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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Pilar Llop Cuenca Ministra de Justicia

Pilar Llop: «La mayor politización es bloquear el órgano de gobierno de los jueces»

Pilar Llop, en un instante de la entrevista con este diario en el AC Hotel Tenerife. | | CARSTEN W. LAURITSEN

María Pilar Llop Cuenca (Madrid, 1973) ocupa la cartera de Justicia desde mediados de julio, cuando sustituyó en el cargo a Juan Carlos Campo tras la renovación que Pedro Sánchez acometió en el Consejo de Ministros. Jueza, políglota y defensora a ultranza de la igualdad, presidió el Senado hasta coger las riendas de un Ministerio con un reto fundamental por delante: la modernización y transformación del sistema penal. 

El asesinato del pequeño Álex en La Rioja es un fracaso del sistema.

En primer lugar quiero mostrar todo mi cariño a los padres de Álex, a sus abuelos, a toda su familia y a todos sus allegados. Es un asesinato que ha conmocionado a todas las personas de bien. Nadie entiende que puedan suceder estas cosas. Por lo dicho por el ministro del Interior, se ha actuado conforme a la legalidad y fue el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el que acordó la libertad condicional del presunto asesino. Pero más allá del caso concreto, creo que es importante hacer una reflexión sincera desde todas las instituciones, porque nadie entiende que puedan pasar cosas así cuando alguien acude al sistema, ya sea a los servicios sociales, ya sea a los servicios sanitarios, ya sea a instituciones o administraciones locales, autonómicas o estatales... Nadie entiende que cuando una persona ha acudido al sistema, el sistema haya podido fallar. Cuando sucede este tipo de situaciones no suele ser por una única causa, sino que suele ser una concatenación de causas, por eso es muy importante que desde las instituciones nos coordinemos muy bien. Hay que analizar qué es lo que ha ocurrido, en este y en todos los casos, para ver en dónde se ha fallado, porque en muchas ocasiones las instituciones no hemos dado una respuesta adecuada a lo que nos exige la ciudadanía y a la responsabilidad que tenemos que tener con la ciudadanía. Creo que tenemos que ser sinceros y admitirlo. Aunque se ha avanzado mucho, y esto también quiero subrayarlo, es evidente que cuando se acude al sistema y el sistema no da una respuesta, es que ha habido un fallo.

Parece haber una mayor percepción de intervencionismo político en la Justicia. No digo mayor intervencionismo, pero sí una mayor percepción del mismo. Entre otras cosas por el lío de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Nuestro sistema judicial es absolutamente independiente. Hay que diferenciar lo que es el órgano de gobierno de los jueces y las juezas de lo que es la jurisdicción, la jurisdicción de trinchera, y los órganos de la jurisdicción ordinaria. Pienso que la ciudadanía sí cree en la independencia judicial, no la cuestiona. Cuando una persona tiene un problema siempre quiere ir al juez o a la jueza a que se lo resuelva, lo que demuestra la confianza que deposita la ciudadanía en el sistema judicial. Otra cosa, y es verdad, es la imagen que se puede dar respecto al órgano de gobierno de los jueces y las juezas que representa al Poder Judicial. La situación generada con el bloqueo de la renovación del órgano constitucional ha provocado una imagen de mayor politización. No hay mayor politización que bloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces y las juezas. Lo que me pregunto es si en el Partido Popular, que tiene bloqueado el órgano de gobierno, que durante 35 años ha sido partícipe de este modelo y que ha elegido a vocales en anteriores consejos generales, se están haciendo una enmienda a sí mismos. Si es que el sistema ya no les vale; si es que no se reconocen a sí mismos; si es que no creen que esos vocales elegidos por ellos, y ahora algunos están en política, eran independientes cuando estaban en el órgano de gobierno, y esto es muy grave, porque son ellos quienes nombran a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, que a su vez hacen la jurisprudencia sobre desahucios, sobre delitos de todo tipo, sobre cuestiones laborales, sobre cuestiones de carácter administrativo... Todo tipo de asuntos de nuestra vida cotidiana que afectan e impactan directamente en la ciudadanía porque es la jurisprudencia que aplican los tribunales de instancia.

Con esta crítica al PP deja usted clara su apuesta por el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ.

Sí sí, apoyo abiertamente nuestro actual modelo. Es un modelo democrático que responde a lo que nos exige la Constitución, que dice que todos los poderes emanan del pueblo español, también el Poder Judicial, que no es de los jueces, los abogados o los procuradores, sino que es de los ciudadanos. Por lo tanto, quien tiene que nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial es quien representa a la ciudadanía, que son las Cortes Generales. Cuando se intenta justificar el bloqueo diciendo que los jueces elijan a los jueces, hay que hacer pedagogía ciudadana y explicar cómo es nuestro sistema, porque en nuestro sistema, doce de veinte vocales, es decir, una mayoría muy cualificada, son previamente propuestos por los jueces y las juezas, de modo que ya proponen, ya hay un filtro judicial. Y otra cosa: no hay un estándar europeo. En Alemania, por ejemplo, el Ejecutivo nombra altos cargos judiciales, el poder Ejecutivo, cosa que aquí no sucede, porque las negociaciones tienen que ser entre fuerzas políticas.

Según usted, falta entonces pedagogía.

Falta mucha pedagogía. Miembros del Ejecutivo también están en consejos generales de poderes judiciales en, por ejemplo, Bulgaria o Italia. No hay un estándar europeo que diga que el modelo tiene que ser de una u otra manera, más aún cuando el nuestro es Constitucional y ha funcionado durante muchísimos años. Eso sí, a quienes se elija como vocales que sean las mejores personas, las que respondan a los valores éticos más altos. Eso sí que debemos exigirlo.

Hablando de órganos judiciales, hay quien ve a la Audiencia Nacional como un anacronismo. Cuando menos sí es una excepción en Europa.

Pues mire, le voy a decir una cosa: yo he trabajado en Bulgaria, en un proyecto de reforma y fortalecimiento del sistema judicial. En ese proyecto se planteó, y así lo hicieron luego, crear un tribunal muy similar a la Audiencia Nacional para enjuiciar los casos de corrupción y contra la mafia. Nosotros explicamos cuál es el modelo de la Audiencia Nacional: un órgano especializado con competencia en todo el territorio nacional sobre unos delitos específicos. Cuando hay un delito de trascendencia, como puede ser el terrorismo, que afecta a varias Comunidades Autónomas, que el caso vaya a un juzgado con competencia en todo el territorio es una opción totalmente operativa.

Es algo manifiesto que es un órgano que no gusta a los partidos nacionalistas.

Bueno, pero es que estamos en un país unido por Comunidades Autónomas, no dividido entre Comunidades Autónomas, donde la cohesión social y la cohesión territorial tienen que ser parámetros que rijan la convivencia y la solidaridad. El principio de la solidaridad interterritorial. Todos tenemos familiares que viven en otras Comunidades Autónomas, o veraneamos en otras Comunidades Autónomas donde podemos ser víctimas de delitos, o bien hacemos transacciones comerciales entre distintas Comunidades Autónomas... Por lo tanto, en un país que tiene que estar cohesionado, no me planteo que pueda generar algún tipo de suspicacia la existencia de un órgano que tenga competencia en todo el territorio para algo que es muy complejo, que es la investigación y el enjuiciamiento de causas muy graves que afectan al corazón de nuestro sistema común.

Se ha hablado y escrito mucho sobre el doble papel de los jueces en nuestro sistema: por un lado investigan y, por otro, protegen los derechos de los investigados. ¿Es viable en nuestro modelo la figura del fiscal investigador, lo que dejaría así al juez la tutela de los derechos del investigado?

Hay un consenso generalizado que entiende que debemos avanzar hacia un sistema que sea más coherente con los sistemas a nivel europeo. Es mucho más sencillo identificar cuáles son las autoridades, los puntos de contacto, los puntos de referencia, cuando los sistemas de investigación tienen un modelo similar, y en casi todos los países es la fiscalía quien procede a la investigación o instrucción de las causas penales. También la fiscalía europea responde a ese modelo. Pero esto supone una reforma estructural en nuestro procedimiento penal, porque afecta a una parte nuclear del procedimiento que es la investigación o la instrucción. Ya que hay un consenso, vamos a ver ahora cómo ponemos en pie ese consenso, cómo lo construimos, porque es importante no dar pasos en falso, dar pasos en firme, hacer una buena cimentación que garantice todos los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso. Y sobre todo porque afecta a investigados, imputados, acusados, etcétera. No hay que olvidar que nuestro sistema, el sistema penal, es muy garantista. Claro que venimos de una dictadura, y siempre hemos intentado que el sistema penal fuera lo más garantista posible para evitar que en la fase de investigación se pudiera producir cualquier tipo de abuso sobre las personas investigadas o imputadas.

En el papel de la fiscalía como investigador hay una experiencia en el ámbito del menor.

España tiene esa experiencia en los juzgados de menores, donde la fiscalía investiga y es luego el juez o jueza de menores quien procede al enjuiciamiento. Y es un sistema muy operativo que funciona muy bien y que ha dado una respuesta muy eficaz en el derecho penal de menores. Ya le digo: hay un consenso generalizado de todos los operadores jurídicos, de todos los que intervenimos, intervienen, en el procedimiento penal, incluido el Ministerio del Interior.

Un sistema garantista pero también severo, ¿no? Al menos más severo, estricto o riguroso en el cumplimiento de las penas de lo que podría pensarse.

No sé si severo, pero sí garantista de los derechos de los imputados y, sobre todo, con un proceso marcado en sus pasos procesales que da seguridad jurídica a todo el mundo y que ha dado seguridad jurídica a nuestro sistema penal. Pero es hora de avanzar, porque es algo que viene de largo. El debate sobre quién debe instruir no es de ahora, sino que se empezó a tratar en anteriores legislaturas, ya incluso bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, donde se hicieron trabajos internos en el Ministerio. Y ahora tenemos la oportunidad de impulsar esos trabajos, pero siempre con un consenso institucional, y para ello hemos formado un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Abogacía, Procura, Ministerio del Interior, miembros nombrados por el Ministerio y una catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, una personalidad de reconocido prestigio en el ámbito procesal de la Academia. Evidentemente necesitamos el consenso de la Fiscalía, porque es a ellos a quienes más va a afectar esa modificación. Este grupo de trabajo lo que ha hecho es recoger todos los informes que hay y trabajar en un consenso institucional precisamente para eso: para dar pasos firmes, porque estamos ante la gran oportunidad de poder transformar y modernizar el sistema penal en nuestro país.

¿Qué piensa o siente cuando desde la bancada de Vox se sacan cifras o supuestas cifras para desmentir la lacra de la violencia machista?

Bueno, yo lo que hago es combatirlo una y otra vez, combatir los estereotipos, combatir los prejuicios y sobre todo combatir esos discursos negacionistas que hacen muchísimo daño a la sociedad y hacen muchísimo daño a las mujeres. En el momento en que se niega que existe la violencia de género, que existe esta violencia contra las mujeres, lo que se está haciendo es poner en riesgo la vida, la integridad física y la salud de las mujeres, porque disuade de acudir al sistema judicial.

Hoy en día se conoce mucho a los jueces. Desde luego mucho más de lo que se los conocía en décadas anteriores. ¿Quizá demasiado?

Creo que la justicia no debe tener nombre, pero evidentemente hay asuntos muy mediáticos.

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