El diputado de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, mantiene por el momento su escaño en el Congreso pese a la sentencia en su contra del Tribunal Supremo, del pasado día 7, que le condenaba a 45 días de prisión, permutable por una multa de 540 euros, y a una pena accesoria de inhabilitación de sufragio pasivo por agredir a un policía en 2014 durante una manifestación en La Laguna, y cuya interpretación deja muchas dudas sobre sus efectos prácticos. La mayoría del PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Congreso impuso su criterio frente los representantes del PP y de Vox en el órgano de gobierno de la Cámara baja y en una polémica decisión permite al parlamentario canario mantener el acta de diputado en espera del pronunciamiento de otras instancias como la Junta Electoral Central y el propio tribunal sentenciados.
Los representantes socialistas, entre ella la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y de la formación morada se ampararon para justificar su posición en el informe jurídico elaborado por los letrados de la Cámara en el que se señala que la sustitución de la pena de cárcel por una sanción económica, que el diputado ya ha pagado, impide que la sentencia tenga extra penales. De hecho, sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez dejara el escaño, “no llegó a nacer en ningún momento” al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica. Los letrados sostienen que en este caso no concurre “ni la causa sobrevenida» contemplada en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), ni ninguno de los supuestos que, en aplicación del Reglamento del Congreso, comportarían “bien la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado” o la pérdida del escaño.
Esta interpretación es rechazada de plano por los grupos de la oposición de PP, Vox y Ciudadanos (Cs), que han reclamado la intervención de la Junta Electoral Central (JEC) para que “haga cumplir una sentencia que no es interpretable”, y han instado a la Fiscalía que reclamen al propio Supremo una aclaración de la ejecución de la sentencia. Según estos partidos, la labor de la Mesa del Congreso no es “interpretar” la sentencia del TS, sino la de ejecutar en los términos que, según ellos, claramente establecen la inhabilitación de Rodríguez y por tanto la pérdida de su acta de diputado. Además, denuncian el hecho de que no se haya elaborado un informe jurídico por parte de los letrados del Congreso sin que se tenga constancia de una petición formal en ese sentido por parte de nadie.
Fuentes parlamentarias reconocieron que el debate en la Mesa fue tenso y que los representantes del PP y Vox defendieron que la inhabilitación como pena accesoria no es sustituible por el pago de la sanción porque éste solo afecta a la pena principal, la de condena de cárcel. Entienden por tanto que deben adoptarse las “medidas necesarias para hacer efectiva la ejecución de la sentencia” y que lleva inexcusablemente a la retirada de la condición plena de diputado de Alberto Rodríguez”. Se apoyan para ello tanto en el Reglamento del Congreso como en el artículo 6.3 de la Ley Electoral.
El futuro del diputado canario queda ahora en manos de las dos instancias a las que han apelado los PP, Vox y Cs, primero la JEC y posteriormente el propio TS. Se da la circunstancia de que la Junta Electoral se había mantenido hasta ahora al margen de este debate y había eludido pronunciarse al respecto pese a que el Supremo le remitió la sentencia contra Rodríguez para “los efectos oportunos”. Pero los magistrados del órgano de vigilancia de la ley electoral no se consideraban afectados o interpelados por este debate. Ahora tendrán que hacerlo tras los recursos presentados por los grupos de la oposición. Además, el propio Supremo se verá obligado a ser más explícito sobre los términos reales de su condena al aún diputado canario ya que en su sentencia previa no aclara si la misma conlleva o no la pérdida del escaño. Los letrados del Congreso, de hecho, exponen sus conclusiones “sin perjuicio de que las mismas puedan verse afectadas por eventuales pronunciamientos posteriores de la JEC y del TS”.
“La inhabilitación no puede quedar en manos de una Mesa y de las mayorías parlamentarias”, aseguró la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, mientras que el portavoz de Cs, Edmundo Bal, anunció que su grupo peleará para la revocación de la decisión de la Mesa y para que “esta situación no se mantenga”, anunciando como primer la petición a la JEC sobre “si existe o no existe” causa sobrevenida de inelegibilidad y, por tanto, la pérdida de condición de diputado para Rodríguez, recordando que se trata de una decisión jurídica y no política. Bal advirtió que Cs “no va a participar en estos chanchullos que suponen facilitarles la vida a aquellos que tienen problemas con la justicia” y cargó contra el informe de los letrados. Según él, dicho informe “carece de fundamento” porque el pago de la multa sustituye a la pena de prisión pero no anula la condena ni, por tanto, la pena accesoria de inhabilitación”.
El portavoz del PSOE, el canario Héctor Gómez, se limitó a considerar que su grupo “siempre acata las sentencias, pero hay que ser consecuentes y si hay un informe de la Cámara que se manifiesta en en ese sentido (el de permitir a Rodríguez mantener su condición de diputado), igualmente respetamos la posición que se ha determinado por parte de los servios jurídicos del Congreso”. “Nuestra posición es siempre la que se plentee estrictamente en el cumplimiento de la legalidad”, resaltó Gómez.