Un tercio de los ayuntamientos canarios y el Cabildo de Lanzarote han puesto ya las evaluaciones ambientales de sus planes urbanísticos y proyectos estratégicos en manos de la Comunidad Autónoma por la falta de medios para realizar este trámite imprescindible para sacar adelante el desarrollo territorial, económico y social de municipios e islas. Las corporaciones que han aprobado delegar en el Gobierno regional los planes medioambientales no solo son municipios pequeños y con escasos recursos como podría pensarse, sino que también en la relación se encuentran ayuntamientos capitalinos como Santa Cruz de Tenerife; municipios importantes y con peso poblacional como La Laguna, Telde y Santa Lucía, o municipios clave desde el punto de vista turístico como San Bartolomé de Tirajana, Arona y La Oliva.
La Ley del Suelo de 2017 tenía el objetivo de fortalecer el papel de las corporaciones locales en el desarrollo de sus planes generales y urbanísticos y puso fin a la Cotmac ( Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias), órgano colegiado que dio muchos quebraderos de cabeza al urbanismo en Canarias por su lentitud y excesiva burocratización. Los ayuntamientos asumían la mayor parte de responsabilidad en la aprobación del planeamiento, incluida la declaración de impacto ambiental de los desarrollos del suelo. Para ello cada ayuntamiento y cabildo tenía que crear su propia comisión para esta evaluación, requisito necesario con la legislación española y europea. Sin embargo, muchas corporaciones se han visto sin capacidad económica y material para crear estos nuevos órganos y por eso la ley abría la puerta a que se delegara la evaluación en la Comunidad Autónoma mediante convenios.
Con la llegada del actual pacto de gobierno en 2019 se introdujo en 2020 una modificación en la ley para eliminar el corsé que significaban los convenios y se facultó a delegar la evaluación ambiental solamente a través de la aprobación por parte del pleno de la corporación interesada en traspasar las competencias y la aceptación del Ejecutivo en el Consejo de Gobierno. Dos años después de que la Comunidad Autónoma despejara el camino 24 ayuntamientos y un cabildo han delegado en la Consejería de Política Territorial y en su comisión autonómica la evaluación ambiental de su planeamiento y de sus proyectos.
Llama la atención la decisión del Cabildo de Lanzarote, liderado actualmente por el PSOE, de realizar esta delegación cuando el resto de los cabildos han creado sus propios órganos. La Corporación lanzaroteña ha alegado «la carencia de recursos personales y materiales con que dotar el órgano ambiental insular», además de considerar «muy complicado» que este órgano se conformase «en esta isla». Lanzarote tiene un retraso crónico en su planeamiento insular, de hecho el Plan Insular de Ordenación es prioritario ya que el último documento de impacto ambiental data del año 1991. En lo que va de mandato en materia de planeamiento solo ha salido a exposición pública el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Archipiélago Chinijo, que ha sacado de forma directa la Consejería de Transición Ecológica.
En relación con los ayuntamientos, hasta el momento los plenos de 24 municipios han cedido sus competencias en la Comunidad Autónoma. En el caso de la provincia de Las Palmas son los municipios de San Bartolomé de Tirajana, San Bartolomé de Lanzarote, Valleseco, La Oliva, Ingenio, Arrecife, Tuineje, Tinajo, Telde y Santa Lucía. Por la provincia tinerfeña los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y su Gerencia de Urbanismo, Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Güímar, Alajeró, Vallehermoso, La Orotava, Arona, Buenavista del Norte, El Sauzal, Garachico, Candelaria y Santiago del Teide. El listado es hasta finales de julio y en las próximas semanas y meses se prevé que más corporaciones locales vayan delegando las competencias urbanísticas en la Comunidad Autónoma.
Hasta el momento es variada la tipología de municipios que han cedido sus competencias en el órgano autonómico, algunos de ellos con importantes demoras en el desarrollo de sus planes generales y urbanísticos. El departamento de Planificación Territorial tendrá que dirimir sobre el planeamiento, planes parciales y proyectos de municipios turísticos, rurales o densamente poblados, aunque después serán las corporaciones las que aprobarán los planes de forma definitiva como establece la Ley del Suelo.
Si se producen discrepancias sobre el contenido de la declaración ambiental estratégica entre el ayuntamiento que haya delegado las competencias y el Ejecutivo, el ayuntamiento traslada al órgano ambiental un escrito donde fundamente los motivos de la discrepancia. El órgano ambiental se tiene que pronunciar en 30 días y si no lo hace se entiende que se mantiene en su posición discrepante. En este caso, el ayuntamiento eleva el expediente al Gobierno de Canarias (cuando el órgano ambiental es autonómico) o, en otro caso, al pleno del ayuntamiento. En el caso de que no se resolvieron las discrepancias habría que dar más plazo aunque, en cualquier caso, es el pleno municipal el que tiene la última palabra en la aprobación definitiva del plan o proyecto aún con las discrepancias que puedan surgir entre ambas administraciones.
