Sigue la incógnita y el enredo jurídico sobre el posible cese del diputado canario de Unidas Podemos Alberto Rodríguez como consecuencia de la condena que le impuso el Tribunal Supremo el pasado día 7, por un delito de agresión a un policía durante una protesta en 2014. Y una de las dudas sobre sus efectos prácticos es si la pena de inhabilitación que contempla conlleva la pérdida del escaño. Tras el oficio remitido al Congreso el miércoles por el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, pidiendo explicaciones sobre la decisión de la Mesa del Congreso, un día antes, de mantener el escaño al parlamentario tinerfeño y reclamando el inicio del cómputo de la pena, la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, ha devuelto la pelota al Alto Tribunal demandando a su vez que diga de forma explícita si la sentencia conlleva el cese como diputado.
Rodríguez fue sentenciado como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de un mes y quince días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena. El fallo acordaba sustituir la pena de prisión por una de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros. Un total de 540 euros que el parlamentario abonó una vez que el Supremo, en respuesta a un recurso de aclaración, rechazara la semana pasada corregir ninguno de los puntos del fallo.
Pese a que Batet defendió en la reunión de ayer de la Mesa del Congreso, convocada de urgencia ante el escrito del miércoles de Marchena, que la sentencia del Supremo y el mencionado oficio del tribunal sentenciador suponía la inhabilitación del diputado de la formación morada, finalmente ha decidido pedir una aclaración a este respecto ante la posición de la mayoría del órgano parlamentario, que se oponía a esa interpretación. Es una decisión personal como responsable última de la ejecución de la sentencia tras escuchar, durante casi dos horas, a los otros ocho miembros del órgano de gobierno del Congreso.
En dicha reunión los otros dos representantes del PSOE y los tres de Unidas Podemos mantuvieron su criterio del miércoles de que la sentencia no conlleva la pérdida del escaño por parte de Rodríguez, tal como reflejaba el informe de los servicios jurídicos de la Cámara. Dicho informe señala que la sustitución de la pena de cárcel por una sanción económica, ya pagada, impide que la sentencia tenga ‘extra penales’ y por lo tanto Rodríguez puede mantener su acta.
Tras una reunión de urgencia de la Mesa del Congreso la ‘pelota’ regresa al Tribunal Supremo
De hecho, los letrados defienden que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el tinerfeño dejara el escaño, «no llegó a nacer en ningún momento» al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica. Frente a esta posición, los dos representantes del PP y el de Vox exigieron la ejecución de una sentencia que para ellos supone claramente de pérdida del escaño por parte del diputado canario.
En la reunión de ayer se reprodujeron las mismas posiciones, pero, según algunos de los diputados del órgano parlamentario, Batet se decantó en esta ocasión por una interpretación de la sentencia que conllevaría la retirada del acta a Rodríguez. Al término de la reunión, la presidenta de la Cámara se dirigió a su despacho para tomar una decisión. Según Vox, en teoría era para redactar el escrito de ejecución de sentencia en los términos interpretados por los grupos de la oposición y remitirlo al diputado, a su grupo parlamentario y a la Junta Electoral Central. Una versión que no quiso avalar, pero tampoco desmentir, la representante del PP Ana Pastor.
En todo caso, lo que finalmente decidió Batet fue redactar ese escrito de solicitud de aclaración a la Sala sentenciadora sobre los efectos de su sentencia «para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer [por el miércoles] sobre el inicio del cómputo de la pena» impuesta al diputado.
Protestas de PP y Vox
Los grupos de la oposición reaccionaron ayer lamentando la decisión final de Batet tras haber constatado previamente en la reunión de la Mesa del Congreso que sí avalaba la tesis de la pérdida del escaño defendida por ellos. Uno de los representante de Vox en el órgano parlamentario, Ignacio Gil Lázaro, explicó que Batet había sostenido claramente tras recibir el oficio del miércoles de Marchena que la sustitución de la pena de cárcel por la sanción económica recogida en la condena no implicaba la desaparición de la pena de inhabilitación.
Tras resaltar que la decisión no es de la Mesa, sino de la propia presidenta de la Cámara, el Gil Lázaro destacó que «no es la presidenta la que le quita el escaño a un diputado, sino el tribunal sentenciador». Por ello, consideraban que «lo único que hace la presidenta es poner en marcha la intendencia para cumplir la sentencia» y que «otra cosa es que tras la reunión de la Mesa determinadas presiones externas le hayan inducido a otra decisión».
Por parte del PP, Ana Pastor apuntó que permitirían «ninguna maniobra de dilación porque la sentencia y el escrito posterior del Supremo no deja lugar a dudas» sobre la inhabilitación de Rodríguez.
Desde Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, uno de sus tres representantes de la Mesa, considera sin embargo que la decisión de Batet es un «acto de defensa de la autonomía parlamentaria» y que el Supremo «no puede querer decir a la Mesa del Congreso lo que el propio Tribunal no está diciendo» en la sentencia. La formación morada considera que «Marchena no ha sido absolutamente claro» sobre el alcance real de la sentencia en cuanto a la pena de inhabilitación y que «no le corresponde a la Mesa decidir que el diputado que abandone el escaño, esa claridad no existe en la sentencia».
