La Comunidad Autónoma quiere estabilizar a un tercio de su plantilla mediante las ofertas de estabilización que tendrán que finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. El Gobierno regional ha identificado hasta ahora a 22.368 empleados públicos en abuso de temporalidad de los diferentes ámbitos de la Administración, la gran mayoría de ellos con más de cinco años de antigüedad en sus puestos de trabajo, por lo que podrán consolidar los mismos mediante un concurso de méritos excepcional previsto en la ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público.
El Ejecutivo busca la máxima seguridad jurídica pero admite que habrá conflictividad judicial
El Consejo de Gobierno aprobó este viernes los dos decretos de convocatoria de las 3.496 plazas que corresponden a los identificados en el ámbito de la Administración General. El primero de los decretos incluye la oferta extraordinaria de estabilización de las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, y que supone un total de 255 plazas, de las que 99 corresponden al personal funcionario y 156 al personal laboral. El segundo decreto está dirigido al empleo temporal de larga duración, es decir, a las plazas ocupadas antes del 1 de enero de 2016, y está integrada por un total de 3.241 plazas, de las que 93 corresponden al personal funcionario y 3.148 a grupos y categorías profesionales de personal laboral.
Junto al personal de la Administración General también se ofertan en diferentes convocatorias 5.722 plazas en Educación, 12.146 en Sanidad, unas 400 en la Administración de Justicia y unas 500 en el sector público de empresas, fundaciones y entidades dependientes de la Comunidad Autónoma.
El portavoz del Gobierno y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, señaló que el Gobierno busca la "máxima seguridad jurídica" en un proceso que es "complejo" porque hay que llegar a un consenso entre todas las administraciones y los sindicatos y con el riesgo de que haya impugnaciones judiciales dado que es un procedimiento "excepcional y de una sola vez" y puede haber gente que crea que se dan "facilidades" y otros que faltan plazas. Con todo, comentó que quieren llevar "al máximo" las posibilidades que permite la ley, con el diseño de dos grupos, los que llevan más de cinco años como interinos, que afrontarán una fase de concurso de méritos -sin examen de contenidos- donde se analizará la antigüedad, experiencia y adaptación al puesto y el resto con concurso-oposición pero sin carácter eliminatorio.
Pérez reconoció la probabilidad de que haya recursos y conflictos judiciales y ya el Ejecutivo tiene uno sobre la mesa tras la demanda presentada esta semana contra la Comunidad Autónoma por parte del comité de huelga que mantiene el conflicto laboral de los interinos de la Administración General. El portavoz del Ejecutivo afirmó que el informe realizado por los servicios jurídicos avala que la Dirección General de Función Pública ha cumplido con el acuerdo firmado en abril de 2021 con los huelguistas y la imposibilidad legal de que haya una conversión “automática” de los interinos en fijos. “Si hay errores en la identificación de las plazas se corregirán pero la ley es mejor que el acuerdo y nos da un marco legal para solucionar este problema de la mejor manera posible para que se mantenga la gran mayoría de los afectados por abuso de temporalidad”, añadió Pérez.
Julio Pérez advierte que no es legal ni la conversión automática ni el concurso restringido
El titular de Función Pública admitió que el debate interno entre la Administración y los sindicatos no ha estado exento de discrepancias y de posicionamientos contrarios por parte de las organizaciones sindicales pero, sin embargo, considera que se ha alcanzando un consenso básico sobre la identificación de las plazas a convocar. Asimismo ve complicado evitar que se produzcan trasvases de empleados entre administraciones porque no es posible legalmente que los procesos sean restringidos. “No se puede hacer un concurso de méritos o un concurso oposición a la medida, habrá que ir gestionando este tema a través de negociación de las bases, que tendrán que definirse antes del 31 de diciembre de este año”, agregó.
En relación con la protesta de varios empleados de la Administración de Justicia por no verse reflejados en las plazas a estabilizar, Julio Pérez indicó que estas plazas estarán en el proceso correspondiente que convoque el Ministerio de Justicia.
Otros asuntos del Consejo
Educación infantil
14,2 millones
- El Consejo de Gobierno autorizó el gasto plurianual de la Consejería de Educación para financiar la convocatoria de subvenciones durante los ejercicios 2022 y 2023 destinadas al fomento de la escolarización temprana de niños y niñas en edades comprendidas de 0 a 3 años por importe de 11,3 millones de euros en los centros infantiles de titularidad municipal. Asimismo, el Ejecutivo autorizó un gasto plurianual de 2,9 millones con el fin de contratar a personal laboral temporal para la puesta en funcionamiento de nuevas plazas de primer ciclo de Educación Infantil.
Mantenimiento
Seguridad cibernética
- El Consejo de Gobierno ha autorizado la realización del gasto de 2.521.134 euros correspondiente a la contratación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de mantenimiento de los equipos Firewall corporativos, herramientas de seguridad cibernética que se utilizan para filtrar el tráfico en una red y cuya función es prevenir y proteger a ésta de intrusiones o ataques.
Subvención
Turno de oficio
- El Ejecutivo autorizó la realización de un gasto de 2.083.430,33 euros destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas para abonar las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita correspondiente al primer trimestre de 2022. La certificación de los tres primeros meses del año viene marcada por el número de asuntos (6.161), el importe acreditado en el Turno de Oficio (1.126.272,67 euros) y por las cifras en el Turno Especial de Extranjería (192.480,66 euros) con 3.996 personas atendidas.
Proexca
Relaciones con África
- La Dirección General de Asuntos Económicos con África (DGAEA) cuenta con una nueva línea de actuación en su labor de afianzamiento de las relaciones económicas con países del entorno más inmediato al Archipiélago como es la denominada Proexca: Internacionalización Mercados África, dotada con 30.000 euros. El Consejo de Gobierno acordó aprobar una ampliación de crédito para que la DGAEA pueda destinar ese importe de sus recursos a contratar a la empresa pública Proexca para impulsar el eje 1 de la recién presentada Estrategia Canarias-África 2022-2024.
