazo al que se había comprometido en la ley de medidas urgentes de ordenación del empleo público, en el que se recoge la obligación del Ejecutivo de convocar los concursos de provisión de puestos antes del 1 de julio de 2021. Sin embargo, el plazo para la presentación de solicitudes por parte de los funcionarios afectados comenzará el 13 de septiembre ya que el concurso está condicionado por la reestructuración administrativa que va a acometer el Gobierno para la gestión de los fondos europeos Next Generation. De hecho, en la propia resolución se especifica que en el concurso de méritos se incluirán los puestos que se generen para gestionar los fondos comunitarios y aquellas plazas afectadas por sentencias judiciales firmes.

Sin embargo, la decisión de dejar fuera los cursos de formación y titulaciones realizados por los funcionarios ha vuelto a dividir a los sindicatos ya que UGT y CCOO han respaldado el concurso, mientras que otras centrales se oponen o se han abstenido en la mesa general de negociación. El representante de CC OO en la mesa, Jorge Reyes, admite que no está de acuerdo con que se haya quitado los méritos vinculados a la formación pero que «si lo ponemos en una balanza, recurrirlo implicaría tres o cuatro años más de parálisis, algo que no nos podemos permitir después de 14 años sin concursos».

Según el dirigente sindical, el principal argumento utilizado por el Ejecutivo es la necesidad de agilizar y simplificar la tramitación de los méritos y evitar las complicaciones que supone la presentación de cursos, títulos, especialidades, etcétera, lo que alargaría aún más el proceso. Función Pública quiere tener resuelto los traslados como muy tarde en diciembre o enero para agilizar la gestión de los fondos europeos con los funcionarios de carrera adscritos a las nuevas unidades que se creen.

Por su parte, desde Sepca se cuestiona la eliminación de los cursos de formación ya que «hay muchos funcionarios que desde hace años han hecho un esfuerzo por formarse y ahora no vale para nada». Asimismo, la central sindical advierte que las plazas que ocupan los funcionarios interinos también van a salir a concurso, lo que les afecta directamente en su futuro laboral en la Administración, por lo que reclaman que las plazas que ocupan no salgan a concurso porque, en caso contrario, podrían acudir a la Justicia.

Aumento del empleo público

Canarias cuenta con 129.103 empleados públicos, de los que el 56% trabajan para la Comunidad Autónoma, un total de 72.298 trabajadores; el 26% para los cabildos y ayuntamientos, 33.547, y el 18% para la Administración General del Estado, 23.258 empleados. Por provincias hay más trabajadores públicos en Las Palmas –67.548– que en Santa Cruz de Tenerife –61.555–.

Con respecto a los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, hay un incremento del 3,75% de las plantillas, lo que supone 4.666 empleados más. La Administración autonómica es la que experimenta un incremento mayor, con 2.866 efectivos más, debido principalmente a las contrataciones que se han efectuado en los servicios públicos para hacer frente a la pandemia, sobre todo en Sanidad y Educación. Las corporaciones locales han aumentado sus plantillas en 1.854 trabajadores en el segundo semestre de 2020, mientras que el Estado ha reducido sus efectivos en 54 personas.

En cuanto a la edad media de los empleados públicos, cerca de la mitad de los mismos se encuentra en la franja de edad de 50 a 59 años, mientras que los menores de 40 años representan únicamente el 12,33% de los efectivos. Asimismo, el 53,31% de los efectivos que trabajan para las administraciones públicas son funcionarios de carrera, mientras que un 22,35% es personal laboral y el 24,3% son funcionarios interinos, eventuales y otro tipo de tipologías.

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