El Comisionado de Transparencia da la razón a ocho de cada diez ciudadanos que reclaman al considerar vulnerado su derecho a la información. Este organismo estima de manera total o parcial el 79% de las solicitudes presentadas por los canarios ante el silencio administrativo de las instituciones. Así lo expuso este jueves el responsable de esta institución, Daniel Cerdán, durante la presentación del balance de la actividad desarrollada por la entidad desde que entró en funcionamiento en 2015.
Solo en el último año, el Comisionado ha recibido algo más de medio millar de solicitudes de ciudadanos para reclamar su derecho al acceso a la información, cuando en sus inicios apenas registró 18. Este tipo de expedientes, que suponen una de las principales actividades de este organismo, se ha incrementado un 36% solo en los últimos doce meses.
La mayor parte de las reclamaciones por denegación de información por parte de las administraciones se centran en aspectos vinculados a los contratos públicos y el empleo, tal y como detalló Teresa Casanova, jefa del servicio de reclamaciones del Comisionado. De ellas, el 80%, se debe no a la denegación de la información, sino más bien al silencio administrativo, por lo que ante la falta de respuesta, los ciudadanos recurren a este organismo. Más del 90% de las reclamaciones se presentan de manera electrónica y existe una importante brecha de género entre quienes recurren a él, ya que el 82% han sido interpuestas por hombres. Una tendencia que incluso se ha acentuado en los últimos años.
Apenas un 6% de estas reclamaciones son desestimadas y fundamentalmente se rechazan porque la información solicitada vulnera la protección de datos u otros límites legales. Un 20% son inadmitidas, muchas de ellas porque la solicitud escapa de las competencias de este organismo. En este sentido, solo 1 de cada 20 ciudadanos que reclama obtiene una respuesta desestimatoria por parte del Comisionado de Transparencia.
Otra de las actividades principales del comisionado es la evaluación de los portales de transparencia de las diferentes administraciones públicas. En 2021 se evaluaron 968, una actividad que también ha aumentado un 46% respecto a 2020. Cerdán explicó que poco a poco las instituciones han ido aumentando su conciencia acerca de este trámite, a medida que se ha ido conociendo el Índice de Transparencia de Canarias, ya que aspiran a estar bien posicionadas, algo que a su vez ha incentivado la mejora de sus plataformas. El comisionado puso como ejemplo el portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, que arrancó con una nota de 7,7 puntos y ahora se sitúa por encima del 9. Una situación similar han experimentado los cabildos, que comenzaron apenas superando el 3, mientras que en la última evaluación han alcanzado el sobresaliente. “Con los ayuntamientos la progresión ha sido más lenta, pero esta evaluación sistemática, anual y permanente de los portales de transparencia del conjunto de la comunidad autónoma ha producido un mejor cumplimiento de las obligaciones informativas que tienen las administraciones”, afirmó Cerdán.
El responsable del organismo aseguró que es difícil señalar cuál es la asignatura pendiente de las administraciones respecto a la transparencia, ya que «cubren al completo la mayor parte de las obligaciones», aunque indicó que el nivel «no es homogéneo» y donde se detectan mayores problemas es respecto a la difusión y publicación de la información económica, financiera y de contratación «ahí no siempre la transparencia alcanza el nivel que debería alcanzar».
Clara Rodríguez, asesora técnica del Comisionado y jefa de gabinete en funciones, sí detalló que muchas administraciones todavía pecan de reutilizar demasiado la documentación. «Se usa mucho el formato pdf para los archivos, que dificulta la utilización abierta de los datos y trabajar con ellos en formatos manejables», explicó.
A lo largo de sus seis años de actividad, el Comisionado de Transparencia ha gestionado 4.945 expedientes, lo que supone haber cuatriplicado su actividad. «Esto ha sido posible fundamentalmente, no porque haya crecido mucho la plantilla, sino por la intensa digitalización de los procedimientos del Comisionado, tanto en sede electrónica para trabajar las reclamaciones como en evaluación de la transparencia», indicó Cerdán. Además, recalcó que la institución cuenta también con más de mil colaboradores de las 340 entidades públicas canarias y de las casi 600 privadas subvencionadas, en los que se apoyan para realizar las evaluaciones de transparencia.
