El Ejecutivo quiere prohibir los vehículos contaminantes en grandes ciudades en 2030

El Gobierno de Canarias quiere prohibir la entrada de los vehículos contaminantes al centro de las grandes ciudades de la Comunidad Autónoma no más allá de 2030.

Así lo adelantó ayer el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, quien explicó que la futura ley de cambio climático acotará la densidad de los vehículos contaminantes dentro de los cascos de las ciudades.

José Antonio Valbuena, en declaraciones a los medios de comunicación, señaló que esta postura está en línea con la ley estatal, al tiempo que defendió ir limitando hasta el punto de llegar a prohibir el acceso de los vehículos contaminantes dentro de las grandes ciudades.

El Gobierno canario quiere desarrollar esta estrategia con los municipios para ver en qué momento se puede prohibir la entrada de vehículos contaminantes, si bien la idea del Ejecutivo es que no sea más allá de 2030, agregó el consejero.

El objetivo es que los peatones recuperen protagonismo dentro del casco de las grandes urbes y eliminar la contaminación, para lo que habrá que «erradicar» los vehículos contaminantes.

En este sentido, avanzó que el Gobierno impulsará un plan social de ayuda a la movilidad para acceder al vehículo eléctrico para que las ayudas se den en función de la renta y el precio no sea un obstáculo.

Una vez se apruebe la ley contra el cambio climático las administraciones públicas se verán obligadas a adquirir vehículos no contaminantes.

El representante del Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres pidió a los grupos parlamentarios que agilicen la tramitación de esta ley, que tiene «un alto consenso entre la ciudadanía», para poder aplicar esta medida, entre otras.

Hay que recordar que, a nivel nacional, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, más conocida como ley del cambio climático, es una normativa aprobada en España en mayo de este año al objeto de asegurar el cumplimiento por parte del país de los objetivos del Acuerdo de París.