La Fiscalía ve indicios de los delitos de malversación y prevaricación en los 14 miembros del consejo de administración del ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables), empresa pública del Cabildo de Tenerife, que en 2012 aprobaron la absorción de la deuda privada de la empresa NAP (Network Access Point, punto de acceso a internet) de África Occidental-Islas Canarias. Entre los cargos que el ministerio público pide llamar a declarar como investigados figuran los expresidentes del Cabildo Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC), el exvicepresidente insular Aurelio Abreu (PSOE) y el actual viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE). La denuncia de la Fiscalía parte de un escrito del actual gobierno del Cabildo, formado por PSOE y Ciudadanos con el apoyo externo de Sí Podemos Canarias.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife considera en su denuncia del 29 de junio que los 14 miembros del consejo de administración del ITER del año 2012 pudieron cometer prevaricación continuada (abuso de poder cometido por una autoridad o funcionario público que realiza una conducta a sabiendas de su ilegalidad) y malversación de fondos públicos (administración desleal o apropiación indebida del patrimonio público) al respaldar una operación tan compleja como cargada de dudas legales: la adquisición por parte de la empresa pública ITER de la empresa mitad pública y mitad privada NAP, asumiendo con dinero público las cuantiosas deudas de la parte privada «sin que estos socios privados realizaran desembolso adicional, asumieran riesgo alguno, ni tuvieran que responder por esas pérdidas».
Para la fiscal Olga Méndez, los consejeros del ITER responsables de esta operación «actuaron con pleno conocimiento de la falta de viabilidad económica de las operaciones realizadas y del perjuicio objetivo y evaluable que se ocasionaba a la entidad pública». El escrito, enviado a los juzgados de instrucción de Granadilla de Abona pues la sede del ITER se encuentra en este municipio del sur de Tenerife, no cuantifica las posibles pérdidas que esta operación pudo provocar a las arcas públicas. Sí lo hizo el actual gobierno del Cabildo, del que partió el escrito que ha provocado la denuncia de la Fiscalía. Según su vicepresidente, Enrique Arriaga (Ciudadanos), la Corporación insular pudo sufrir un perjuicio patrimonial «superior a los 12 millones de euros».
La Fiscalía también ha pedido que se llame a declarar como investigados a los otros miembros del consejo de administración del ITER que participaron en la operación: Manuel Cendagorta, que fuera director-gerente del ITER; Álvaro Arvelo, expresidente de CajaCanarias, entidad que avaló los préstamos; Raquel Lucía Pérez, actual consejera delegada de la entidad pública INtech Tenerife; Eduardo Doménech, exrector de la Universidad de La Laguna; el exconsejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) Nicolás Díaz; los exconsejeros insulares Antonio García Marichal (CC), Magaliz López (CC) y Jesús Morales (CC); Esteban González (PP), exedil de Urbanismo de Granadilla de Abona; y Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
El ministerio público también ha pedido a los juzgados de Granadilla que llamen a declarar como testigos a 39 empresarios que tuvieron acciones del NAP y a miembros de la empresa pública ITER que no formaban parte del consejo de administración. Así, da curso y amplía la denuncia que le entregó el gobierno del Cabildo tinerfeño el pasado 4 de marzo, a raíz de un informe en el que María Elena Rodríguez, consejera delegada del ITER, expone una serie de presuntas irregularidades.
Pero, ¿cuál es el origen del litigio? El 28 de abril de 2006 se constituye la entidad mercantil NAP de África Occidental-Islas Canarias con el objetivo de construir en Tenerife un nodo de comunicaciones para el acceso a internet y para potenciar el sector tecnológico en la Isla aprovechando su situación estratégica entre África, Europa y América. El 53,6% de las acciones las adquieren importantes empresarios de Tenerife y el 47,4% restante las suscribe el ITER del Cabildo. El 12 de marzo de 2007, esta empresa mitad privada y mitad pública compra a la promotora del Club Deportivo Tenerife un solar de 17.442 metros cuadrados en la ciudad deportiva de Geneto (La Laguna) para instalar el datacenter (punto de acceso neutro a internet para Canarias y África Occidental) por 9 millones, gracias a un préstamo concedido por CajaCanarias. Ocho meses después, el ITER adquiere un millar de acciones más del NAP, por un millón, y pasa a representar el 48,5% de su accionariado.
Según el relato de los hechos que denuncia la fiscal, entre el 28 de noviembre de 2007 y el 23 de junio de 2010, el ITER realiza «hasta siete préstamos» al NAP. En total, el ITER le transfiere 4 millones, además de que el NAP le pide otros 114.557 euros en anticipos. Ni los préstamos ni sus intereses «habían sido restituidos al ITER a fecha 1 de enero de 2011», detalla el ministerio público.
El 1 de enero de 2011, el ITER, representado por el gerente de entonces, Manuel Cendagorta, y el NAP, representado por su presidente, Ricardo Melchior –al mismo tiempo máximo responsable del ITER–, suscriben un contrato de préstamo en virtud del cual acuerdan la refinanciación de los anteriores préstamos por 4,1 millones y fijan como plazo máximo de devolución el 1 de enero de 2012.
Ahí no acaban los apoyos económicos del Cabildo de Tenerife al NAP. «A sabiendas de que el NAP no había abonado ninguno de los préstamos anteriores», el ITER concede un nuevo préstamo de 40.000 euros al NAP el 13 de enero de 2011, en claro perjuicio para el ITER». La historia se repite el 16 de mayo del mismo año, cuando el ITER aprueba otro préstamo de 130.000 euros. «Ninguno de estos préstamos cuenta con garantía de devolución», detalla la fiscal.
Los acontecimientos posteriores, lejos de enderezar la situación, arrojan todavía más sombras legales a los procedimientos seguidos por el Cabildo. El 20 de mayo de 2011, el ITER compra por 3 millones el plan de ejecución del edificio del decacenter. «Dicha operación se realiza a sabiendas de que el proyecto adquirido por el ITER, en compensación por la deuda de la que era acreedora el NAP, carece de utilidad y por tanto causa un claro perjuicio a la entidad pública». El ministerio público recuerda que el consejo de administración del NAP había decidido el 17 de abril de 2009 ubicar el decacenter en las propias instalaciones del ITER. Es más, dicho centro de datos «se encontraba de hecho en pleno funcionamiento en marzo de 2011».
Pérdidas acumuladas
El NAP finaliza 2011 en causa de disolución como consecuencia de unas pérdidas acumuladas de 6,2 millones, siempre según la denuncia de la Fiscalía. El 24 de enero de 2012, otra empresa pública de la Corporación tinerfeña, el Parque Científico y Tecnológico, le compra el terreno de la ciudad deportiva del CD Tenerife por 5,9 millones.
El momento cumbre de este complejo proceso, a efectos de la investigación judicial que ha solicitado la Fiscalía a los juzgados de Granadilla, llega el 2 de mayo de 2012, casi un año después de que CC y PSOE firmaran un pacto para gobernar el Cabildo tinerfeño, con Ricardo Melchior (CC) como presidente y Aurelio Abreu (PSOE) como número dos. Ese día, el consejo de administración del ITER compra las acciones privadas del NAP y acuerda, además, adquirirlas por el valor original. La institución cabildicia abona los importes mediante desembolso de dinero o por permuta con acciones de la entidad Solten II Granadilla, una sociedad de reconocida solvencia y rentabilidad creada por el ITER e inversores particulares para gestionar una plataforma fotovoltaica situada en las instalaciones del ITER en el sur de la Isla. La compra le cuesta al Cabildo 2,1 millones.
La operación se completa el 29 de junio de 2012, cuando el consejo de administración del ITER inicia el procedimiento de absorción del NAP, que se concluye con una escritura pública del 16 de enero de 2013. Los miembros del consejo de administración que inician este procedimiento de absorción son los que la Fiscalía acusa, en su denuncia del 29 de junio pasado, de haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación continuada y malversación de fondos públicos.
