Una veintena de personas trabajan en las delegaciones del Gobierno de Canarias en el exterior y realizan una labor discreta pero fundamental para completar el encaje de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea y afrontar los retos de una realidad cambiante en el continente, como evidenció el Brexit y ahora la guerra en Ucrania. En la oficina de Bruselas se han cocinado muchos de los acuerdos para la integración del Archipiélago en las políticas comunitarias, incluido el paso del Protocolo 2 al Poseican, y también juega ahora un papel relevante en el desarrollo de los nueva estrategia de la Comisión Europea para las RUP, según explica su actual director, José Sánchez Ruano.
La Delegación en Bruselas se creó en enero de 1987, justo un año después de la entrada oficial de España en la Unión Europea. Su primer responsable, José Miguel Luengo, recuerda que el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, le propuso ir a la capital belga a encargarse de los trámites y allá se fue a buscar un local en alquiler y una vivienda para él y su familia. La primera embajada isleña estuvo en un pequeño local, con solo dos personas, el propio director y una secretaria.
En aquellos primeros años de andadura de España en la UE solo había tres comunidades autónomas con representación en Bruselas: Cataluña, País Vasco y Canarias. Después, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció el derecho del Gobierno vasco a abrir una oficina de intereses al tener competencias sobre cuestiones europeas, hubo un desembarco del resto de las regiones y de numerosas organizaciones sectoriales o lobbies, entre ellos las asociaciones agrícolas e industriales de las islas, con gran protagonismo de los plataneros en las negociaciones de las singularidades canarias en Europa.
Las 17 comunidades autónomas españolas tienen ahora delegación propia en la UE, al igual que otro medio centenar de regiones de otros países, pero a los representantes canarios no les gusta que se le denomine como embajada, un término que ha adquirido tintes negativos tras los conflictos entre el Estado y los independentistas catalanes.
La primera etapa José Miguel Luengo como delegado concluyó en febrero de 1989 y fue sustituido Sánchez Ruano, que permaneció casi tres años y fue testigo en primera fila de las negociaciones para el cambio de modelo hacia la integración plena de Canarias. Después tomó el relevo Pedro Elejabeitia, que dirigió la oficina entre 1991 y 1996.
A propuesta de Manuel Hermoso, Luengo volvió a hacerse cargo de la delegación y estuvo otros 22 años al frente de ella, hasta octubre de 2019, en que se repitió la historia y fue relevado por Sánchez Ruano, que suma tres años en su segunda periodo. «He vuelto 30 años después y las diferencias son abismales; he tenido la suerte de vivir dos etapas y la primera no tenía nada que ver con la de ahora; todo está más organizado y sistematizado, hay más información», comenta.
Colaboración
Sánchez Ruano resalta entre esas «grandes diferencias» que en las negociaciones de 1990 no había teléfonos móviles, ni internet, por lo que se trabajaba con fax y fotocopias de documentos. Además, en aquella época solo había delegaciones de tres comunidades españolas y estaba todo por descubrir, mientras que ahora están representadas las 17 regiones y hay una estrecha colaboración entre todas ellas, así como con la Representación Permanente de España en la UE, la Reper.
El gran salto se produjo en 2003, cuando el Gobierno de Canarias decidió tener una sede propia y compró la oficina de la Avenida Livingstone. De unas dependencias modestas y alquiladas a un alto precio se pasó a un local en propiedad de 600 metros cuadrados, divididos en dos plantas y con la puerta de entrada en la esquina de dos calles muy transitadas.
La delegación canaria está situada en pleno barrio comunitario, por lo que todos los dirigentes y funcionarios de la UE saben donde está. Actualmente trabajan allí nueve personas, entre técnicos, administrativos y becarios, pero han llegado a juntarse hasta una docena de empleados.
Además, según Luengo, fue una operación inmobiliaria muy rentable, pues se compró el metro cuadrado a 2.000 euros y ahora el valor, si se fuera a vender, sería más del doble. Solo Galicia y el País Vasco tiene oficinas en propiedad, el resto las tiene alquiladas o utilizan dependencias en el edificio que alberga a la Reper.
Cuando ya se han cumplido 35 años de su apertura, tanto Luengo como Sánchez Ruano sostienen que esa delegación en Bruselas fue «fundamental» en las negociaciones para las normativas específicas de las regiones ultraperiféricas y también lo es ahora por los retos recogidos en la nueva estrategia.
Las condiciones de las Islas dentro de las RUP, relatan, ha sido el asunto principal de la delegación en los últimos años, junto al resto de temas de lo que se conoce en el argot comunitario como «la agenda canaria», como el reparto de los fondos europeos, las peculiaridades fiscales del Archipiélago o las migraciones irregulares, aparte del seguimiento a todos los expedientes que afectan a España o la elaboración de propuestas junto a las demás comunidades autónomas y la Reper. Además, añade Sánchez Ruano, «hay que estar al día en todo lo que va ocurriendo en el Consejo de Ministros Europeo y en el Parlamento de Estrasburgo.
Desde la oficina de Bruselas también se coordina a las asociaciones sectoriales que tienen algún problema con las normativas comunitarias y a los lobbies canarios, aunque estos últimos, por su propia definición, son discretos. Estos grupos de presión, de frente o de forma más silenciosa, han tenido gran actividad en distintas fases de las negociaciones del encaje de Canarias en la UE.
Lobbies
El caso más conocido es el de los productores de plátanos, un lobby permanente en la capital belga para proteger las exportaciones de esa fruta frente a las bananas de países terceros que no pertenecen a la UE. Por ejemplo, en lo más enconado de esa negociación con países exportadores de Sudamérica, como Costa Rica o Colombia, el lobby platanero canario contrató a un periodista isleño para que siguiera por todo el mundo a los presidentes Felipe González y José María Aznar con el fin de preguntarles delante de otros mandatarios por la situación de las negociaciones sobre la organización común del mercado de esa fruta. Sin llegar a esos extremos, en la década de 1990 también hubo potentes lobbies canarios del tomate, de la pesca o de la industria.
Estos grupos de presión al margen de los gobiernos no solo son habituales en Bruselas, sino que están reconocidos por las autoridades comunitarias y existe un registro de lobbies en la Dirección General de Transparencia. Actualmente hay una decena de organizaciones o empresas canarias inscritas en ese registro, aunque todas operan de forma permanente.
De hecho, se da el caso de que uno de los técnicos del Gobierno de Canarias que trabaja actualmente en la Delegación de Bruselas fue representante en su día de uno de esos grupos de presión del sector agrícola.
Sánchez Ruano niega de forma tajante que la actividad actual de la oficina sea menor que la de aquella década frenética de 1990, cuando se renegoció el estatus de Canarias para abandonar el Protocolo 2. «Ahora el modelo está hecho y el trabajo es de continuidad, de ver nuevas políticas», precisa el actual director, quien subraya que la Comisión Europea, antes de la epidemia de Covid-19, ya había puesto dos grandes pilares para el futuro de la UE: el pacto verde y el pacto digital.
«Toda la actividad de la Unión tiene esos dos pilares de manera esencial; por ejemplo, el verano pasado se puso en marcha el objetivo 55, que son 14 disposiciones legislativas importantísimas y se están vigilando al máximo para que Canarias quede bien, porque los temas de medio ambiente son vitales para las Islas», apunta Sánchez Ruano.
«No es cierto -replica- que en años 90 hubo más actividad de ahora; hace un año, con el fondo de recuperación, estuvimos cinco días sin apenas dormir». Ahora, con el éxodo por la guerra de Ucrania, las políticas de inmigración vuelven a ponerse sobre la mesa y la delegación en Bruselas sigue siendo «vital» para hacer un seguimiento de esos temas. «Si no existiera, habría que inventarla», recalca.
Respecto a la nueva estrategia sobre las regiones ultraperiféricas, opina que es «muy interesante» porque tiene en cuenta el impacto de coronavirus y las nuevas prioridades del pacto verde y el digital. Además, tiene como novedades que marca deberes a los estados de las RUP para que no sea Bruselas la que haga todo el trabajo y pone lo humano en primer lugar, a las personas como un pilar conductor de las actuaciones comunitarias.
Según los cálculos de la delegación, las islas recibirán más fondos en esta estrategia de 2021-2027 que en la anterior de 2014-2021, aunque queda la incógnita de cómo afectará la salida del Reino Unido a ese reparto de fondos. «Esta estrategia hay que ponerla ahora en marcha, así que tenemos trabajo para los próximos meses y años, tarea no nos va a faltar», asegura Sánchez Ruano.
Presidentes
Su antecesor en el cargo también resalta que las negociaciones sobre las RUP siempre han estado en el centro de la actividad de la delegación, organizando las actuaciones del Gobierno de Canarias y también prestando asesoramiento a los sectores afectados. Luengo asegura que todos los presidentes canarios de sus dos etapas se tomaron «muy en serio» la labor de la oficina de Bruselas y por allí también pasaron consejeros autonómicos, altos cargos, así como representantes de cámaras de comercio, empresas, sindicatos o universidades.
«Nos convertimos en el centro de las negociaciones sobre las regiones ultraperiféricas, con diez personas especializadas en todas las áreas», recuerda Luengo, quien afirma que «en la época de la consolidación de las RUP hubo mucho trabajo, pero se hizo una labor estupenda».
La otra embajada canaria, la de Madrid, ha tenido un menor peso en las relaciones con la Unión Europea para perfilar el estatus de las RUP, pero también se utilizó de punto de encuentro de los representantes del Gobierno de Canarias y de los grupos políticos que estaban negociando con el Estado y los Comisión Europea, según rememora Fernando Ríos, quien dirigió la delegación entre los años 2003 y 2007.
Situada en la calle de Fernanflor número 8, detrás del Congreso de los Diputados, la oficina se creó en el año 1987. Actualmente esta dirigida por Dolores Padrón y trabajan allí nueve personas, ocho de ellas de diferentes consejerías del Gobierno regional.
Más de 35 años de presencia directa en el corazón de la UE
La aventura de la Comunidad Autónoma de Canarias en Bruselas comenzó en enero de 1987 en un local de 80 metros cuadrados en la Rue de l’Industrie. La Delegación ante la UE se limitaba al director, José Miguel Luengo, y a una secretaria. La embajada de las Islas en la capital comunitaria fue la tercera de una región española, después de la de Cataluña y el País Vasco. La sede se trasladó a principios de la década de 1990 a otra oficina alquilada en la Plaza de Luxemburgo, ya con media docena de empleados. Después se buscó un local más amplio en la Avenue de la Toison d’Or, cerca de la Avenue Louise, una de las principales arterias de Bruselas, que ya disponía de un pequeño salón de actos. El gran salto llegó en 2002, cuando el entonces vicepresidente y consejero de Hacienda, Adán Martín, decidió tener una sede en propiedad y se compró una oficina de 600 metros cuadrados en la Avenue Livingstone, número 21, en el barrio donde se encuentran la mayoría de las dependencias de la Comisión Europea. El propio Adán Martín la inauguró, ya como presidente del Gobierno autonómico, en octubre de 2003. Actualmente trabajan allí nueve personas.
