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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El Consejo General del Poder Judicial inicia el trámite para quitar la condición de juez a Salvador Alba

El magistrado fue condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión por un delito de prevaricación judicial y otro de falsedad en documento público por conspirar contra la juez Victoria Rosell cuando era diputada de Podemos por Las Palmas

El juez Salvador Alba.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy jueves, 13 de enero, el inicio de expediente de pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba Mesa, condenado como autor de un delito de prevaricación judicial en concurso medial con un delito de cohecho y como autor de un delito de falsedad en documento público a la pena de seis años y seis meses de prisión, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

El magistrado fue condenado por manipular una instrucción para perjudicar a la juez Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, cuando esta era diputada por Las Palmas en la lista de Podemos en el Congreso de los Diputados.

La condena fue dictada el 10 de septiembre de 2019 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y confirmada el 25 de noviembre de 2021 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el pasado 30 de diciembre remitió copia testimoniada de su resolución al CGPJ.

El artículo 379.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que la condición de jueces o magistrados se perderá, entre otras causas, “por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso”, por lo que la Permanente ha considerado procedente iniciar expediente de pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba, que se encuentra en la situación administrativa de suspensión provisional de funciones desde el 19 de julio de 2018 por acuerdo de la misma Comisión, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado contra él.

Tal y como dispone la LOPJ, del acuerdo se dará traslado al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a fin de que emitan informe, y al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga.

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