Coalición Canaria-PNC propuso ayer que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma firmen un convenio por importe de 52 millones de euros para completar las ayudas estatales y «abonar el cien por cien del valor real de las 573 viviendas de uso habitual, en primer término», arrasadas por la erupción volcánica.

Los nacionalistas expusieron en rueda de prensa, con la intervención del secretario general nacional y senador, Fernando Clavijo, junto a la portavoz en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, la secretaria general insular y diputada autonómica, Nieves Lady Barreto, y el alcalde de El Paso y diputado, Sergio Rodríguez, la necesidad de que las administraciones «actúen con celeridad» en la reconstrucción de la Isla y de «cara y de la mano de los palmeros y palmeras».

Fernando Clavijo urgió al Estado y al Gobierno de Canarias a confirmar el «compromiso claro y duradero con esta Isla. Necesitamos que pasen de las ruedas de prensa a la acción para que la isla de La Palma se pueda reconstruir entera, no solo los municipios del Valle de Aridane, y para que los ciudadanos obtengan lo que el volcán les ha quitado». En este contexto, apuntó que «nadie sabe cómo se han valorado sus propiedades, sus fincas o cuál es el daño total y ya han pasado más de 4 meses desde la erupción y un mes desde que se dio por extinguido, y el Gobierno canario sigue sin dar una respuesta que permita a los afectados tener tranquilidad, confianza y saber a lo que se enfrentan y si podrán recuperar, tal y como hemos defendido, el valor real de lo que han perdido».

La portavoz de CC-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, advirtió que «la reconstrucción de La Palma no se tiene que hacer desde fuera», sino salir «de las instituciones de aquí y con los ciudadanos y ciudadanas de aquí». En este sentido, señaló que «vengo para ver cómo están las cosas y para escuchar qué necesitan los palmeros y palmeras».

Por su parte, la secretaria general de CC-PNC y diputada autonómica, Nieves Lady Barreto, mostró su preocupación ante «los retrasos en la tramitación de las ayudas», porque entiende que «no hay agilidad y algo que para nosotros es prioritario: escuchar a los afectados», ya que a su juicio «se está dejando a la gente atrás cuando lo que deberían hacer las administraciones es poner por delante a las personas que han vivido en primera persona la erupción volcánica y sus consecuencias».