Luz Alicia Casañas, jueza del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, cita a declarar el 31 de mayo a Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, para indagar la vinculación entre la empresa de catering de la Cámara y unas obras en la vivienda del presidente en La Laguna. La magistrada abre investigación a la segunda autoridad política del Archipiélago tras admitir una denuncia de Alfredo Gómez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna.
En su querella, Alfredo Gómez asegura que Gustavo Matos encargó presuntamente los trabajos de su casa, consistentes en la construcción de un ático en la azotea, a la misma empresa, Devicserver, «adjudicataria de los contratos de catering» de la institución que preside, el Parlamento de Canarias, «desde el segundo semestre de 2019 hasta la actualidad». El concejal lagunero asegura en la denuncia, tal y como recoge la jueza en el auto de citación judicial, que los contratos a Devicserver empezaron con el nombramiento de Gustavo Matos como presidente del Gobierno de Canarias. Son unos hechos que Matos negó anoche de forma rotunda en un comunicado.
Gómez considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas–, malversación de caudales públicos –administración desleal de recursos públicos–, gestión interesada –autoridad o funcionario que se vale de sus funciones por un interés particular– y cohecho –soborno–.
La segunda autoridad canaria declara el 31 de mayo en el juzgado de Santa Cruz
Gustavo Matos realizó en enero del año pasado una obra en su vivienda de la avenida Los Menceyes sin autorización de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna. En concreto, levantó un cerramiento metálico con cristaleras de 13 metros cuadrados en la azotea de su casa, a modo de ático, sin presentar la correspondiente licencia o comunicación previa al Ayuntamiento, tal y como marca la ley. El presidente de la Cámara canaria admitió que no había pedido autorización, asumió el fallo y catalogó la estructura metálica de «pérgola».
El presidente del Parlamento de Canarias asegura que las acusaciones de Gómez son «absoluta y radicalmente falsas», y están hechas con «temerario desprecio de la verdad». Gustavo Matos, que señala no haber recibido el auto de su citación judicial –«desconozco el contenido exacto y alcance del mismo»–, aclara que dichas obras fueron «ejecutada por una empresa ajena absolutamente a la actvidad contractual del Parlamento de Canarias, como ya tengo acreditado y que se aportará en el momento correspondiente». «Al respecto, obran en mi poder las facturas correspondientes y los pagos realizados mediante transferencias bancarias que acreditan, sin ningún género de dudas, la veracidad de lo afirmado y lo infundado de la acusación realizada por el citado concejal», detalla Matos.
El presidente de la Cámara canaria expone que los servicios contratados a la empresa de catering a la que se refiere el querellante –Devicserver– ascendieron a 2.807 euros. La última contratación fue el 13 de febrero de 2020, «tal como han certficado los servicios de la Cámara». «Esto indica por sí solo lo insustancial de la acusación, siendo que el Parlamento ha contratado durante esta legislatura servicios de catering con, al menos, cinco empresas diferentes, sin que ninguna de ellas haya tenido la menor relación con la instalación de la estructura en mi vivienda particular», agrega Matos en el comunicado.
Alfredo Gómez, que abandonó Ciudadanos en octubre pero sigue como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de La Laguna, incluyó estas presuntas irregularidades en la querella que motivó la apertura de una investigación judicial por el caso Laycas. El miércoles, María Celia Blanco, jueza del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, citó a declarar al alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, y a cuatro miembros de su Gobierno: Yaiza López, concejala de Cultura y pareja del alcalde; Alejandro Marrero, edil de Hacienda y Seguridad; Carla Cabrera, responsable de Mercados; y Badel Albelo, concejal de Fiestas. Indaga una presunta trama de adjudicación de contratos menores con dinero público a familiares y amigos de los responsables municipales investigados, que tendrán que declarar en el Palacio de Justicia de La Laguna entre el 6 y el 8 de abril.
Matos admite que la Cámara contrató a Devicserver por 2.800 euros pero no trabajó en su casa
Entre las empresas denunciadas en el caso Laycas por presuntos favores de los compañeros socialistas de Matos en el Ayuntamiento de La Laguna se encuentra precisamente Devicserver, la misma a la que según la querella de Alfredo Gómez se habrían encargado las obras en la azotea de la casa del presidente del Parlamento, extremo que Matos desmiente.
En el caso Laycas, Gómez indica que Devicserver pertenece a dos amigos del alcalde y su pareja, la concejal de Cultura. Desiré Trujillo y su marido Víctor Ventura tendrían además otras dos empresas contratadas por el Ayuntamiento de La Laguna, Catering Mi Favorita y Venclean. Todas ellas cobraron, siempre según la querella de Alfredo Gómez que ha abierto estos procedimientos judiciales, 142.542 euros por 42 contratos menores para el suministro de mascarillas, agua, catering, desinfección y aparatos de control de temperatura.
Pero, además, el concejal lagunero indica que Devicserver, creada en marzo de 2020 para «provisión de comidas preparadas», también fue «la encargada de la reforma de la vivienda del alcalde», en la que la Concejalía de Urbanismo ha observado ilegalidades subsanables.
Es la misma empresa que aparece en la factura que entregó Gustavo Matos a la Gerencia de Urbanismo de La Laguna cuando el departamento del Ayuntamiento lagunero abrió un expediente sobre las obras en su vivienda sin autorización, tal y como expone Alfredo Gómez en su querella. Y la misma a la que adjudicaría el catering de la sede del Parlamento de Canarias, en la calle Teobaldo Power de Santa Cruz de Tenerife.
En el auto del 26 de enero en el que la jueza María Celia Blanco, del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, abre las diligencias del caso Laycas, excluye de la querella al presidente del Parlamento de Canarias «por falta de competencia territorial». El expediente Matos se desgaja del Laycas y pasa a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, municipio que acoge la sede parlamentaria.
Se designa al Juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz. Su titular, la jueza María Celia Blanco, es la que ahora ha citado a declarar a Gustavo Matos por las supuestas irregularidades de los trabajos en su vivienda. La magistrada también ha pedido que declaren como testigos el mismo día que lo hará el presidente del Parlamento canario, el 31 de mayo, Desiré Trujillo y Víctor Ventura, los responsables de la empresa.
Gustavo Matos considera que la querella está basada en «falsedades» y supone «un evidente intento de ataque a mi honorabilidad y a mi imagen que, tras años de dedicación a la actividad pública, es intachable». Anuncia que solicitará comparecer ante el Juzgado «voluntariamente y a la mayor brevedad posible» para presentar la documentación «de la que se desprende la falsedad de la acusación realizada por el concejal».
