Arrecife se planta ante el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) que el Ministerio del Interior ha instalado en el centro de la capital lanzaroteña sin licencia municipal. Ástrid Pérez (PP), alcaldesa de la localidad, plantea como únicas alternativas desmantelar el campamento y trasladarlo «a otro sitio» lejos del casco de la ciudad o que el Ministerio de Fernando Grande–Marlaska empiece «desde cero» con un nuevo expediente para tratar de legalizar las instalaciones. Pérez sostiene que el solar no reúne las condiciones adecuadas para acoger migrantes porque, según un informe técnico del Consistorio, se pueden producir inundaciones, riesgos sanitarios o estampidas. Por esto, la alcaldesa recalcó que «mientras pueda evitarlo, Arrecife no se va a convertir en otro Arguineguín».
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, criticó la falta de colaboración por parte del Ayuntamiento de Arrecife y apuntó que «sigue sin entender su oposición» al establecimiento del centro en el municipio. Pérez mostró su sorpresa ante estas declaraciones ya que considera que el PSOE le está invitando a dictar una resolución favorable a legalizar una instalación que no ha cumplido con lo establecido en la ley –porque Interior no ha iniciado si quiera los trámites administrativos– y que, además, cuenta con un informes técnico negativo. «Es el colmo del surrealismo. Me instan a cometer un delito de prevaricación urbanística», sostuvo la también presidenta del PP de Lanzarote, quien detalló que le están pidiendo que «dicte resoluciones en contra de la ley».
La Delegación del Gobierno en Canarias defiende que han invertido 2,1 millones de euros en el campamento que, según subrayó Pérez, consta de 20 carpas, tres contenedores y un vallado metálico. Dado que estas instalaciones no se pueden utilizar, los migrantes que desembarcan en la isla pasan las 72 horas de custodia policial en una nave industrial con goteras, cucarachas y otros bichos, según fuentes policiales. En este espacio se ha hacinado a más de 400 personas, a pesar de que el recinto cuenta con capacidad para 150.
La alcaldesa de Arrecife repasó cronológicamente los trámites que han puesto en marcha el Consistorio e hizo hincapié en que la Dirección General de la Policía ha desistido de presentar la documentación requerida para legalizar el centro en el plazo que se le había dado. Recordó que la Autoridad Portuaria de Las Palmas había iniciado los trámites para ceder a Interior una parcela para ampliar la comisaría y a mediados de octubre de 2021 tuvo conocimiento de que estaban actuando en la zona para instalar las carpas del CATE. «El Gobierno de España tiene suelo en Lanzarote, pero está situado en municipios gobernados por el PSOE y, por lo tanto, ahí no se pone nada. Llevo años diciendo que hay unos cuarteles que pueden usarse para esto», aseguró.
«No me gusta la ubicación del CATE, no reúne las condiciones que requieren los migrantes cuando llegan a la isla y además es ilegal», señaló la alcaldesa de la capital de Lanzarote, quien se mostró convencida de que a nadie se le ocurriría plantear la instalación de un CATE en enclaves céntricos de otras ciudades.
Pestana defendió que los ministerios del Interior e Inclusión trabajan para mejorar las infraestructuras del Plan Canarias. «Hay que reenfocar las capacidades», adelantó el delegado del Gobierno. Ahora se registran más llegadas a las islas orientales ya que las salidas de las pateras se están produciendo cada vez más al norte de la costa africana y ya no zarpan tanto desde Senegal o Mauritania. Según Pestana, los ministerios mantienen contacto con las autoridades insulares para buscar nuevos espacios y rechazó la propuesta de Arrecife de instalar el CATE en una nave. «Los almacenes no reúnen las condiciones necesarias. Queremos es una red estable para atender con dignidad los picos que se producen», señaló el delegado del Gobierno.
El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, exigió el reconocimiento del derecho de Canarias a participar en las decisiones del Estado en materia migratoria, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía, y reclamó que la Comisión Bilateral Canarias-Estado, prevista para la primera quincena de febrero, incluya este asunto en el orden del día. «Afrontamos la insolidaridad» del resto de comunidades al asumir en solitario la tutela de los menores no acompañados» mientras que, con carácter general, la Administración del Estado sigue instalada en la improvisación, como ahora se ha puesto de manifiesto en las naves de Lanzarote y Fuerteventura, apuntó Campos.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, ha solicitado al Gobierno de Canarias explicaciones por «recortar» fondos de dependencia para destinarlo a los dispositivos de emergencias para la atención integral de los menores extranjeros no acompañados bajo su tutela legal. En concreto, Navarro ha criticado que el Ejecutivo canario «elija recortar, precisamente, los fondos dedicados a aumentar el número de plazas residenciales» para los mayores «con el fin de cumplir con su obligación de atender a los menores extranjeros no acompañados que han llegado al archipiélago». Si bien matizó que el PP comparte la decisión del Gobierno canario «de cumplir de la mejor manera posible sus obligaciones de atender dignamente a las personas menores de edad que llegan a las Islas como consecuencia de la mayor crisis migratoria» de los últimos años.
