Los cabildos insulares incurrieron en «numerosas deficiencias» entre 2018 y 2019 en la gestión de sus residuos por, entre otros motivos, la ausencia de un marco normativo común para su adecuado tratamiento, a la espera aún de que finalicen los trámites de la próxima Ley de Economía Circular y se actualice el Plan Integral de Residuos (Pircan).
Así lo dijo ayer el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, durante la comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias, en la que presentó el informe de fiscalización de la gestión de residuos realizada por los cabildos insulares en los ejercicios 2018 y 2019.
Cada Cabildo ha actuado por lo tanto de manera distinta sobre este asunto: unos han tomado más iniciativas, como los de La Palma y Gran Canaria, y otros menos, aunque todos han padecido dificultades en su coordinación a lo largo de estos años. La Palma ha cubierto siete hitos; Gran Canaria, cuatro; Tenerife ha cubierto tres hitos; Lanzarote, dos; y La Gomera, El Hierro y Fuerteventura, ninguno.
En opinión del órgano auditor, hay por lo tanto un marco de actuación en el que las islas se han podido mover, pero les ha faltado un marco de apoyo a la espera de la Ley de Economía Circular, todavía en trámite, que toca «de manera fundamental» la gestión de residuos, además de la actualización del Pircan.
«El alcance del informe solo llega hasta la gestión de los cabildos insulares, en nada se ha metido más allá de decir que hay una ausencia de un marco normativo actualizado [por parte del] Gobierno de Canarias», recalcó Pacheco, por lo que la mayoría de las conclusiones (16 de 18) y recomendaciones (cuatro de cinco) van referidas a los gobiernos insulares.
Los cabildos han presentado un «escaso control» sobre la información relativa a la gestión de residuos, no disponen de políticas o estrategias de prevención, no cuentan con programas de prevención de residuos y, salvo La Palma y Tenerife, tampoco disponen de planes insulares de gestión en vigor, descubrió la investigación de la Audiencia.
