El diputado nacional de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, celebra con prudencia que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «no descarte» declarar las rutas interinsulares y hacia la península como obligación de servicio público (OSP), informa Efe

«Tal como advertimos, las aerolíneas continúan subiendo los precios, eso hace la intervención del Estado imprescindible para asegurar el derecho a la movilidad de las personas que viven en el archipiélago y los canarios que viven fuera», asevera.

Rodríguez insiste, por tanto, en la necesidad de fijar los precios máximos, de establecer mecanismos de control para las subvenciones y de incluir a los canarios no residentes.

En 2017, la formación presentó la primera iniciativa para que las rutas aéreas entre Canarias y la península fueran declaradas como servicio público y contener así los precios de los billetes.

Tras eso, «numerosas iniciativas, mociones y campañas empujadas desde la organización en Canarias se han ido sucediendo», hasta que esta semana, «por fin», el Ministerio de Transportes «parece que comienza a verlo, o al menos a no descartar la posibilidad», continúa Rodríguez.

Más de un año

La formación recuerda que hace más de un año, el diputado Manolo Marrero tomaba la palabra en el Parlamento de Canarias para recordar la necesidad de limitar los precios máximos de estos trayectos y acabar con la falta de control del 75 por ciento de descuento, pues a su juicio solo estaban funcionando para beneficiar a las aerolíneas y no a las personas usuarias.

Unidas Podemos también incide en que último acuerdo entre el Ejecutivo canario y el Gobierno Central (que se remonta a 2018 y que solo contemplaba el aumento de la subvención a residentes en las islas hasta el 75 por ciento), no sirvió para garantizar la movilidad interinsular, «tal y como reconoce ahora el Ministerio socialista, que dice no descartar ni esta medida ni ninguna otra». Rodríguez recuerda que cuando propusieron en el Congreso la OSP en la ruta Canarias-Península para limitar los precios, los llamaron «comunistas y trasnochados».

«El tiempo desgraciadamente nos dio la razón y es urgente que el Ministerio de Transporte, en manos del PSOE, actúe asumiendo que controlar los precios evita el derroche de dinero público actual, favorece el turismo estatal y garantiza el derecho a la movilidad de las familias canarias», concluye el diputado.