Canarias tendría una ventaja sobre el resto de Comunidades Autónomas si la situación económica volviera a complicarse en los próximos meses. Su bajo endeudamiento, bajísimo en comparación con el de regiones como, por ejemplo, Cataluña, le mantiene abiertas de par en par las puertas de los mercados financieros. Una privilegiada posición que se debe tanto a la gestión del actual equipo de la Consejería de Hacienda como a la llevada a cabo por quienes pasaron por el departamento en lo más duro de la crisis financiera, años en los que la mayoría de regiones dispararon su deuda pública hasta cifras gigantescas. Ese esfuerzo permite ahora que Canarias tenga un as bajo la manga: la posibilidad de incrementar el endeudamiento si no hay ingresos suficientes. Si en 2022 todo marcha como creen en Hacienda, la Comunidad Autónoma seguirá sin aumentar el débito público –las Islas son la única de las 17 regiones del país que no solo ha contenido la deuda desde el estallido de la pandemia, sino que incluso la ha reducido–, pero si las cosas se torcieran, siempre tendrá la posibilidad de recurrir al crédito. Diferente es el escenario que en la consejería barruntan que se producirá en el «durísimo» 2023, año en el que casi se da por descontado que sí habrá que tirar del endeudamiento.
El vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, recordó durante la rueda de prensa posterior al acto de entrega del proyecto de presupuestos en el Parlamento regional que en 2023 no habrá prórroga de la suspensión de las reglas fiscales. Volverán a regir los objetivos de déficit y el techo y la regla de gasto. Y también habrá que liquidar las partidas del sistema de financiación autonómico, unas partidas alteradas por la irrupción de la covid-19, que obligó al Estado a abrir el grifo de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, necesitadas hasta el extremo de más dinero con el que atender la crisis sociosanitaria. En definitiva, será entonces cuando Canarias –y las demás regiones– deberán devolver los fondos recibidos de más. De modo que a lo lejos, hacia 2023, se ven negros nubarrones, pero mientras que la mayoría de las comunidades está endeudada hasta las cejas, el Archipiélago sería recibido con la alfombra roja en los mercados financieros. Hacienda se guarda así un amplio margen de endeudamiento –salvo que las cosas se compliquen y haya que echar mano antes de lo deseado– para el difícil 2023 que se avecina, que, además, coincide con el final de la legislatura.
El porcentaje de ejecución de las inversiones estará a final de año muy cerca del 80%
De cara al próximo año, Rodríguez se mostró convencido, pese a las dudas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, de la credibilidad del escenario macroeconómico elaborado por la Consejería de Economía. Tanto la AIReF –la institución encargada de velar por la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria de la Administración pública– como entidades como BBVA –cuyo departamento de estudios suele ser muy certero en las previsiones– consideran que el crecimiento del PIB en 2022 estará sensiblemente por debajo del que calculan en Economía. «Podemos tener [en la Consejería de Hacienda] alguna opinión más contenida», explicó el vicepresidente del Gobierno, pero esto en nada desmerece un trabajo, el del departamento dirigido por Elena Máñez, «del máximo rigor», puntualizó Rodríguez.
Ejecución al alza
En cuanto a la ejecución del gasto previsto en las cuentas públicas en vigor, el director general de Planificación y Presupuestos, Luis Márquez –quien acompañó a Rodríguez en la rueda de prensa junto con el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado–, adelantó que este año confían en acercarse hasta casi tocar el 80% en los capítulos de inversión. No obstante, el vicepresidente recordó que ejecutar inversiones no es lo mismo que contratar personal, de ahí ese 20% que se quedará sin gastar este año. En cualquier caso, Román Rodríguez también recordó que la ejecución presupuestaria «depende de cada departamento» y que, en general, ha mejorado este año.
De cara al próximo ejercicio, cuando las distintas consejerías tendrán que gestionar un volumen de inversión sin precedentes por la inyección de fondos procedentes de Bruselas, el Gobierno de Canarias está acelerando en el refuerzo del personal necesario y la flexibilización de los trámites administrativos. Se trata de no dejar fondos ociosos.
