Las reticencias que muestran distintas comunidades autónomas, como Madrid, Galicia, Murcia, Baleares o La Rioja, para acoger a los menores migrantes que llegan a las costas de Canarias en cayucos o pateras están frenando la puesta en marcha de un protocolo para el reparto equitativo entre las regiones de estos chicos y chicas. Tanto las Islas, como Andalucía o Ceuta tienen que asumir en solitario el cuidado de estos menores por el simple hecho de que son los territorios fronterizos por donde acceden a España. El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos) se comprometió a elaborar una estrategia para la distribución solidaria e integración de estos niños y niñas extranjeros no acompañados en función de la población, la situación económica, la renta per cápita y la tasa de paro de las comunidades.
En respuesta a una pregunta escrita formulada por el senador de CC , Fernando Clavijo, la ministra Belarra reconoce que el plazo para la aprobación de esta estrategia de reparto que se marcó en el Consejo Territorial expiró el pasado 25 de julio y aún no ha elaborado el protocolo. Desde el Gobierno de Canarias, la principal comunidad afectada por la llegada de migrantes menores, se justifica este retraso en las reticencias que están poniendo las comunidades autónomas para acoger a los chicos por cupos, aunque indican que se sigue negociando para intentar llegar a un acuerdo.
Canarias se gasta entre 60 y 70 millones anuales en el cuidado de los jóvenes migrantes
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, de Unidas Podemos como Belarra, expone que la negativa a acoger a menores migrantes de forma reglada es una cuestión independiente a los partidos, porque, por ejemplo, «hay comunidades como Madrid y Galicia, que son del PP, que no quieren el protocolo y otras, como Andalucía y Ceuta, de la misma formación, que sí lo aceptan», precisa. «Lo que no se entiende es que Madrid, con una población de seis millones de habitantes tenga a 250 menores en custodia, y Canarias a 2.600 chicos y chicas con una población de dos millones», cuestiona Santana.
La solidaridad mostrada por algunas comunidades es «totalmente insuficiente», recalca. Según los datos de la Consejería, solo se han derivado 166 menores (25 a Castilla y León; 25 a Extremadura, 15 a Navarra, 43 a Cataluña, 18 a Valencia, 6 a Castilla La Mancha, 20 a Aragón y 14 a Galicia). En estas semanas se producirán nuevos traslados a Asturias (8) y Cantabria (10).
El Gobierno de Canarias se gasta entre 60 y 70 millones de euros anuales de su presupuesto en el cuidado de los menores extranjeros no acompañados y, ante la falta de solidaridad territorial, reclama que por ley se obligue a las comunidades a ser corresponsables en el cuidado de los chicos, de modo que todo el peso no recaiga en el territorio al que lleguen.
La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, señala al respecto que hay autonomías que no entienden por qué «el Ministerio se tiene que meter a hacer un protocolo de reparto cuando no tiene la competencia» en menores extranjeros. En este contexto, Martínez recuerda que el Ministerio ha expresado «que por eso es un protocolo, no un convenio, y lo que se pretende es coordinar esta labor de acogida». Este año, el Ministerio quiso incentivar a las comunidades para que albergaran a menores migrantes con 27 millones de euros. En 2022 ha aumentado la cantidad a 35 millones en el proyecto de presupuestos estatales para ver si se animan, y, en paralelo, avanzar en el protocolo. Además, Canarias aspira a lograr que la solidaridad sea obligatoria.
El senador de CC critica que el Estado se «lave las manos» en las Islas y se desviva con Ceuta
El senador de CC por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, reprochó ayer en este sentido al Ministerio de Derechos Sociales que siga «lavándose las manos, incumpliendo su compromiso de poner en marcha una estrategia para la distribución solidaria e integración de los niños y niñas que llegan a Canarias» en pateras y cayucos. En la respuesta a su pregunta escrita, Ione Belarra admite que ha incumplido el plazo que se marcó para la aprobación del protocolo que expiró el pasado 25 de julio, pero hace referencia a los 10 millones de euros transferidos en diciembre de 2020 a Canarias para la atención y acogida de los menores no acompañados y a que desde entonces trece comunidades autónomas se han ofrecido a acoger a 217 niños y niñas -el Gobierno canario lo cifra en menos-, llegados a las Islas.
Para Clavijo esta respuesta es una «tomadura de pelo porque ni resuelve la situación de estos menores ni alivia la presión en los centros de acogida ni favorece su integración». El senador nacionalista defenderá hoy en la Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Alta que se ponga en marcha de forma inmediata esta estrategia, clave para «darles un presente y un futuro a estos niños y para que Canarias no asuma en solitario todo el peso de este drama humanitario», y evidenció «el caos» en la gestión de la crisis migratoria en las Islas. Asimismo, insistió en que “cuando la presión migratoria se produce en Ceuta, el presidente del Gobierno del Estado - Pedro Sánchez- y una delegación de ministros se traslada allí, pero cuando se trata de Canarias se lavan las manos". Clavijo fue muy crítico con la gestión tanto del ministro de Migración, José Luis Escrivá, como de Ione Belarra, y del Gobierno de Canarias.
Santiago Pérez reclama solidaridad a las regiones
El senador socialista designado por el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, presentará hoy en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Alta una moción con la que pretende lograr que se haga efectiva la solidaridad de todas las comunidades autónomas en la acogida de los menores migrantes no acompañados llegados a las costas del Archipiélago. Pérez destaca la necesidad de que el Gobierno alcance acuerdos con las administraciones regionales para colaborar en una gestión que está siendo asumida, en gran medida, por Canarias, por su condición de territorio de primera entrada de la migración a través de la ruta atlántica. Sobre las voces que exigen la intervención estatal en este asunto, sostiene que el Estado no tiene las competencias y debe desenvolverse en el marco constitucional, liderando la coordinación entre las comunidades, respaldando presupuestariamente el acogimiento, atención e integración de los menores no acompañados y promoviendo los cambios legislativos necesarios. | LP
